Los inspectores de la Comisión Europea han realizado en los últimos días registros por sorpresa en las instalaciones de varias empresas activas en el sector de entrega de comida a domicilio a través de aplicaciones digitales, entre las que se encuentran la española Glovo y la alemana Delivery Hero. El Ejecutivo comunitario sospecha que las compañías en cuestión alcanzaron un acuerdo ilegal para repartirse el mercado.

De confirmarse esta conclusión preliminar, Bruselas podría imponer a las empresas multas multimillonarias de hasta un 10% de su volumen de negocios. Siguiendo su práctica habitual, la Comisión ha eludido confirmar la identidad de las compañías afectadas o sus países de procedencia. Pero los propios afectados han hecho pública la investigación.

"Confirmamos que la Comisión Europea ha contactado con Glovo como parte de su investigación. Glovo está convencida de cumplir con todos los requisitos en materia de competencia establecidos en la legislación vigente. La investigación inicial no prejuzga el resultado. Como siempre hacemos, estamos cooperando activamente con la Comisión Europea para ayudar en su investigación", ha dicho a EL ESPAÑOL un portavoz de la compañía.

El anuncio de la investigación coincide con los últimos trámites por parte de Delivery Hero para convertirse en el accionista mayoritario de Glovo. Bruselas considera que las empresas podrían haber infringido el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que prohíbe los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas.

Durante el registro por sorpresa, los inspectores de la Comisión estuvieron acompañados por sus homólogos de las autoridades nacionales de competencia. El procedimiento se llevó a cabo siguiendo los protocolos de seguridad por la Covid-19 para garantizar la protección de los involucrados, ha destacado Bruselas.

No existe un plazo legal para completar las investigaciones en materia de cárteles y prácticas comerciales restrictivas. Su duración depende de una serie de factores, incluida la complejidad de cada caso, el grado de cooperación de las empresas con la Comisión y el ejercicio de los derechos de defensa.

El Ejecutivo comunitario recuerda que gracias a su programa de clemencia, las empresas que han estado involucradas en un cártel ilegal pueden librarse de las multas o lograr reducciones importantes si delatan su conducta y cooperan con Bruselas.