La Comisión Europea ha relanzado este miércoles un expediente sancionador contra España por la elevada morosidad de comunidades autónomas y ayuntamientos. Bruselas alerta de que los retrasos del sector público en los pagos a proveedores repercuten negativamente en las empresas: reducen su liquidez, les impiden crecer y dificultan su resistencia. Un problema que se ha agravado con la crisis de la Covid-19.

"En el contexto económico actual, incluso más que antes, las empresas y las pymes dependen de pagos periódicos para funcionar y mantener el empleo", explica el Ejecutivo comunitario. El plazo medio de pago del sector público en España fue de 77 días en 2020, muy por encima del límite de 30 días que fija la directiva europea de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Por todo ello, la Comisión ha decidido enviar a España un dictamen motivado, segunda fase del procedimiento de infracción. Las autoridades españolas disponen ahora de un plazo de dos meses para adoptar medidas correctivas urgentes. En ausencia de una respuesta satisfactoria, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y en última instancia pedir sanciones contra nuestro país.

El procedimiento de infracción contra España por retrasos en los pagos de su sector público se inició en el año 2015. En 2018, a solicitud de Madrid, la Comisión accedió a suspender temporalmente el expediente con el fin de dar más tiempo a las autoridades españolas para poner en marcha medidas correctivas. Durante este "periodo de congelación", España fue además obligada por Bruselas a cambiar la metodología de medición de los periodos promedio de pago porque la anterior incumplía la directiva. 

"Sin embargo, después de dos años de suspensión, la situación no ha mejorado. No se registra una tendencia constante hacia una reducción sistémica e irreversible de las demoras en los pagos. Las medidas puestas en marcha por las autoridades españolas no han dado los resultados esperados, especialmente en las autoridades regionales y locales. Los retrasos en los pagos persisten y en algunas áreas son muy superiores a los 30 días que fija la directiva", explican a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias.

De hecho, la deuda comercial de las comunidades autónomas se situaba en 5.093 millones de euros en noviembre de 2020 y seguía en tendencia ascendente, según los datos que ha recopilado Bruselas para relanzar el expediente contra España. El plazo medio de pago de las entidades locales llegaba hasta los 68 días en septiembre de 2020. Según el informe publicado el 25 de febrero de 2021 por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que el Ejecutivo comunitario usa también como referencia, el plazo medio de pago del sector público en España fue de 77 días en 2020.

"La Comisión reconoce los esfuerzos realizados por España en los últimos seis años para mejorar la puntualidad de los pagos de su sector público. Sin embargo, aunque en este tiempo las autoridades centrales han realizado avances considerables, la Comisión está preocupada por los retrasos persistentes de las autoridades regionales y locales, ya que su puntualidad a la hora de pagar sigue sin ajustarse a las obligaciones de la directiva", denuncia en un comunicado.