Edificio de Duro Felquera.

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Duro Felguera, primera empresa rescatada por la SEPI durante la Covid-19 que solicita el preconcurso de acreedores

A. Pérez
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Actualizada

Duro Felguera, compañía rescatada por la SEPI en 2021, ha solicitado el preconcurso de acreedores ante los Juzgados de lo Mercantil de Gijón. Su finalidad es iniciar una negociación para la aprobación de un plan de reestructuración, que permita su viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible en la compañía.

Dicha solicitud de comunicación de negociación con los acreedores permitirá a Duro Felguera, suspendida de cotización desde el pasado 25 de noviembre, el desarrollo de las actuaciones oportunas para la búsqueda de una solución a los litigios que le afectan, entre otros y particularmente, los relacionados con el proyecto de Djelfa en Argelia.

El pasado noviembre, la compañía energética argelina Sonelgaz presentó ante la Cámara de Comercio e Industria de Argelia una solicitud de arbitraje contra Duro Felguera por la suspensión del contrato de Djelfa en Argelia. En dicha solicitud, Sonelgaz pide levantar la suspensión del contrato y reanudar los trabajos, así como una indemnización de unos 413 millones de euros.

Mientras, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Duro Felguera continuará con su actividad normal ejecutando los proyectos en curso.

En este contexto, Duro Felguera reexpresará las cuentas anuales de los ejercicios 2022 y 2023, así como también los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2024, que pretende completar la próxima semana.

Así, la ingeniería asturiana ha informado a la CNMV de que el consejo de administración se reunirá esta semana, previsiblemente, para la aprobación de los estados financieros intermedios de 2024.

Duro Felguera registró pérdidas de 26,3 millones de euros en el primer semestre del año, frente a las ganancias de 1,56 millones obtenidas en el mismo periodo del año anterior.

Cabe recordar que la empresa fue rescatada en 2021 por la SEPI con 120 millones de euros, tras casi un año negociando con la banca acreedora, el Ministerio de Hacienda y el Principado de Asturias.