Fachada de la sede de Grifols en Coslada (Madrid).

Fachada de la sede de Grifols en Coslada (Madrid). Ricardo Rubio Europa Press

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Grifols coloca 1.300 millones de euros en deuda al 7,125% y logra alargar 18 meses su línea de crédito revolving

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Grifols intenta mejorar su delicada salud financiera antes del cierre de año. Tal y como ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía de hemoderivados ha realizado una colocación privada de deuda por valor de 1.300 millones de euros, y ha logrado una extensión de 18 meses de la mayor parte de su actual línea de crédito revolving multidivisa.

El grupo catalán ha colocado bonos garantizados a valor nominal del 7,125% con vencimiento en mayo de 2030. Los ingresos netos de la emisión se utilizarán, junto con el efectivo disponible, para amortizar en su totalidad antes del próximo 31 de diciembre los bonos sénior garantizados al 1,625% con vencimiento en febrero de 2025, liquidar completamente los préstamos revolving pendientes con vencimiento en noviembre de 2025, así como para “fines corporativos generales”.

Asimismo, Grifols ha conseguido una extensión de año y medio de “la mayor parte” de su actual línea de crédito revolving multidivisa, con un nuevo vencimiento a mayo de 2027.

El cierre de los bonos y la extensión de la línea de crédito revolving, cada uno de los cuales está sujeto a las condiciones de cierre habituales, se estima que se produzca “en o alrededor” del 19 de diciembre, y “serán neutros desde el punto de vista del apalancamiento”.

“Estas transacciones concluyen el proceso de mejora del balance de Grifols y son plenamente consistentes con las prioridades clave de la sociedad de mejorar la generación de flujo de caja, y la gestión proactiva y prudente de los vencimientos y niveles de su deuda”, resalta la compañía sobre su refinanciación ante el supervisor de los mercados.

Grifols logra estos avances un día después de que el fondo Flat Footed, propietario de un 4,6% de su capital social, pidiera una reforma rápida del consejo de administración por los fuertes conflictos de interés en su seno interno. 

El fondo denuncia conflictos de interés en el consejo, en los miembros de la familia Grifols y en Tomás Dagá como socio de Osborne Clarke España.