Un total de 23 días y tres Consejos de Ministros ordinarios. Ese es el tiempo que le queda a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para dar salida a los rescates a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Y en cola hay todavía casi una veintena de empresas esperando, entre ellas algunas al límite como Abengoa o Celsa.

En total, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas ha aprobado 23 operaciones por valor de 2.502,8 millones de euros, del total de los más de 5.300 millones de euros solicitados a través de las 69 solicitudes, según datos aportados por la SEPI. 

De todas ellas, la SEPI ha revelado a EL ESPAÑOL-Invertia que 27 han sido rechazadas por importe de 1.151,85 millones de euros. Una de ellas fue Room Mate. Eso quiere decir que todavía quedan 19 empresas en cola esperando un rescate. No obstante, desde la empresa pública hablan sobre la última cifra más actualizada. 

Y el tiempo apremia. Tanto, que se ha convocado un Consejo Gestor extraordinario para el próximo viernes con el objetivo de dar salida a dichos rescates, según fuentes consultadas por este medio. 

En la lista de empresas ya no están ni Air Nostrum ni Volotea, las dos últimas compañías que han recibido una ayuda pública por valor de 111 millones y 200 millones, respectivamente. Pero sí están otras como Celsa, que negocia ‘in extremis’ con los acreedores para llegar a un acuerdo y poder acceder a un rescate de 550 millones de euros. 

Caso Abengoa

También continúa en cola Abengoa. Quedan tres semanas como máximo para que la SEPI se pronuncie sobre los 249 millones solicitados para las seis filiales de la multinacional andaluza.

Abengoa envió su solicitud el 17 de marzo de 2021 y, a mitad de mayo, comunicó que ya había mandado toda la documentación que este ente público le había requerido. Es decir, la SEPI ha realizado diversas peticiones de información y hasta finales de mayo la empresa ha estado entregando "documentación menor". 

Ante esta incertidumbre, los representantes de la plantilla de Abengoa han pedido un SOS a la SEPI. Han enviado un burofax a la presidenta de este ente, Belén Gualda, para pedirle una respuesta "concreta e inmediata" sobre el "bloqueo" de la solicitud.

Solicitan de manera "urgente" que se resuelva favorablemente el expediente de solicitud para "poder salvar a esta gran compañía estratégica y vital" para la industria de Andalucía así como sus 11.000 puestos de trabajo. A lo que habría que añadir "más de 10.000 puestos de trabajo vinculados a contratas, subcontratas y proveedores", según se recoge en el burofax enviado a la SEPI.

Más allá de la SEPI, los empleados han enviado cartas a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; a la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, Nadia Calviño; y a la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. También ha recibido esta misiva el director de gabinete de la Presidencia de Gobierno, Óscar López Águeda. 

Este miércoles los trabajadores protagonizarán un encierro en Palmas Altas, la sede de Abengoa en Sevilla, para apremiar a la SEPI a pronunciarse sobre la inyección económica. Está previsto que, sobre las 10,00 horas, se concentren en el interior. 

"Si no llegan a tiempo, iremos a liquidación", advierten a este medio los trabajadores. La empresa solo cuenta con una oferta, la del fondo estadounidense Terramar, pero está sujeta a la condición de que la SEPI ofrezca los 249 millones.  

El calendario de movilizaciones también incluye una manifestación el martes 14 de junio. Recorrerá el centro de Sevilla, saliendo desde la sede del gobierno andaluz, San Telmo, hasta la Subdelegación del Gobierno.

Por último, en la semana del 20 de junio, fletarán autobuses para llevar la protesta frente a la sede de la SEPI en Madrid. No será la primera vez que los trabajadores viajan a la capital para manifestarse frente a este organismo: ya lo hicieron en 2021.  El resultado fue "decepcionante" para la plantilla, pues nadie salió a atenderlos, según explicaron entonces los convocantes. 

Rescates

De vuelta a las 23 ayudas otorgadas, el primer gran rescate que se dio fue en noviembre de 2020 y fue, además, el de mayor montante: el de Air Europa por 475 millones. Después llegó el rescate para la fusión de las agencias de Globalia y Barceló, Ávoris (320 millones).

Más tarde, saltó la polémica con los 53 millones de euros otorgados a Plus Ultra por su escaso carácter estratégico y los problemas de viabilidad de la compañía. 

A estos se sumaron más tarde Duro Felguera (120 millones); Tubos Reunidos (112 millones de euros); la acerera Rugui Steel (25 millones); la hotelera Hotusa (241 millones); Serhs (34 millones); Grupo Airtificial (34 millones); Reinosa Forgings & Castings (27 millones de euros); grupo Losan (35 millones de euros); Soho Boutique Hoteles (30 millones); Abades (29,3 millones); Ferroatlántica (34,5 millones); Eurodivisas (45 millones); Wamos (85 millones) y Técnicas Reunidas (340 millones).

Y los últimos fueron para empresas turísticas también: Grupo Abba (30 millones); Grupo Inversor Hesperia (55 millones); Grupo Julia (38 millones) y Grupo Mediterránea (28 millones). 

Solo tres semanas

Cabe recordar que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con un total de 10.000 millones de euros, fue aprobado por el Gobierno en julio de 2020 con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional. 

La prórroga acordada por la Comisión Europea alarga el campo de ampliación del marco temporal de ayudas estatales hasta el 30 de junio de 2022. Es decir, quedan tres semanas para resolver favorablemente o no los expedientes. O, lo que es lo mismo, tres Consejos de Ministros ordinarios para dar luz verde a los mismos.

Asimismo, los préstamos no son a fondo perdido. Es decir, las empresas tienen un plazo -de siete años en muchos casos- para devolver el dinero al Estado que se está canalizando, por norma general, en un préstamo participativo y otro ordinario. De hecho, Plus Ultra ya ha comenzado a devolver parte del rescate: 884.222,22 euros correspondientes al primer plazo de amortización.