La maratoniana reunión de 10 horas de ministros de Empleo de los Veintisiete celebrada este jueves en Bruselas ha concluido en fracaso. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha logrado reunir una minoría de bloqueo suficiente para impedir la aprobación de la nueva Ley Rider de la Unión Europea, cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que trabajan en plataformas digitales como Uber, Deliveroo o Glovo.

Díaz ha justificado su rechazo con el argumento de que la última propuesta de compromiso elaborada por la presidencia checa de la UE había rebajado excesivamente el nivel de ambición de la propuesta original de Bruselas. Sin embargo, una amplia mayoría de Estados miembros expresó su respaldo a la solución checa por considerar que garantizaba un equilibrio adecuado entre flexibilidad y protección de los trabajadores. Hasta el último minuto, Praga intentó un acuerdo para sacar adelante la norma.

Al final, un total de ocho países se han negado a respaldar la Ley Rider de la UE: España, Bélgica, Alemania, Eslovenia, Portugal, Luxemburgo, Rumanía y Grecia. Durante el debate público previo, Alemania y Rumanía explicaron que su intención era abstenerse y no votar en contra. El resultado es que la aprobación de la norma se retrasa indefinidamente: ahora pasará a manos de Suecia, que ocupa la presidencia de turno durante el primer semestre de 2023.

"Europa debe ser ejemplo de derechos laborales y trabajos dignos. Hoy en Bruselas conseguimos abrir una nueva oportunidad para que la directiva de plataformas digitales sea ambiciosa, en línea con la Ley Rider española, y termine por fin con el abuso de los falsos autónomos", ha escrito Díaz en Twitter al término de la reunión. La vicepresidenta ha eludido dar explicaciones a la prensa.

La propuesta original de Bruselas de Ley Rider tenía como objetivo garantizar que a las personas que trabajan a través de plataformas digitales se les reconozca el estatus legal laboral que corresponde a su régimen de trabajo real. Tal y como estaba formulada inicialmente, la norma podría obligar a regularizar hasta 5,5 millones de falsos autónomos en toda la Unión Europea, con un coste extra para las empresas de hasta 4.500 millones de euros al año, según los cálculos de la propia Comisión.

[Las plataformas se rebelan contra la 'Directiva Rider' que les costará 4.500 millones extra al año]

Sin embargo, la vicepresidenta segunda denuncia que durante la negociación entre los Gobiernos de los Veintisiete se han flexibilizado en exceso los criterios para determinar si un trabajador es autónomo o asalariado y se han establecido numerosas excepciones. Pese a ello, el compromiso checo tenía el respaldo público de países como Francia, Italia, Polonia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Austria o los bálticos.

"El texto de directiva que se presenta hoy no cumple con las expectativas ni constituye un paso adelante para las personas trabajadoras de nuestros países", ha asegurado Díaz durante el debate público celebrado en Bruselas. La vicepresidenta segunda ha protagonizado la intervención más larga y encendida de la discusión.

"La presunción de laboralidad no es equilibrada, se ha debilitado notablemente respecto a la propuesta inicial de la Comisión y no permite la correcta clasificación de las personas que trabajan en las plataformas digitales. No se garantiza además una protección homogénea en la UE, por lo que muchos falsos autónomos seguirán muy a su pesar en una situación injusta y precaria", sostiene la vicepresidenta segunda.

"Nuestra posición responde a una firme convicción: queremos construir una transición digital justa en la que las personas que trabajan en plataformas digitales tengan los mismos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras. Es hora de poner fin a las situaciones de abuso y de precariedad en forma de falsos autónomos sin derechos, sin protección social, que vemos todos los días en las grandes ciudades de Europa", ha insistido.

"Las sentencias a favor de la laboralidad han sido unánimes en toda la UE y eso debe reflejarse en esta directiva. Estamos en un momento decisivo en el que no podemos dar pasos atrás. Lo que debatimos hoy va más allá de las personas que trabajan en las plataformas digitales: estamos hablando del futuro del trabajo y de la posibilidad de una transición digital con derechos laborales en Europa", asegura Díaz.