De la misma manera que el coronavirus está siendo especialmente letal con determinados perfiles y franjas de edad, los daños colaterales de la pandemia están teniendo un impacto más profundo en algunos sectores económicos. El transporte público urbano es uno de los que vive una situación más compleja. Podría, incluso, calificarse como bipolar. 

Por un lado, está siendo señalado como uno de los puntos a evitar para reducir riesgos de contagio dentro de las medidas de confinamiento. A la vez, aún con las limitaciones impuestas, sigue teniendo que jugar un papel clave en la movilidad de las personas que residen en ciudades de cierto tamaño.

España, como la gran mayoría de países que ha optado por poner en marcha medidas de confinamiento para frenar el ritmo de contagios de Covid-19, ha limitado durante las últimas semanas el uso del transporte público. Las restricciones de movilidad impuestas a los ciudadanos han tenido como consecuencia que el número de usuarios de servicios de metro, Cercanías o autobús haya caído un 90% en comparación a los niveles normales. 

Durante estas semanas, el grueso de los servicios de transporte de las principales ciudades españolas han recortado el número de frecuencias pero, en todos los casos, de forma menos acentuada que la reducción de pasajeros que han vivido. Del mismo modo, estos servicios han tenido en cuenta a los colectivos que siguen teniendo que realizar su actividad, sobre todo el personal sanitario, para que estas limitaciones no afectaran a su jornada. 

Esta combinación de elementos ha provocado que las cuentas de las compañías de transporte estén sufriendo ya un importante impacto. Sus ingresos se han desplomado. En cambio, la reducción de sus costes ha sido mínima. Tomando como ejemplo el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, que agrupa a los principales servicios que dan servicio a 179 municipios, el impacto en sus cuentas podría llegar a 85 millones al mes. 

La nueva normalidad

Esta situación, lejos de mejorar una vez se levanten las medidas de confinamiento, puede llegar incluso a empeorar. Ahora que responsables políticos y sanitarios anuncian que hemos pasado el pico de contagios y que el sistema hospitalario comience a reducir sus niveles de colapso, los responsables de los servicios de transporte se enfrentan a la compleja tarea de preparar la desescalada. 

Un momento en el que van a confluir un paulatino aumento del número de usuarios y una limitación de las capacidades de los servicios de transporte. Aunque los detalles finales de cada servicio se irán puliendo a medida que se acerque la fecha en la que se levanten las restricciones de movilidad, existen ya una serie de medidas que se van a adoptar en el conjunto del transporte urbano. 

En este sentido, la experiencia asiática va a servir como referencia para dibujar la nueva normalidad de estos servicios. Aunque no todas las medidas que allí se están adoptando se van a poder importar. Y no se puede hablar de transporte y Asia y sin nombrar las mascarillas. Lo que hasta ahora parecía un complemento por el que sólo optaban determinadas nacionalidades a la hora de viajar, va a formar parte del día a día de los ciudadanos.

En el momento en que su suministro esté garantizado para toda la población, será obligatorio utilizarlas mientras se viaja en transporte público. Y es que, en estos momentos, las cambiantes recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ya señalan a las mascarillas como un elemento fundamental de protección en aquellos lugares cerrados donde no se pueda asegurar que las personas puedan mantenerse alejadas unas de otras.  

Separación de un metro entre usuarios

Al margen de las mascarillas, la principal limitación que va a marcar la nueva era del transporte público será la distancia entre usuarios. En un primero momento, los servicios adaptarán sus capacidades para que los usuarios puedan tener un metro de separación entre ellos. Pero esta medida sólo será temporal si no se quiere poner en riesgo la sostenibilidad económica de las empresas que provén ese servicio.

Con estas limitaciones, la capacidad de los vagones de Metro o los autobuses queda reducida a por debajo del 30%. Con la totalidad de la flota de vehículos circulando, el sistema no va a ser capaz de transportar a más de un tercio de los usuarios que podría acoger si se pretende que se respeten las distancias aconsejadas. Una circunstancia que lleva asociado un daño colateral casi letal:  se esfuman más de dos tercios de los ingresos.

Responsables de distintos servicios de transporte de la Comunidad de Madrid, País Vasco, Valencia o Canarias consultados por este diario han indicado que, con esos niveles de caída de venta de billetes y abonos, las cuentas de sus compañías no van a poder cubrir gastos. 

Distintos trasportes, mismos problemas

Ese descuadre es el denominador común que comparten los distintos modos de transporte público de todo el país. La Unión Internacional del Transporte Público (UITP), asociación que está actuando como faro de un buen número de compañías de transporte en estos días, realizó un encuentro digital en el que se pusieron sobre la mesa los retos a los que se enfrentan distintos organismos de transporte.

En opinión de Josep Enric García, director gerente del servicio de autobuses EMT de Valencia las limitaciones de capacidad van a marcar los próximos meses. "Tenemos diferentes horizontes. Los más negativos, que señalan servicios al 30%, no nos permiten atender a toda la demanda que calculamos podemos tener". Una visión compartida por Andrés Muñoz, CEO de Tranvía de Tenerife. "Un metro de distancia entre pasajeros supone reducir un tercio nuestra capacidad de transporte de pasajeros". 

Susana Palomino, Jefa de Marketing y Comunicación, Metro de Bilbao cree que es clave trasladar la idea de "viaje de confianza sanitaria" para que los usuarios pierdan el miedo. "Estamos redoblando los esfuerzos en limpieza pero los recursos son limitados. Establecer un control de acceso nos costaría 1 millón de euros al mes".

Problemas muy similares a los que prevé Ángel Garrido, consejero de transportes de la Comunidad de Madrid. "Vamos a pasar de 5,5 millones de viajes diarios de media que se realizaban antes de la crisis, solo se podrían mantener a 1,5. Donde antes cabían cuatro pasajeros por metro cuadrado y ahora solo pueden ir uno". Una limitación para la que ve clave que se extienda el teletrabajo en todas las empresas que sea posible para que no se saturen las distintas modalidades de transporte público.

Aumento de costes

Además de transportar menos pasajeros, los costes de estas empresas van a crecer. Todos ellas van a tener que contar con la totalidad de sus flotas operativas el máximo tiempo posible. Aunque se intenten limitar extendiendo las horas de entrada y salida del trabajo, los picos de demanda van a seguir existiendo. Una circunstancia que va a llevar al máximo las partidas de personal y mantenimiento. Además, la nueva situación va a provocar que los servicios de limpieza se tengan que redoblar, aumentando la inversión necesaria para ello.

A estas cambios, aún se añadirán otros. Las compañías ya trabajan para que andenes y paradas cuenten con dispensadores de geles desinfectantes. Del mismo modo, el nuevo contexto sanitario va a acelerar la apuesta de los pagos contactless. El objetivo es que el dinero en metálico desaparezca lo antes posible de los puestos de compra de billetes. 

Existe otro grupo de medidas más avanzadas que podrían ayudar a limitar riesgos y mejorar las capacidades de los servicios de transporte, pero su implementación es inviable a corto plazo. Los servicios asiáticos, por ejemplo, cuentan con personal dedicado a la medición de temperatura a la entrada de las estaciones desde antes de esta crisis. 

No hay que olvidar que los países que mejor han sabido plantar cara al coronavirus, entre los que destaca Corea, lo han hecho basándose en la experiencia y los protocolos que pusieron en marcha tras sufrir la crisis del SARS. En el contexto actual resulta imposible que veamos ese tipo de mediciones en el transporte urbano español. Al margen de no contar con los medios técnicos necesarios, la legislación actual limita las capacidades por las que las empresas de transporte pueden decidir quién viaja y quién no.

En primer lugar habría que modificar la reglamentación para que incluyera los síntomas con los que una persona no puede usar el transporte público. Una vez realizado esto habría que dotar a estas empresas de equipamientos y personal dedicados sólo a esta tarea. Una medida imposible de articular a corto plazo en un contexto en el que los costes de las empresas de transporte ya están al máximo y los ingresos han menguado dramáticamente. 

Otra opción para implementar esta medida es que fuera la policía quien se encargara de estas tareas. El número de efectivos que habría que utilizar a durante todo el tiempo que el servicio de transporte está abierto hace imposible esta opción. Pero es que, además, si hablamos solo del coronavirus, las autoridades sanitarias ya han detallado que los infectados por el Covid-19 sin ningún tipo de síntoma pueden contagiar. Por lo que realizar este tremendo esfuerzo tendría un impacto mínimo.

Limitar el acceso de perfiles de riesgo

En el campo de las limitaciones, además de la sintomatología, se valoran otras cuestiones. Por un lado estaría la posibilidad de restringir el acceso al transporte público de personas que tanto por su edad como por ser perfiles de riesgo formen parte del colectivo sobre el que el virus es más letal. Aquí la falta de capacidad para controlar su acceso sería tan grande o más que en el caso de las mediciones de temperatura por lo que las recomendaciones se limitarán a que utilicen el transporte en horas de menor afluencia.

Sólo la puesta en marcha de una aplicación asociada a los móviles que fuera la encargada de otorgar o quitar permisos a los ciudadanos para usar o no el transporte público en función de todas las casuísticas detalladas con anterioridad podría funcionar como criba previa para realizar este control. Permitiría identificar a los usuarios más vulnerables y tendría capacidad para trazar los contactos de los usuarios con otros ciudadanos que estuvieran infectados.

Un desarrollo que en la teoría muchas voces indican como factible pero que, otra vez a diferencia de los países asiáticos, la regulación española limitaría muchísimo al entrar en conflicto con la protección de datos. Un mecanismo que, en definitiva, no correspondería a las empresas de transporte poner en marcha por lo que, en este momento, no pueden contar con ello.

En este contexto, las próximas semanas serán claves para definir las guías maestras de la nueva normalidad de la movilidad de los usuarios. Esta nueva etapa contará en los próximos meses con un aumento gradual del uso del transporte público desde los niveles actuales. La velocidad a la que los sistemas de salud sean capaces de controlar la pandemia marcará el ritmo al que las cuentas de estas compañías se irán resintiendo. El nivel de éxito que se tenga en el control sobre el coronavirus será el tratamiento más efectivo para que los sistemas de transporte público no enfermen de gravedad.