Argentina, condenada a pagar hasta 18.000 millones por la expropiación de YPF
Once años después de que Fernández de Kirchner expropiara a Repsol la petrolera YPF, la Justicia estadounidense sentencia
31 marzo, 2023 18:37La Juez Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ha condenado a Argentina a pagar hasta 19.800 millones de dólares (18.221 millones de euros) por la expropiación del 51% de YPF a la petrolera española Repsol, efectuada en 2012.
Las sociedades españolas de la familia argentina Petersen que promovieron la demanda, en una estrategia legal ideada por el administrador concursal de las mismas empresas, Armando Betancor, serán las receptoras de la indemnización. También los acreedores de las firmas españolas de los Petersen, entre ellos la misma Repsol.
Fondos internacionales que compraron los derechos del litigio tomarán buena parte de la compensación, ya que acordaron a cambio de la financiación del proceso judicial en Estados Unidos un porcentaje de la indemnización en el caso de ganar el proceso.
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"La Justicia estadounidense entiende que Argentina incumplió el estatuto de YPF al haber tomado el control del 51 % de las acciones de la compañía y no haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) de las acciones de los restantes accionistas, tal como se desprende de los artículos 7 y 28 del estatuto de YPF", explica Armando Betancor en una conversación con EL ESPAÑOL-Invertia.
En la sentencia de la Justicia estadounidense, no se impone una cantidad precisa del dinero que tendrá que pagar Argentina, pero los demandandes consideran que sí ha establecido las fórmulas para calcular la indemnización.
"La cuantía exacta de los daños oscilaría entre los 7.500 y los 19.800 millones de dólares, conforme la aplicación de las fórmulas establecidas en el propio estatuto de YPF", indica Betancor. "Para determinar la cuantía, la jueza debe determinar la fecha exacta en la que Argentina tomó control de las acciones de YPF", añade.
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"Ha sido una ardua tarea durante muchos años, teniendo dos frentes abiertos. Desde el comienzo hemos formado un equipo de trabajo interdisciplinario y sofisticado que nos ha permitido llegar hasta aquí", comenta Betancor.
El abogado español, junto con su equipo de trabajo del despacho Kepler Karst, ha impulsado y administrado el proceso judicial desde España en coordinación con tres bufetes estadounidenses que representan a las compañías en los tribunales de Estados Unidos.
"Hemos estado a la vanguardia desde el comienzo con el acuerdo de financiación de litigios que nos permitió sufragar los costos. Estamos ante un fallo histórico que tendrá repercusiones internacionales", afirma el abogado español.
Los Eskenazi y la expropiación de YPF
El acuerdo de indemnización alcanzado entre Repsol y Argentina hace once años, por el que la multinacional española obtuvo una compensación de 5.000 millones de dólares, no tuvo en cuenta a los propietarios de otro 25% del capital de YPF.
Los propietarios de esa participación eran los miembros de la familia argentina de banqueros Eskenazi, dueña del 25% de la petrolera argentina a través de dos sociedades domiciliadas en España, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.
Argentina expropió el 51% de YPF en manos de Repsol, pero no el 25% que los Eskenazi tenían en la compañía a través de las dos sociedades españolas. La familia argentina había logrado hacerse con ese porcentaje de YPF en buena parte gracias a un préstamo que les fue concedido por la propia Repsol, de 1.500 millones de euros.
Las firmas españolas de los Eskenazi se declararon en concurso de acreedores tras la expropiación anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de YPF.
La administración concursal designada por el juez mercantil español de las sociedades de los Eskenazi, liderada por Armando Betancor, promovió la presentación de una demanda en Estados Unidos contra Argentina e YPF para reclamar, al igual que hizo Repsol, una indemnización.
Al ser YPF una compañía cotizada en Estados Unidos, la demanda tenía que presentarse en aquel país. Armando Betancor logró que Burford Capital, el mayor fondo del mundo en la financiación de litigios, se hiciera cargo del proceso judicial en Estados Unidos.