La Comisión Europea ha aprobado este jueves una subvención de 1.280 millones de euros concedida por el Gobierno español a Correos para financiar la obligación de servicio universal durante el periodo 2011-2020. El Ejecutivo comunitario considera que esta retribución pública es compatible con las reglas de la UE sobre ayudas de Estado.
Sin embargo, la luz verde de Bruselas no ha estado exenta de complicaciones debido a que las autoridades españolas comunicaron esta subvención fuera de tiempo. El Gobierno de Pedro Sánchez informó al Ejecutivo comunitario de la ayuda a Correos en enero de 2020. De los 1.280 millones, un total de 1.219 millones ya se habían pagado antes de la notificación.
El resultado de esta negligencia es que "la Comisión concluyó que Correos se había beneficiado de ayuda ilegal no notificada", según ha informado a través de un comunicado.
Para ajustarse a las reglas de la UE, España ha tenido que desarrollar un modelo detallado y global para calcular el coste neto del servicio postal universal con el fin de demostrar que no está sobrecompensando a Correos y que por tanto no hay riesgos de distorsión de la competencia.
En particular, el modelo español garantiza que los descuentos concedidos a algunos clientes no incrementan indebidamente el coste neto. Bruselas considera muy importante que las pérdidas generadas por los descuentos no sean compensadas por el Estado, dado que no vienen impuestas por las obligaciones de servicio universal.
Tras recibir estas garantías adicionales, el Ejecutivo comunitario ha llegado a la conclusión de que "la compensación concedida por España a Correos no supera el coste neto de su misión de servicio público.
Desestimada la queja por descuentos excesivos
"Un acceso fácil a los servicios postales es vial para todos los ciudadanos de la UE. La decisión de hoy permite a Correos continuar prestando servicios postales universales en toda España a precios asequibles, sin distorsionar indebidamente la competencia", ha asegurado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
En su decisión, el Ejecutivo comunitario ha desestimado una queja presentada en marzo de 2019 por dos organizaciones industriales, a las que no identifica, que alegaban que España estaba recibiendo ayuda incompatible con las normas de la UE. La queja se refería específicamente a lo que consideraba "descuentos excesivos" ofrecidos por Correos gracias a la compensación del Estado.
Finalmente, el Gobierno español se ha comprometido con la Comisión a notificar esta vez a tiempo la compensación por servicio público para el periodo 2021-2025. Esta notificación deberá enviarse a Bruselas durante 2020.
Controlado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Correos es el principal proveedor de servicios postales en España y también tiene adjudicada la obligación de servicio universal desde 1998. Tiene más de 50.000 trabajadores e ingresos anuales de alrededor de 2.000 millones de euros, según Bruselas.