La administración concursal de Zed pide que Deloitte sea considerado cómplice en la quiebra del grupo tecnológico
La administración concursal del grupo español Zed Worldwide no se explica como Deloitte no apuntó salvedad alguna en las cuentas de la compañía.
29 agosto, 2023 02:38La administración concursal de Zed Worldwide pide que Deloitte, auditora de la compañía tecnológica española y de otras sociedades vinculadas, sea considerada cómplice en la culpabilidad del concurso del grupo, y reclama una indemnización de 379.699 euros a la consultora.
Jordi Albiol Plans, designado como administrador concursal de Zed por el Juzgado Mercantil número 11 de Madrid, no se explica como una consultora como Deloitte no advirtió en sus informes de auditoría del grupo tecnológico la situación cercana a la quiebra de la compañía.
Como publicó ayer lunes este periódico, la administración concursal de Zed Worldwide ha solicitado al Juzgado que el concurso de la compañía sea declarado culpable y su presidente, Javier Pérez Dolset, condenado a pagar una indemnización de 103 millones de euros.
Deloitte auditó el ejercicio 2013 de Zed Worlwide, así como los ejercicios 2012 y 2013 de U-Tad, vinculada a Zed, y realizó otros trabajos para sociedades controladas por Javier Pérez Dolset. La firma no indicó ninguna advertencia sobre la situación de las compañías y no apuntó salvedad alguna.
La administración concursal dice en su informe de calificación, recientemente presentado en la Audiencia Nacional, donde se investiga la quiebra de la compañía, que Deloitte "en ningún caso podía concluir con un Informe u opinión favorable sin salvedades". Y requiere al Juzgado Mercantil que la consultora, así como otras sociedades y personas que trabajaron para Zed, "sean sujetos afectados y cómplices por la calificación de este concurso".
Sobre las auditorías realizadas por Deloitte de Zed y su vinculada U-tad, la administración concursal señala que, "si bien formalmente sus papeles de trabajo eran correctos", ha advertido "la concurrencia de notables irregularidades entre ambas sociedades, especialmente en lo relativo a la contabilización de los activos intangibles, y operaciones con empresas vinculadas".
Siendo el auditor de ambas sociedades, dice la administración concursal, "es imposible" que Deloitte "desconociera su evidente vinculación, y que no detectara las circunstancias irregulares entre ambas compañías".
La actuación en este sentido de la auditora "implica una necesaria connivencia, con el órgano de administración de ambas empresas, más allá de una simple falta de diligencia, es decir, con dolo y culpa grave, para acabar emitiendo una opinión de auditoría favorable, sin salvedad o irregularidad alguna (...)", afirma la administración concursal.
"No se alcanza a comprender que los auditores emitieran su opinión sin salvedades ni limitaciones a su alcance", señala el informe concursal, en el que también pide la calificación de cómplice a la firma Financial Audit & Business System Analysis, que auditó otros ejercicios de Zed Worldwide.
Deloitte, con la que se puso ayer lunes en contacto este periódico, no ha querido comentar la información.
Deloitte cobró 1,75 millones
Deloitte cobró 1,75 millones de euros por los trabajos de auditoría de Zed Worldwide y de otras sociedades dependientes, entre 2011 y 2013.
La administración concursal llama la atención "no únicamente sobre los importes cobrados, sino también sobre la tendencia ascendente de los mismos, y del importante nivel de ingresos vinculado a actividades diferentes a las propias de auditoría producidos durante el ejercicio 2012 en la matriz de la concursada".
Deloitte "incumplió su deber de independencia y objetividad, puesto que habría procedido a auditar estados financieros sobre los que habría configurado y participado de elementos contables y fiscales fundamentales", afirma el administrador concursal.
Destaca también una actividad de asesoramiento realizada por la consultora con una firma de Pérez Dolset, Bitmonlab, "que se convierte en incompatible (...)". Este hecho, añade el informe concursal, "unido a una remuneración de un importe muy elevado por servicios ajenos a la auditoría, lleva a concluir que ésta no fue realizada en un marco de plena independencia y objetividad respecto del cliente".