El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propone juzgar a una organización criminal constituida en torno a la empresa Hafesa Energía que, entre 2016 y 2019, habría cometido un fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos superior a los 154 millones de euros.

El magistrado pide juzgar al presunto jefe de la trama, el presidente del Grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, al director general de la mercantil y su lugarteniente, José Norberto Uzal y a otra veintena de personas, por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

Calama considera acreditada la existencia de una organización constituida en torno a la mercantil HAFESA ENERGÍA, “que ejerce su actividad en el sector de hidrocarburos, dirigida por su presidente, Alejandro Hamlyn, que habría diseñado tanto una operativa de fraude fiscal como de blanqueo de capitales, sirviéndose para ello de una estructura de sociedades mercantiles”.

Los encausados habrían creado toda una red de sociedades mercantiles que, careciendo de estructura económica, “son cascarones vacíos, operan como meros satélites de HAFESA ENERGÍA y su único propósito es servir de instrumento para llevar a efecto un fraude en el Impuesto de Valor Añadido (IVA) que grava el comercio de hidrocarburos. La compañía habría utilizado la cantidad correspondiente al impago del impuesto como margen comercial de la sociedad instrumental”.

En definitiva, concluye la Audiencia Nacional, esas sociedades mercantiles “han sido dispuestas con la connivencia de los responsables de este grupo empresarial y han sido integradas en su estructura para la comisión de la operativa defraudatoria”.

Blanqueo de 46,5 millones

El auto judicial señala que las cuotas defraudadas a través de las sociedades instrumentales han sido sometidas a un proceso de blanqueo de capitales por un total de 46,5 millones de euros.

Los destinos a los que la organización criminal ha dedicado dicha cantidad son la compra de criptomendas (5,37 millones); transferencias a posiciones en el extranjero (5,37 millones); efectivo (5,71 millones); inversión en inmovilizado (3,13 millones); compra de vehículos (1,95 millones). Por último, cheques y talones -sin destino identificado- (1,52 millones de euros) e Inversión en otras empresas, por ejemplo, la compra de la operadora SANVEZ (5,67 millones de euros).