La Comisión Europea ha lanzado oficialmente este miércoles una investigación contra China por subvenciones ilegales a los vehículos eléctricos. Bruselas asegura haber reunido pruebas suficientes de que el reciente aumento de importaciones subvencionadas y a bajos precios de coches eléctricos chinos plantea una amenaza para la industria europea. De confirmarse estas sospechas, la UE podría imponer recargos arancelarios provisionales a los coches chinos en un plazo de nueve meses, es decir, a partir de junio de 2024.

La investigación fue anunciada por la presidenta Ursula von der Leyen durante su discurso sobre el estado de la Unión el pasado 13 de septiembre en Estrasburgo. "El sector de los vehículos eléctricos tiene un enorme potencial para la futura competitividad y el liderazgo industrial ecológico de Europa. Los fabricantes de automóviles de la UE y los sectores relacionados ya están invirtiendo e innovando para desarrollar plenamente este potencial", ha dicho la alemana en un comunicado.

"Siempre que encontremos pruebas de que sus esfuerzos se ven obstaculizados por distorsiones del mercado y competencia desleal, actuaremos con determinación. Y lo haremos respetando plenamente nuestras obligaciones internacionales, porque Europa respeta las reglas, dentro de sus fronteras y a nivel mundial. Esta investigación antisubvenciones será exhaustiva, justa y basada en hechos", asegura Von der Leyen.

[Von der Leyen lanzará una investigación contra China por subvenciones ilegales al coche eléctrico]

El Gobierno de Pekín ya ha dicho que la investigación de Bruselas es "un acto proteccionista descarado" que provocará graves distorsiones en la cadena de suministro de la industria automovilística mundial y tendrá un "impacto negativo" en las relaciones entre la UE y China. El ministerio de Comercio chino ha prometido proteger los "derechos legítimos" de sus empresas.

"Existen pruebas suficientes que demuestran que las importaciones del producto investigado originario de la República Popular China se benefician de subvenciones proporcionadas por el Gobierno de la República Popular China. Esas subvenciones han permitido que las importaciones subvencionadas aumenten rápidamente su cuota de mercado en la UE en detrimento de la industria de la Unión", señala el anuncio de apertura de la investigación publicado por el Ejecutivo comunitario.

"Las pruebas disponibles indican la probabilidad de que se produzca un aumento sustancial de las importaciones a bajo precio subvencionadas, lo que representaría una amenaza inminente de perjuicio a la ya vulnerable industria de la Unión", argumenta la Comisión.

"Este aumento de las importaciones a bajo precio y el consiguiente incremento significativo de su cuota de mercado, en un mercado en rápido crecimiento en el que se necesita una tasa de inversión significativa y sostenida para la transición del mercado de la Unión hacia la electrificación plena, llevaría a la industria de la Unión a incurrir en grandes pérdidas que podrían resultar rápidamente insostenibles", sostiene Bruselas.

El Ejecutivo comunitario ha decidido lanzar esta investigación por iniciativa propia, sin recibir ninguna denuncia formal de la industria europea. No obstante, las normas antisubvenciones de la UE estipulan que se solicitará a las empresas comunitarias del sector que colaboren con las pesquisas.

De acuerdo con los requisitos legales establecidos por las normas de la UE y la Organización Mundial del Comercio, Bruselas ha llevado a cabo consultas previas con el Gobierno chino antes de lanzar oficialmente la investigación.

La apertura del procedimiento desencadena un calendario muy estricto. La investigación debe concluir en un plazo máximo de 13 meses desde su inicio. Si está legalmente justificado, la UE podrá imponer recargos arancelarios antisubvenciones provisionales dentro de 9 meses, que se pueden convertir en definitivos (o no) cuando concluya la investigación.