Este martes el Consejo de Ministros aprueba el esperado plan de choque para la hostelería y el comercio, una estrategia que se espera desde hace semanas y que se ha ido postergando por la falta de acuerdo en el seno del Gobierno.

Finalmente, las empresas y autónomos que hayan sufrido importantes impactos en su facturación podrán exonerarse de las cuotas que pagan a la Seguridad Social, según ha podido saber Invertia.

Se trata de unas de las medidas que contiene el plan, que se suma a otra como es la rebaja del 50% del alquiler a los locales que pertenezcan a grandes propietarios (con más de diez inmuebles), según han informado a Europa Press.

Grandes propietarios

Así, el inquilino podrá solicitar antes del 31 de enero la rebaja del 50% durante el estado de alarma, sus posibles prórrogas y hasta los cuatro meses posteriores. Para acceder esta ayuda, el local deberá ser propiedad de un gran propietario y no debe existir un acuerdo previo entre las partes para la reducción temporal de la renta o una moratoria en el pago durante la pandemia.

El texto incluye incentivos fiscales para aquellos que no sean grandes tenedores y rebajen las rentas que obtienen por el alquiler de sus locales dedicados a la hostelería y al comercio.

Un grupo de personas pasea frente a un restaurante cerrado, en O Carballiño (Orense) EFE/Brais Lorenzo

Consultadas por este periódico, fuentes del sector hostelero denuncian que el plan se antoja insuficiente, e insisten en su reclamación de 8.500 millones de euros en ayudas directas para el sector.

Desde las empresas de este ámbito se insiste que la hostelería no experimentará una recuperación hasta finales de 2021 o principios de 2022 debido a las duras consecuencias de las restricciones provocadas por la pandemia.

El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, insistió este lunes en que el plan debe contemplar también la moratoria automática, con ampliación de los periodos de carencia, de la devolución de los principales créditos. 

Además, reclamó medidas concretas en el campo de los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE), que ‘caducan’ a finales de enero. Exigió extender como mínimo hasta junio de 2021 su aplicación, aumentando la cobertura y simplificando la gestión. 

ERTE

Asímismo, pidió derogar la cláusula del mantenimiento del empleo en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad, es decir, finiquitar la prohibición del despido e impulsar acciones de reactivación de la demanda. Cabe recordar que estas cuestiones se abordarán en las reuniones del Diálogo Social que se celebrarán en las próximas semanas.

No es el único asunto de peso que se va a tratar en el Consejo de Ministros de este martes. La previsión es que también se dé luz verde a la prohibición de los desahucios así como de los cortes de suministros a colectivos vulnerables mientras dure el estado de alarma.

Además, el Ejecutivo aprobará el real decreto-ley para reformar la Administración Pública y ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el reparto de los fondos europeos, un texto que ha venido adelantando Invertia en las últimas semanas.