El Gobierno no quiere que la pandemia retrase su programa en materia de Igualdad y ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el esperado decreto para la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Se trata de una medida de vital importancia para Unidas Podemos, partido que ha acaparado el protagonismo en su desarrollo a través de dos de sus ministerios: el de Trabajo y el de Igualdad.
Han sido dos de sus ministras, Yolanda Díaz e Irene Montero, las encargadas de presentar los detalles de una normativa que concederá más poder a los sindicatos a la hora de abordar la igualdad en las retribuciones.
Con tono triunfalista, Díaz ha celebrado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estamos ante "un hito histórico con dos normas que nos van a colocar en la mejor posición acerca de la transparencia retributiva de los países de nuestro entorno".
Según ha destacado Díaz, por primera vez se va a regular "la transparencia garantizar el derecho a la información retributiva" de los trabajadores. Además, ha añadido, que buscará mejorar la "deficiente valoración de los puestos de trabajo" que hay en España y que se ha puesto de manifiesto con esta pandemia.
"El mensaje es muy claro. Para recuperarnos de esta situación de emergencia, las mujeres tenemos que cobrar lo mismo que los hombres por los mismos trabajos", ha añadido, por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Sin los empresarios
Esta normativa llega con el respaldo de los sindicatos, pero con el descuelgue de los empresarios. Aunque la patronal respalda el fondo de la propuesta, consideró en su momento que trataba de encubrir una reforma laboral al otorgar más poder a los representantes de los trabajadores en la organización de la empresa.
Por ello, se levantó de la mesa de negociación en julio y el texto no ha podido aprobarse con el respaldo de los agentes sociales.
Tal y como avanzó este periódico el pasado junio, esta Ley obligará a las empresas con más de 50 trabajadores a publicar tablas con el sueldo de toda su plantilla, incluidos los altos cargos y el personal directivo. Además, las compañías de más de 250 trabajadores tendrán que contratar auditorías de género.
El decreto entrará en vigor en abril, con lo que las empresas cuentan con un plazo de seis meses para adaptarse a este nuevo marco legal.
El registro salarial tendrá que incorporar información sobre la retribución y también sobre la clasificación profesional, con el objetivo de comparar trabajos que se consideren de igual valor. Afectará a todos los trabajadores, incluidos los que tienen contratos a tiempo parcial.
El Gobierno ha aprobado una guía técnica para establecer cómo deben hacerse las auditorías retributivas.
Todo ello, se acompañará de Planes de Igualdad que tendrán que elaborar las empresas españolas para impulsara medidas que estén destinadas a cerrar o evitar las brechas de género.
Según ha destacado Montero, el Instituto de la Mujer tendrá un papel muy destacado en la aplicación de esta normativa. Se trata, ha dicho, "de una institución ampliamente maltratada en nuestro país" que ahora va a tener una labor protagonista.
Tanto Díaz como Montero han insistido en que la pandemia es una amenaza para los avances en materia de igualdad, lo que justificaría la urgencia de esta normativa en un contexto de crisis económica como el actual.