La alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau, ha afirmado esta mañana que el Gobierno está recibiendo "presiones de sectores inmobiliarios" para que no regule por ley la subida de los alquileres.

A pesar de estas supuestas presiones por parte del sector inmobiliario, la política catalana ha subrayado en una entrevista en Radio 4 que en el acuerdo de gobierno con Podemos "está escrito".

De hecho, Ada Colau ha explicado que las últimas la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño son fruto de estas "presiones". La vicepresidenta tercera cuestionó recientemente el éxito de la regulación del precio del alquiler de vivienda que están haciendo algunas ciudades europeas y abogaba por aumentar la oferta.

"Sé que el Gobierno no lo tendrá fácil", ha reconocido Ada Colau, que ha señalado que, aunque el inmobiliario "es un gran negocio, también estaremos nosotros (los comunes) para recordar el interés general y lo que quiere la ciudadanía", a su juicio, la regulación de los precios del alquiler.

En este sentido, ha explicado que en la reunión que mantendrá el próximo viernes con el presidente Pedro Sánchez le propondrá "que nos pongamos a trabajar para tener en pocos meses" regulado el precio del alquiler.

Los profesionales, preocupados

La federación inmobiliaria internacional (Fiabci) ha mostrado su "preocupación"por las medidas que incluye la Ley de la Vivienda convalidada por el Parlament de Cataluña el pasado 4 de febrero.

Fiabci considera que “las limitaciones en el precio del alquiler solo llevan a que el propietario se decida por no alquilar; y menos oferta siempre es mayor precio”. Por todo ello, la federación inmobiliaria califica de “preocupante” la medida gubernamental, que “tensionará aún más un mercado, el del alquiler, que ya se sitúa en máximos”.

El presidente de Fiabci España y Europa, Ramón Riera, espera que “esta ley acabe en los tribunales porque puede resultar muy perjudicial para todos, ya que el propietario de una vivienda quedará completamente desprotegido”.

En este sentido, Ramón Riera asegura que “este es un mensaje hostil al capital extranjero en la ciudad, una de las más atractivas de Europa para la inversión inmobiliaria”. Una pérdida de oportunidades “por medidas de control que atraerá el efecto contrario al previsto: habrá menos promociones y aumentará el precio de la vivienda libre por los esfuerzos que supondrá la promoción de VPO obligatoria por parte del promotor privado”.

Del mismo modo, el presidente de Asprima, Juan Antonio Gómez-Pintado, anunció la semana pasada que luchará para "tumbar" esta ley, la que calificó como "perniciosa e inconstitucional".