El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a reclamar esta semana relajar las reglas de la Unión Europea que imponen límites a las ayudas públicas para empresas. Una flexibilización que España considera imprescindible para poder gastar más rápido los fondos Next Generation y proteger a la industria en el actual contexto de crisis. "Los procedimientos de autorización todavía cuestan demasiado tiempo", denuncia el Gobierno en un documento enviado a Bruselas el 9 de enero.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha acogido con escepticismo y muchas reservas la solicitud de Sánchez. El Ejecutivo comunitario replica que los tiempos de aprobación para los fondos europeos ya son muy rápidos (un máximo de seis semanas tras recibir la solicitud). Y no acaba de entender la urgencia ni la necesidad de los ajustes que pide España.

Bruselas alega, además, que las restricciones a las ayudas públicas previstas en las reglas de la UE son necesarias para frenar un dopaje excesivo a las empresas, evitar la expulsión de los inversores privados y garantizar la igualdad de condiciones en el mercado único. El hecho de que en el caso de España se trate de dinero europeo de Next Generation (y no nacional) no significa que su impacto sea menos negativo.

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A petición de los líderes europeos (en particular de Francia y Alemania), Von der Leyen ya se ha comprometido a realizar un ajuste temporal de las reglas sobre ayudas públicas, que pasaría por simplificar las condiciones para el despliegue de energías renovables o la descarbonización de los procesos industriales. Pero no está nada claro que la reforma, que se presentará a finales de enero, vaya a incluir las peticiones de Sánchez para acelerar el despliegue de los fondos Next Generation.

"En el contexto de la puesta en práctica de los planes de recuperación de los Estados miembros, el control de las ayudas estatales ayuda a garantizar que el gasto público de los Gobiernos no desplace al gasto privado, evita una compensación excesiva (a las empresas) y garantiza la igualdad de condiciones en el mercado único", explica a este periódico la portavoz de Competencia, Arianna Podesta, al ser preguntada por la solicitud de España.

Por lo que se refiere a los grandes proyectos que requieren aprobación individualizada por la gran cantidad de subvenciones previstas, la Comisión "los trata como una cuestión prioritaria y se compromete a completar la evaluación de las medidas de ayuda estatal en un plazo de seis semanas tras recibir la notificación completa del Estado miembro", señala la portavoz.

El Ejecutivo comunitario hace valer, además, que las reglas sobre ayudas públicas ya han sido objeto recientemente de un proceso de modernización. A eso hay que sumar la reforma que se presentará a finales de mes para "hacerlas más rápidas, sencillas y predecibles" en respuesta a la crisis y a las subvenciones masivas previstas en la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos.

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En contraste con la interpretación benevolente que hace Bruselas, el Gobierno de Sánchez sostiene que "pese a las diferentes actualizaciones y marcos temporales, los procedimientos de autorización todavía cuestan demasiado tiempo, lo que es incompatible con una respuesta urgente al apoyo público masivo a las capacidades industriales en otras jurisdicciones", como Estados Unidos.

Unas restricciones que afectan de lleno al despliegue de los fondos europeos, hasta el punto de bloquearlos, según denunciaban en diciembre fuentes gubernamentales. El ejemplo más claro es el PERTE del coche eléctrico, que preveía ayudas de 3.000 millones, pero sólo se han podido adjudicar 877 millones.

Vía rápida

Por eso, el Gobierno de Sánchez reclama a Bruselas "la creación de una vía rápida temporal para los procedimientos (de aprobación) de ayudas de Estado en los proyectos incluidos en los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia aprobados". Además de los 70.000 millones de subvenciones previstos en su plan de recuperación original, España solicitará en las próximas semanas 85.000 millones en créditos, así como 7.700 millones en transferencias adicionales y 2.600 millones para proyectos energéticos en el marco del programa REPower EU.

"Una adaptación temporal de las normas sobre ayudas estatales para permitir el rápido despliegue de inversiones bajo los Planes Nacionales de Recuperación es el mejor instrumento para afrontar los retos estructurales de la industria europea y, al mismo tiempo, evitar el peligro que supone para la igualdad de condiciones una flexibilización general de los requisitos para las ayudas públicas", argumenta el documento remitido a Bruselas. 

En efecto, al Gobierno de Sánchez le preocupa que una flexibilización general (sin un capítulo específico sobre los fondos NextGen) beneficie únicamente a los Estados miembros que disponen de mayor potencia de fuego presupuestario, como Francia y Alemania. Y perjudique a las empresas de los países que no disponen de margen fiscal para dar ayudas, como España o Italia.

De hecho, en 2022, Alemania y Francia concentraron casi el 80% de las subvenciones nacionales concedidas al amparo del marco temporal de crisis de la UE para apoyar a las empresas impactadas por la guerra de Ucrania, según los datos de Bruselas.

En total, el Ejecutivo comunitario aprobó el año pasado 180 medidas nacionales para hacer frente a la crisis, cuya dotación total asciende a 672.000 millones. El 53% de la ayuda pública aprobada fue notificada por Alemania, cifra equivalente al 9,2% de su PIB. Francia ha notificado medidas que representan alrededor del 24% del total europeo (6,1% de su PIB).

En contraste, la ayuda notificada por Italia representa el 7,6% de esta cantidad (2,7% de su PIB) y la de España apenas representa el 1,73% (0,77% de su PIB). Un desequilibrio que el Gobierno de Sánchez teme que se perpetúe si Bruselas no accede a relajar las reglas también de forma específica para los fondos NexGen.