"Lo que le da todo el encanto a este expediente desde hace años es que, cuando se resuelve un problema, aparece otro", ironiza el ministro de Finanzas francés y presidente de turno del Ecofin, Bruno Le Maire. Polonia ha levantado el veto que mantenía desde hace meses en solitario a la directiva que establece un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las multinacionales. Un paso que en teoría despejaba el camino para aprobar en el Ecofin de este viernes la norma, cuyo objetivo es trasladar a la legislación europea el acuerdo internacional alcanzado el otoño pasado en la OCDE.
Sin embargo, en el último minuto ha saltado la sorpresa en Luxemburgo. Hungría -que en las reuniones previas había apoyado la directiva- ha cambiado repentinamente de posición y la ha vetado, tomando el relevo de Polonia. Un giro que ha impedido de nuevo la aprobación del tipo mínimo del 15%, puesto que las normas sobre impuestos exigen unanimidad de los 27 Estados miembros. El resultado de este bloqueo es que la medida no entrará en vigor como muy pronto hasta 2024, un año más tarde de lo previsto, según admite ya la OCDE.
¿A qué se debe este cambio de postura de Hungría? Su ministro de Finanzas, Mihály Varga, ha apelado al impacto de la guerra en Ucrania, la subida de la inflación y de los tipos de interés y los problemas de suministro. "En estas circunstancias, introducir el tipo mínimo mundial de forma temprana causaría graves daños a las economías europeas", ha argumentado Varga en el debate público en el Ecofin.
Pero el resto de socios no se creen esta excusa, como ha dejado claro el propio Le Maire. Sin querer hacer sangre, el ministro de Finanzas francés le ha recordado a su homólogo húngaro que Budapest ya había dado su visto bueno a la directiva tras resolverse todas sus objeciones previas. Y mantuvo el sí tras incluso tras el estallido de la guerra en Ucrania.
La directiva "supone una oportunidad histórica para una fiscalidad internacional más justa y beneficia a todos los Estados miembros y a su capacidad de generar ingresos cuando ello es muy necesario", ha dicho por su parte el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.
La sospecha en Bruselas es que Hungría ha recurrido ahora al veto como mecanismo de presión para lograr que se aprueben los 7.200 millones de euros de su plan de recuperación Next Generation, bloqueados desde hace más de un año por la deriva autoritaria del Gobierno de Viktor Orbán.
Budapest intentaría así repetir la jugada de Varsovia, que se ha saldado con éxito. En sus declaraciones públicas, el Gobierno polaco justificaba su veto por el retraso en la tasa europea a los gigantes digitales, que forma parte también del acuerdo de la OCDE. Pero el resto de socios lo consideraban como un intento de chantaje para que se aprobara su plan de recuperación, congelado por los mismos motivos que el de Hungría.
El Ejecutivo comunitario aprobó hace un par de semanas los 35.400 millones del plan Next Generation polaco, justo a tiempo para que Varsovia levantara su veto en el Ecofin de este viernes. No obstante, Bruselas asegura que no habrá ningún desembolso hasta que el Gobierno de derecha radical de Ley y Justicia apruebe las reformas para garantizar la independencia del poder judicial.
Orbán parece querer imitar esta estrategia. Pero Hungría está ahora mismo totalmente aislada en la UE. A diferencia de Polonia, mantiene vínculos con el Kremlin y ha retrasado y descafeinado las sanciones por la invasión de Ucrania, con lo que se ha ganado la hostilidad del resto de socios. Le Maire ha dicho que todavía esperar lograr un acuerdo antes de que concluya la presidencia francesa de la UE, es decir, antes de fin de junio.