El proyecto de Intu-Eurofund Investment para la construcción de un macrocentro comercial junto a Valencia va camino de la caducidad. El Gobierno valenciano, que bloqueó la iniciativa durante 5 años hasta que la firma logró su reactivación a través de los tribunales, tumba ahora las garantías presentadas por la enseña para retomarla.

Le solicita un millón de euros antes del 15 de junio, y ha rechazado los terrenos que la empresa aportaba para cubrirla. La multinacional, en consecuencia, se encuentra en un callejón sin salida, ya que su situación de concurso de acreedores, salvo sorpresa de última hora, le impedirá lograr un aval bancario por dicho importe antes del martes, según ha podido confirmar Invertia.

El rechazo lo abanderó en 2016 el área de Medio Ambiente, liderada por Compromís. Pero la puntilla al proyecto está a punto de dársela la Conselleria de Obras Públicas que dirige Arcadi España (socialista como el presidente valenciano, Ximo Puig).

La compañía, debido a su delicada situación mercantil, intentó en primer lugar cubrir la garantía con terrenos de su propiedad, valorados en más de un millón de euros y radicados en el espacio del complejo comercial. Pero la administración rechazó esta propuesta y solicitó que, como en la primera ocasión, el aval fuera bancario.

En efecto, Intu Eurofund ya presentó el millón de garantía mediante un aval bancario cuando tramitó por primera vez el complejo. Pero el mismo quedó sin efecto cuando el Ejecutivo autonómico rechazó la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de la iniciativa. Ahora, al retomar la tramitación por mandato judicial, exige que lo presente de nuevo del mismo modo.

Figuración del centro comercial y de ocio Intu Mediterrani. EE

Pero las circunstancias de Intu han cambiado sobremanera. Su declaración de concurso de acreedores requiere el visto bueno de su administrador concursal para cualquier movimiento, como el que debe realizar ahora.

La empresa, ante tal escenario, solicitó a la Generalitat Valenciana una prórroga "de al menos un mes" para presentar el aval. Pero el Gobierno de Ximo Puig, tras bloquear cinco años el proyecto de forma ilegal, solo le ha dado cinco días extra que expiran el próximo 15 de junio. El plazo, avanzado este miércoles por Valencia Plaza, lo confirmó Obras Públicas a este periódico.

Intu, preguntada al respecto por Invertia, declina realizar declaraciones. Fuentes conocedoras de la tramitación apuntan al respecto que difícilmente logrará presentar el aval en la fecha solicitada. Tanto es así que ya prepara acciones legales contra el rechazo a la garantía de los terrenos para mantener vivo un proyecto que la Generalitat aboca a la caducidad.

Obras Públicas, sin hablar expresamente de caducidad definitiva a partir del miércoles 16, sí subraya que "se aplicará lo que dictamine la ley" en caso de que no presenten el nuevo aval. "Esperamos que en este nuevo aplazamiento puedan dar algún paso", agregan.

La sentencia

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dio la razón a la empresa en 2019 y condenó a la administración a retomar la tramitación del proyecto, paralizado en 2016.

El veto a la iniciativa, denominado inicialmente Puerto Mediterráneo y después Intu Mediterrani, lo abanderó Compromís desde la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y lo acató el PSPV-PSOE en la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas.

Tras resolver todos los recursos presentados contra la sentencia de 2019, la firma ha logrado retomar la tramitación, pero en el peor momento de su matriz por el concurso de acreedores que atraviesa y sin ningún apoyo de la administración. La Generalitat, en paralelo, ha tramitado normas ambientales (Porn) y comerciales (Patsecova) para frenar de nuevo el proyecto.

Además, la sintonía con la empresa es nula. Ni el presidente Puig ni el conseller España se han reunido con los representantes de un proyecto de cientos de millones de euros y miles de puestos de trabajo para abordar su reactivación.