Así queda recogido en el dictamen emitido por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con motivo del proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, un documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

La ‘tasa Tobin’ implica que cada compra de acciones en bolsa de empresas españolas con capitalización superior a los 1.000 millones de euros lleva asociada un impuesto a la inversión efectuada con un tipo de gravamen del 0,2%. Un recargo del que quedarán liberados los vehículos previsionales citados al añadirse la correspondiente exención en la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Según fuentes ministeriales, se ha acordado esta medida a petición del PNV.

Esta es una de las principales novedades que a última hora incluirá el proyecto impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, departamento que dirige José Luis Escrivá. Otro aspecto relevante será la posibilidad de que los convenios sectoriales adopten el modelo británico de adscripción por defecto a un plan de pensiones.

Según recoge el texto, “cuando en el acuerdo o convenio colectivo se haya establecido la incorporación de los trabajadores directamente al plan de pensiones, se entenderán adheridos al mismo; salvo que el acuerdo o convenio colectivo prevea que, en el plazo acordado a tal efecto, los trabajadores puedan declarar expresamente por escrito a la comisión promotora o de control del plan que desean no ser incorporados al mismo”.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Europa Press.

Desde el sector financiero se pedía imitar al Reino Unido en este terreno. En el nuevo sistema británico de pensiones empresariales, prima el automatic enrolment o, lo que es lo mismo, adscripción obligatoria por defecto, que contempla la posibilidad de salirse del plan voluntariamente a posteriori. Finalmente, y también a petición del PNV, el equipo de Escrivá ha aceptado una suerte de auto enrolment en España.

Si bien no será de aplicación para todos los fondos públicos de empleo como en el Reino Unido, sí lo será para aquellos sectores que lo incluyan en su convenio, lo que podría facilitar la expansión de estos vehículos al conjunto de los trabajadores españoles.

Autónomos y AiREF

La letra pequeña del dictamen también afecta -y para bien- a los autónomos, a quienes les da mayor flexibilidad para poder gestionar su ahorro privado sin incurrir en más costes de los necesarios. “No se requerirá la condición previa de asociado al partícipe que desee adscribirse a un plan promovido por una asociación de trabajadores por cuenta propia o autónomos”.

Se refiere el documento a aquellos planes promovidos por las asociaciones, federaciones, confederaciones o uniones de asociaciones de trabajadores por cuenta propia o autónomos, por sindicatos, por colegios profesionales o por mutualidades de previsión social.

Por otra parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) evaluará una vez transcurridos tres años de su entrada en vigor la eficacia de los incentivos fiscales establecidos en la ley para los trabajadores asalariados, los trabajadores autónomos y las empresas. Esta medida “de garantía” también se introdujo en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y, según las fuentes consultadas, ha sido pactada por PSOE y Unidas Podemos fruto de su gobierno de coalición.

Como ya adelantó este periódico, el dictamen ha puesto negro sobre blanco el apoyo que recabó Escrivá de Ciudadanos en cuanto a ventajas fiscales para las empresas, con un incentivo del 10% en el Impuesto de Sociedades para las contribuciones empresariales imputadas a favor de los trabajadores en su plan de empleo con retribuciones brutas inferiores a 27.000 euros.

También se ha añadido la necesidad de “garantizarse el desarrollo de medidas correctoras para evitar la brecha de género como, entre otras, el mantenimiento de las contribuciones en los supuestos de reducción de jornada y de suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo”, esto es, una excedencia.

Asimismo, “cualquier plan del sistema de empleo podrá prever el acceso [al trabajador] con una antigüedad inferior a un mes o desde el ingreso en la plantilla del promotor”.

Exclusión de inversiones delictivas

La sostenibilidad y la responsabilidad social subyacen a todo el proyecto de Escrivá para las pensiones privadas. A este respecto, quedarán excluidas de la inversión de los fondos “las empresas que hayan cometido delitos medioambientales o laborales en los cinco años anteriores a la inversión”, un requisito que exigía Más País para dar su visto bueno.

En cambio, una enmienda que ha sido desoída es la realizada por el PP, que demandaba que la Comisión de Control Especial incluyera entre sus 13 miembros personalidades del Banco de España, la CNMV, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) o la Secretaría General del Tesoro, entre otros organismos. Esta comisión seguirá como estaba planteada anteriormente: con cinco miembros del Ministerio de Seguridad Social, cuatro de los sindicatos y cuatro de las patronales.

Eso sí, de entre la presidencia, la vicepresidencia y la secretaría de esta comisión, “al menos la mitad de estos cargos deben estar ocupados por mujeres”, obliga el dictamen.

En última instancia, la estrategia de inversión de los vehículos tendrá un carácter estable y a largo plazo que deberá revisarse, “al menos, cada cinco años”, mientras que los planes de pensiones simplificados podrán integrarse en un fondo de pensiones de empleo de promoción pública abierto o en un fondo de pensiones de empleo de promoción privada de su elección.