Las tasas Google y Tobin no cumplirán su objetivo recaudatorio y meterán a España en un lío con EEUU

La ministra de Hacienda ha cumplido su compromiso de acelerar los trámites para que los nuevos impuestos planteados en el acuerdo de Gobierno del PSOE con Unidas Podemos se activen cuanto antes. En el Consejo de Ministros de este martes se aprueban los anteproyectos de ley de las tasas Tobin y Google. Sin embargo, demasiadas esperanzas hay albergadas en estas figuras fiscales teniendo en cuenta que su recaudación será mucho menor de lo previsto, se activarán tarde y al menos una de ellas será fuente de problemas diplomáticos.

La mayor de las polémicas está en el lado de los ingresos vaticinados por ambos impuestos. Los de Pedro Sánchez, en sus estimaciones de ingresos, habitualmente han pronosticado que ambas figuras permitirían ingresar más de 2.000 millones de euros adicionales al año.

Sin embargo, todo tipo de instituciones, incluidos entes como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), han rebajado y mucho estas expectativas. De hecho, del Impuestos a las Transacciones Financieras, la tasa Tobin, el Ejecutivo espera sacar unos 850 millones, pero podrían quedarse en 420 millones, menos de la mitad. Algo parecido puede ocurrir con el tributo sobre Determinados Servicios Digitales, la tasa Google, que podría quedarse en unos escasos 546 millones frente a los 2.000 millones que espera Moncloa.

Por un lado, la tasa Tobin consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación o del lugar en el que se negocien.

Mientras, la tasa Google se formula a partir de un tipo del 3% a los ingresos generados por servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea como los que prestan las redes sociales y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. La formulación de ambos tributos será la misma que cuando el Consejo de Ministros les dio el visto bueno antes de las elecciones del 28 de abril de 2019.

El problema de la activación

A la reducción de las previsiones de ingresos de ambas figuras se suma un problema añadido: el retraso de su activación. Los dos impuestos se han de tramitar como anteproyectos de ley independientes a los Presupuestos Generales del Estado, y el plazo medio para sacar adelante este tipo de fórmulas legislativas es de, al menos, seis meses salvo un milagro político que no parece que se vaya a producir en el actual Congreso de los Diputados.

La recaudación se verá obligatoriamente afectada por esta situación. El que no vayan a entrar en vigor hasta, al menos, septiembre u octubre va a provocar que solo se pueda obligar a tributar a las empresas o entidades impactadas en el último cuatrimestre del año.

Cabe recordar, además, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha descartado que estas novedades fiscales, y también las que se incluyan en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, se apliquen de manera retroactiva.

Lío diplomático

Finalmente, está el lío diplomático en el que se puede meter España en el caso de la tasa Google. A pesar de que se está negociando una fórmula para gravar a las grandes tecnológicas en el seno de la OCDE, el Gobierno ha insistido en desarrollar su propio impuesto de manera unilateral, con el compromiso de adaptar el impuesto a la fiscalidad internacional cuando se acuerde.

Esto no ha gustado en Estados Unidos. Fuentes diplomáticas españolas admiten las numerosas y continuas presiones que han venido recibiendo de Washington para no activar un impuesto que el Gobierno de Donald Trump considera discriminatorio, puesto que la vasta mayoría de las empresas afectadas son de origen ‘yanqui’.

De hecho, Francia aprobó su propia tasa Google el año pasado, pero las amenazas estadounidenses de recrudecer la guerra comercial y aplicar a los productos del país vecino unos aranceles aduaneros del 100% provocó que Emmanuelle Macron decidiera suspender el impuesto a la espera de lo que se decida en la OCDE.

La esperanza en el seno de la organización internacional es que antes de que acabe el año se llegue a un acuerdo entre los países miembro para aplicar un mismo modelo fiscal sobre las grandes tecnológicas (compañías tipo Facebook, Google o Amazon) que les obligue a tributar por las actividades que tengan en un territorio, independientemente de su domicilio fiscal.

Sin embargo, ya es sabido que Washington se opone a esta formulación. Por esta razón, fuentes cercanas a la negociación avisan de que el acuerdo puede estar más lejos de lo que se pretende y desea, yéndose más allá de 2021.

Desorientación

La escasa previsibilidad sobre la aplicación de la tasa Google española (que está elaborada a imagen y semejanza del impuesto francés) está generando innumerables quebraderos de cabeza en el sector tecnológico, que no saben a qué previsiones agarrarse.

Todas estas incertidumbres provocan que las empresas de este ámbito se opongan a la puesta en marcha de este tributo, desde la ‘startup’ más pequeña a los gigantes digitales, sean nacionales y extranjeras.

En un intento de dar más seguridad a este sector, la vicepresidenta económica de España, Nadia Calviño, ha informado de que este tributo no se liquidará, es decir, no se cobrará hasta final de año. Pero no parece que esto vaya a disipar las dudas y polémicas que rodean a la tasa.

Por otro lado, en el Consejo de Ministros de este martes también se aprueba el anteproyecto de ley que recopila el conjunto de medidas contra el fraude fiscal que ya se habían comprometido con la Comisión Europea, con las que el Gobierno espera recopilar más de 800 millones adicionales al año.