Año y medio después de que el Gobierno a través de su ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, empezara a empujar su idea de los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública, el proyecto de Ley que regulará a estos vehículos entra en su recta final de aprobación parlamentaria.

Algún colectivo sectorial ya se está moviendo para ser el primero en promoverlos bajo el nuevo formato, caso de la construcción, y desde el Ejecutivo se espera que, para 2023, estos fondos colectivos complementarios a la pensión pública ya estén listos con su desarrollo reglamentario correspondiente.

Falta todavía algún detalle por concretar, pero las líneas maestras de la iniciativa ya están asentadas. Para intentar dar algo más de luz a trabajadores y empresas en lo que será una nueva relación laboral y enfoque social, a continuación se resumen los diez aspectos clave que todo ahorrador debe conocer.

1. Qué son

Los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública son unos vehículos de inversión a largo plazo, con carácter previsional, que nacen con dos objetivos primordiales: fomentar a través de las empresas el ahorro privado complementario a la pensión pública, cuya reforma hará que en el futuro más ciudadanos cobren pensión del Estado pero con cuantías más bajas a las actuales, e incorporar a las pymes y los autónomos a un sistema obsoleto de pensiones que nació al calor de las privatizaciones, que desde 1990 ha estado centrado en las grandes corporaciones y que desde el 2011 languidece en partícipes, con más prestaciones de dinero que nuevas aportaciones.

Los planes de pensiones de empleo actuales gestionan casi 36.700 millones de euros de 1,9 millones de partícipes. Solo en el primer trimestre del año, más de 15.500 partícipes han salido del sistema, cifra que se eleva a más de 60.500 pérdidas de partícipes en los últimos 12 meses, con datos de Inverco.

2. Por qué se crean

El desarrollo de los planes colectivos de empleo forma parte de la reforma y modernización del sistema de pensiones, en base a las recomendaciones del Pacto de Toledo, y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordado con Bruselas para recibir los famosos fondos europeos NextGenerationEU. El foco del Gobierno está puesto en incorporar a los trabajadores de rentas medias y bajas.

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y MIgraciones, en un pleno.

Las metas que persigue el Ejecutivo son varias: aumentar la población cubierta por los planes de empleo, empoderar a los convenios sectoriales, ofrecer productos con menor coste para los ahorradores y hacer que la inversión sostenible sea transversal a todo el sistema.

La ambición del Gobierno pasa por alcanzar los 13 millones de partícipes en planes de pensiones colectivos en 2030, lo que supondría multiplicar por 6,5 veces la cifra actual. O dicho de otra forma, alcanzar el 80% de la población activa ocupada cubierta “en el largo plazo”.

3. Quiénes los promueven

Hay que distinguir dos figuras distintas: el fondo de pensiones de empleo de promoción pública y el plan de empleo simplificado. Así, un sector económico, mediante la negociación colectiva, podrá acordar la constitución de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública -el general-, del cual colgarán tantos planes de empleo simplificados -los específicos- como empresas haya dentro de ese sector y estén dispuestas a promoverlo.

Por ahora, el primer paso lo ha dado la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), cuyo vehículo alcanzaría los 3.500 millones de euros en diez años y abarcaría a 1,3 millones de partícipes que se desempeñan directamente o indirectamente en el sector. Las industrias química y del metal también analizan la posibilidad de montar el suyo.

4. Qué trabajadores pueden adherirse

La regulación vigente establece un periodo máximo de dos años para que los trabajadores de una empresa que tenga un plan de pensiones de empleo puedan acceder al mismo como partícipes, a no ser que las especificaciones del propio plan establezcan un periodo de antigüedad en la empresa inferior.

Pero una enmienda del PSOE al proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo persigue que “cualquier plan del sistema de empleo podrá prever el acceso con una antigüedad inferior a un mes o desde el ingreso en la plantilla del promotor”.

5. Cómo tributan en el IRPF

El motor de la reforma de las pensiones privadas está en haber trasvasado beneficios fiscales de los planes individuales a los de empleo, gran campo de batalla de Escrivá y que ha suscitado numerosas críticas por parte de las entidades financieras y de grupos de inversores. También ha causado que 2021 sea el primer año de salidas netas de dinero en la historia de los planes individuales.

Se dan varias casuísticas, siempre sobre los 10.000 euros máximos posibles a desgravar en el IRPF. Una posibilidad que se abre a partir de ahora es que trabajador y empresa aporten por igual al plan colectivo, 5.000 euros cada uno hasta sumar 10.000, pero entonces el empleado no podría deducirse en el IRPF su plan individual.

Otro supuesto es que si una empresa aportara 4.250 euros al plan colectivo, el trabajador podría meter al mismo plan otros 4.250 euros, lo mismo que la empresa pero no más, hasta aglutinar 8.500. Los 1.500 euros adicionales que existen de base se podrían aportar bien al plan de empleo o bien al individual, donde se mueven hoy día. De hacerlo en el empresarial, entonces el trabajador llegaría a inyectar 5.750 euros, misma cantidad establecida para los autónomos.

6. Cómo se benefician las empresas

Una de las novedades es que, a petición de las asociaciones empresariales y entidades financieras, se reintroduce la medida que existía hasta 2013 de exoneración de las cuotas a la Seguridad Social de las aportaciones empresariales al fondo. Aunque ahora con un límite máximo de 115 euros al mes por empleado o 1.380 euros al año. 

Además, Escrivá ha logrado el apoyo de Ciudadanos a su proyecto precisamente a cambio de ventajas fiscales para las empresas. Su ministerio ha aceptado una enmienda de la formación naranja para "aplicar una cuota íntegra del 10% por las contribuciones empresariales imputadas a favor de los trabajadores con retribuciones brutas inferiores a 27.000 euros". Esto es, un incentivo del 10% en el Impuesto de Sociedades.

7. En qué invierten y cuánto cuestan

Como cualquier plan de pensiones colectivo, podrán invertir en acciones, bonos, derivados financieros o activos alternativos como hedge funds, infraestructuras, materias primas, capital privado, inmobiliario, etc. Eso sí, los criterios medioambientales, sociales y de buena gobernanza corporativa (ASG) estarán muy presentes, inclusión que será obligatoria aunque en las enmiendas parlamentarias se haya intentado rebajar el tono.

En cuanto al precio, se quiere limitar su comisión de gestión a un 0,30% como máximo sobre el patrimonio administrado, para que sumado al 0,10% de comisión de depósito los gastos totales no sobrepasen el 0,40% anual. En todo caso, estos porcentajes aún tienen que concretarse por la vía paralela del reglamento.

8. Quiénes velan por su funcionamiento

Se han creado dos comisiones rectoras que velarán por el buen funcionamiento de estos fondos. La primera, la Comisión Promotora y de Seguimiento, será la encargada de constituir los fondos de pensiones en representación del Gobierno, seleccionar a las entidades gestoras y depositarias o establecer un marco común de estrategia de inversión revisable cada tres años.

Este órgano constará de nueve miembros funcionarios de carrera: cinco de ellos procedentes del Ministerio de Seguridad Social y los otros cuatro de Trabajo, Economía, Hacienda y Transición Ecológica. La primera comisión también nombrará a los miembros de la segunda de las comisiones.

Pepe Álvarez, Unai Sordo, Pedro Sánchez, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva.

Esta es la Comisión de Control Especial, en representación de los fondos y realizando una supervisión continuada del desempeño, con capacidad para sustituir a la gestora o el depositario. En el último redactado del proyecto, se estableció en 13 miembros: cinco del Ministerio de Seguridad Social, cuatro de los sindicatos y cuatro de las patronales.

No obstante, la enmienda del PP reconfiguraría su composición hacia: tres de Seguridad Social, dos de sindicatos, dos de patronales, uno del Banco de España, uno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), uno de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), uno de la Secretaría General del Tesoro, uno del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y uno del Instituto de Actuarios Españoles. Está por ver cómo queda su estructura final.

9. Quiénes los gestionan

El planteamiento inicial del Gobierno era que solamente las gestoras con más de 1.000 millones de euros en fondos de pensiones y los bancos depositarios con más de 10.000 millones podrían optar a los nuevos productos. Muchas gestoras independientes y algún pequeño banco o aseguradora que no pasan el corte se han quejado en reiteradas ocasiones alegando falta de competencia. Al igual que las comisiones, la decisión final sobre estos umbrales mínimos tendrá que esperar al desarrollo reglamentario.

Lo que sí pudo saber EL ESPAÑOL-Invertia es que el diseño que más gusta a los técnicos del departamento que dirige Escrivá es una veintena de fondos gestionados por una decena de grandes gestoras.

10. Cuándo estarán disponibles

En el EFPA Congress que se celebró hace un par de semanas, el ministro aseveró que “esperamos que en 2023 estén ya plenamente vigentes con todos los desarrollos”, dado que el correspondiente reglamento llegaría a finales de 2022. El paso previo es que el proyecto de Ley se aprobaría parlamentariamente “en dos meses”, es decir, este mismo verano.

Esto supondría un trimestre de retraso, puesto que Escrivá y técnicos del ministerio habían reiterado en diferentes foros y encuentros privados que esperaban que los nuevos fondos empresariales estuvieran listos para el otoño de 2022, hacia septiembre u octubre.

Con todo, y tomando como muestra el fondo de pensiones en el que ya trabaja el sector de la construcción, expertos de consultoras como Mercer recordaban que si la CNC quisiera montarlo en 2022 para no esperar al año que viene, "quizá podría hacerse un plan de promoción conjunta como está ahora y luego homologarlo al sistema nuevo". Esto es válido para otros potenciales.