La UE acuerda la directiva para reforzar el poder de compra de los salarios mínimos

"Con el impacto de la guerra de Rusia en Ucrania, es crucial que protejamos a las personas con sueldos bajos", destaca el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis. Los negociadores de la Eurocámara y de los Gobiernos de los 27 han alcanzado este martes un acuerdo final sobre la directiva que tiene como objetivo garantizar que el salario mínimo alcance un nivel suficiente para garantizar una vida digna a los trabajadores en todos los Estados miembros.

No obstante, la norma no fija un SMI armonizado, ni contempla siquiera umbrales comunes obligatorios debido a las brutales diferencias entre los Estados miembros. Los salarios mínimos en la UE oscilan entre los 332 al mes en Bulgaria hasta los 2.257 al mes en Luxemburgo en 12 pagas, como se suele expresar en la UE. En España, el Gobierno de Pedro Sánchez subió en febrero el SMI hasta 1.000 euros al mes (o 1.166 euros en 12 pagas).

En seis Estados miembros (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Italia, Austria y Chipre), no existe un salario mínimo fijado por ley, sino que éste depende exclusivamente de la negociación colectiva. La nueva directiva ni siquiera obliga a estos países a modificar su legislación. 

De hecho, la norma sólo obliga a los Estados miembros a establecer criterios claros y estables a la hora de fijar el SMI y a revisarlo de forma regular, reforzando el papel de la negociación colectiva. Según el acuerdo, los Gobiernos tendrán que evaluar si sus salarios mínimos fijados por ley son adecuados para garantizar un nivel de vida digno.

En esta evaluación, se deben tener en cuenta criterios como las condiciones socioeconómicas de cada país, el poder de compra o el nivel y la evolución de la productividad nacional a largo plazo. Para verificar si el SMI es adecuado, los Estados miembros pueden (pero no es obligatorio) establecer una cesta de bienes y servicios a precios reales.

Salarios mínimos en los países de la Unión Europea

Los Gobiernos también pueden aplicar valores de referencia indicativos comúnmente utilizados internacionalmente, como el 60 % del salario medio bruto y el 50 % del salario medio bruto. Pero estos umbrales tampoco son vinculantes. Las deducciones o variaciones del salario mínimo deberán ser no discriminatorias, proporcionadas y tener un objetivo legítimo.

La directiva obliga a fortalecer la negociación colectiva sectorial e intersectorial como un factor esencial para proteger a los trabajadores proporcionándoles un salario mínimo. Los Estados miembros en los que menos del 80% de la plantilla esté protegida por un convenio colectivo tendrán que crear un plan de acción para aumentar progresivamente esta cobertura.

Finalmente, la norma introduce la obligación de establecer un sistema de ejecución, que incluya controles e inspecciones fiables, con el fin de garantizar su cumplimiento y hacer frente a la subcontratación abusiva, el trabajo por cuenta propia falso, las horas extraordinarias no registradas o el aumento de la intensidad del trabajo. Las autoridades nacionales tienen que garantizar el derecho a reparación de los trabajadores cuyos derechos hayan sido violados.

La directiva sobre salarios mínimos fue una de las promesas estrella de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para ganarse el apoyo de los socialistas europeos en su investidura en la Eurocámara. La propuesta de la Comisión se presentó en octubre de 2020 tras un largo proceso de consultas previas y ha tardado más de un año y medio en negociarse.

"La UE ha cumplido su promesa. Las nuevas reglas sobre salarios mínimos protegerán la dignidad del trabajo y garantizarán que el trabajo se vea recompensado. Todo esto se hará respetando plenamente las tradiciones nacionales y la autonomía de los interlocutores sociales", ha dicho Von der Leyen en un comunicado.

El acuerdo político debe ser ahora ratificado tanto por el pleno de la Eurocámara como por los Veintisiete, un trámite que se prevé que se complete sin sobresaltos en las próximas semanas. Una vez que la directiva se publique en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros tendrán un plazo de dos años para incorporarla a sus respectivas legislaciones nacionales.