En concreto, la tramitación de los expedientes se prolongó durante un "tiempo considerable", siendo su duración media de 355 días desde la fecha de la solicitud inicial hasta la resolución del Consejo Gestor incumpliendo, de esta forma, el plazo máximo para la resolución de las peticiones de apoyo financiero, establecido en seis meses. 

Si tenemos en cuenta el plazo medio entre la solicitud inicial y su confirmación como definitiva hablamos de que se extendió a un mínimo de 240 días, existiendo varios casos en los que el período se alargó a 420 días. 

Eso supuso que de las 30 ayudas concedidas, 23 superasen el plazo máximo de seis meses fijado para resolver estos rescates. De ellas, 20 rescates se aprobaron en un plazo de entre siete y doce meses. Y tres de ellos superaron el año.

"La significativa demora entre la fecha de solicitud y la fecha de concesión del apoyo restó eficacia al FASEE, al comprometer el cumplimiento del objetivo de que la ayuda llegase al beneficiario, oportunamente, en tiempo y cuantía", señala el Tribunal de Cuentas en su análisis. 

No obstante, la institución es consciente de que dicha demora se debió a "la complejidad de las condiciones de elegibilidad exigidas", al procedimiento establecido para su comprobación y a las "dificultades para elaborar los planes de viabilidad en un entorno de crisis e incertidumbre".

Además, la presentación de modificaciones en los planes de viabilidad durante la tramitación del procedimiento exigió que los informes de los asesores externos debieran replantearse, demorando así, aún más, la decisión final del Consejo Gestor del Fondo. Asimismo, la media de días aumenta conforme hay más solicitudes en análisis.

A pesar de las demoras, en general el Tribunal de Cuentas avala la gestión realizada por la SEPI en la gestión del fondo. En su análisis, señala que la empresa elaboró un procedimiento para tramitar las solicitudes de apoyo financiero ajustado a la normativa y muy garantista para la valoración de las solicitudes y la propuesta de resolución al Consejo Gestor del Fondo. 

Para ello, explica, "se apoyó en la contratación de asesores externos tal y como estaba previsto en la normativa reguladora del fondo". 

30 ayudas

Cabe recordar que el fondo recibió 74 solicitudes de apoyo financiero temporal por importe de 5.393 millones de euros, el 53% del importe total de 10.000 millones de euros del que se había dotado al fondo. 

El total de operaciones aprobadas ascendió finalmente a 30 por un importe de 3.256 millones de euros, el 32,5% de la dotación inicial. Entre las empresas a las que se le denegó el rescate destaca sobre todas el caso de Abengoa, que solicitó 249 millones de euros.

Uno de los aviones de la compañía. Air Europa

De las 30 empresas beneficiarias, doce son empresas turísticas, siete industriales, cinco del sector de ingeniería, cinco aerolíneas y una del sector servicios. Muchas de ellas son grandes y conocidas empresas, como Celsa (550 millones recibidos), Air Europa (475 millones), Ávoris (320 millones) y Hotusa (241 millones). Y no hay que olvidar el polémico rescate de 53 millones otorgado a Plus Ultra.

De hecho, gran parte del sector turístico ya ha anticipado 500 millones en créditos Covid a pesar de que el calendario de amortización de los préstamos recibidos por las respectivas beneficiarias se extiende hasta el año 2029.

Entre los años 2026 y 2028 está prevista la recuperación de 1.681 millones de euros, aproximadamente un 63% de las ayudas comprometidas.