El Ministerio de Industria y Turismo ha sometido a consulta pública el borrador del Real Decreto por el que se crearán el Consejo Estatal de la Pequeña y la Mediana Empresa y el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. Cualquier interesado ha tenido oportunidad de enviar sus comentarios en un plazo que termina este lunes.

El texto contempla la obligación de que se publique anualmente un listado de empresas que hayan incumplido los plazos legales de pago. En concreto, de aquellas que acumulen una deuda superior a 600.000 euros o la correspondiente, al menos, al 90% de sus facturas pendientes en un momento concreto.

[La ley de morosidad ahoga a las pymes que proveen a grandes empresas al no forzar el pago de intereses de demora]

Hay que recordar que la legislación vigente sobre morosidad establece un plazo de 60 días para que las empresas paguen las facturas a sus proveedores. De hecho, los 30 primeros días constituyen el tiempo legal para revisar que la factura se haya emitido correctamente y los otros 30 son para realizar el pago.

Unos plazos que no siempre se cumplen, lo cual deja desamparadas a muchas pequeñas empresas, que en muchas ocasiones dependen de un solo cliente y se ven obligadas a adelantar grandes cantidades para financiar sus servicios hasta que son pagados. La ley permite cobrar intereses de demora, pero en la práctica las pymes no los suelen imponer a sus clientes para no perderlos.

"La ley está bastante mal estructurada. El único árbitro que existe es judicializar el impago y lo que pasará es que la pyme perderá al cliente", lamenta Eduardo Vioque, director general de la línea de productos para minorista de Pfs. En esta situación, "habitualmente la pyme se amilana y se echa para atrás porque si su cliente estornuda, ella se constipa, y encontrar un cliente nuevo es complicado". 

Es por eso por lo que "dentro del mundo empresarial, las pymes y las micropymes, que son las que conforman la mayor parte del tejido empresarial, están más desvalidas que las grandes desde el punto de vista del cobro. Es David contra Goliat", añade Vioque.

Por qué un listado público

La creación de esta suerte de listas negras de empresas que son malas pagadoras busca, precisamente, dar aire a las pymes y micropymes, permitiéndoles conocer cómo son las empresas con las que trabajan o van a trabajar y evitar, si así lo desean, a aquellas que no abonan sus facturas en el plazo legal.

Actualmente, existen algunos registros de morosidad, como el fichero de Asnef o la CIRBE, pero no son de acceso público y una pyme tiene difícil consultar su contenido. Por eso para las empresas pequeñas sería de mucha utilidad contar con un listado de empresas que no pagan bien que sea de acceso universal.

Así, como explica el portavoz de Pfs, podrían conocer si un determinado cliente es buen pagador y, en función de ello, ofrecerle sus servicios con todas las consecuencias o, directamente, no hacerlo.

De esta forma, estos listados pueden ayudar a las pymes a no entrar en problemas de tesorería por tener que esperar más tiempo del plazo legal para cobrar sus facturas, en opinión de Vioque. "Esto hará que los malos pagadores se lo replanteen y mejorará la tasa de pago, la tasa de morosidad (que es más alta en España que en otros países) y los periodos de pago", apunta este experto.

No obstante, la propuesta inicial que se recoge en el borrador de la norma no es perfecta. Con esas condiciones, las empresas que aparezcan en los listados serán "empresas muy morosas", mientras que "se va a quedar fuera la mayoría de las empresas que son malas pagadoras". "Esta ley ayuda, pero debería estar mejor estructurada", añade Vioque.

El portavoz de Pfs considera que hay ejemplos de buenas prácticas en otros países europeos, como Estados Unidos, Australia, Reino Unido o Canadá, donde existen o bien scores (una suerte de calificación del nivel de morosidad) para todas las personas o bien ficheros de buenos pagadores.