La SEPI, contra las cuerdas: la situación de Duro Felguera, Air Europa, Air Nostrum y otras cuestiona sus rescates
- A pesar de ello, el Tribunal de Cuentas avaló a la entidad pública y, de hecho, criticó la dilación a la hora de otorgar las ayudas.
- Para más información: La SEPI tardó entre 7 y 12 meses en aprobar la mayoría de rescates por la Covid, por encima del plazo fijado
Durante la pandemia, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fue la encargada de gestionar el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), que concedió 30 ayudas económicas a empresas en aprietos por la Covid-19 entre 2020 y 2022. Cuatro años después, el anuncio del preconcurso de acreedores de Duro Felguera, la petición de Air Nostrum de renegociar el calendario de pagos o la vinculación de Air Europa con el Caso Koldo ponen en entredicho los rescates otorgados a algunas compañías.
El de Duro Felguera es el ejemplo de mayor actualidad, pues fue esta misma semana cuando presentó ese preconcurso de acreedores para ganar tiempo y tratar de refinanciar su deuda, algo que sus prestamistas ven poco probable. En su momento, el rescate de la compañía asturiana, de 120 millones de euros, ya fue controvertido.
Desde 2017, enfrentaba problemas por la pérdida de grandes contratos y retrasos en proyectos, lo que terminó por deteriorar sus ingresos, así como su cotización en bolsa. De hecho, en 2019 la empresa ya había solicitado apoyo público para evitar su liquidación, de manera que la vulnerabilidad de 2020 no era una consecuencia exclusiva de la pandemia.
Por eso mismo, se llegó a cuestionar si un rescate que finalmente fue otorgado sólo iba a beneficiar a los acreedores de la compañía, en lugar de garantizar la viabilidad a largo plazo de Duro Felguera. Asimismo, pese a la relevancia de la empresa en su sector, se señaló que la ayuda no era sino una solución temporal para una empresa con problemas estructurales.
Los escándalos políticos, por su parte, han salpicado al rescate de Air Europa. La compañía fue la primera en recibir esta ayuda, en su caso de 475 millones (a través de un préstamo participativo de 240 millones y otro préstamo ordinario de 235 millones). Una ayuda que también se complementó con un crédito ICO de 141 millones.
En un principio, el rescate se entendió como necesario. Y más para ayudar a que Iberia consiguiera completar la compra de la aerolínea, que cuatro años después finalmente se frustró.
Pero, de repente, una denuncia de Manos Limpias vinculaba a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con el holding Globalia, propietario de Air Europa. La primera dama habría mantenido reuniones en la sede de Globalia con Javier Hidalgo, por entonces consejero delegado del grupo, antes del rescate, por lo que se le acusaba de tráfico de influencias. Sin embargo, un informe de la Guardia Civil la desvinculó.
Tras estos, el caso Koldo estalló en el grupo turístico. La investigación demuestra que el asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, organizó las reuniones que cristalizaron en la intervención del Gobierno. Asimismo, el comisionista Víctor Aldama también participó en las negociaciones del rescate, llegando incluso a reunirse con Nadia Calviño, exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía.
Todo esto ha puesto en una situación complicada tanto a la SEPI como a Globalia, que no ha dejado de defenderse de estos ataques: "La determinación de dichos préstamos se hizo conforme a los estrictos criterios establecidos por la SEPI, que previamente llevó a cabo las valoraciones pertinentes para determinar la cuantía y el procedimiento a seguir", aseguran fuentes de la aerolínea a este periódico.
Defensa que se suma a la de Javier Hidalgo, quien recientemente cargó contra Volotea para tratar de hacer ver que no habían tenido ningún trato de favor, mientras otras aerolíneas sí. "Volotea con el 90% de los vuelos operados fuera de España y con la mitad de pasajeros que Air Europa recibió un crédito del ICO (de 145 millones)", dijo en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado.
Y lo cierto es que Volotea también está en aprietos. En noviembre de este año consiguió retrasar el pago de una deuda de 36,2 millones de euros tras renegociar con la SEPI (que le otorgó un rescate de 200 millones) y los bancos que le concedieron un préstamo ICO. La compañía se aseguró así la liquidez necesaria para hacer frente a sus obligaciones y mantener el vuelo.
Caso parecido es el de Air Nostrum. Esta misma semana en la que Duro Felguera hacía patentes sus problemas de viabilidad, la aerolínea valenciana revelaba que estaba renegociando el calendario de pagos con la SEPI, el ICO y los bancos una reestructuración del calendario de pagos de los créditos que solicitó durante la pandemia de la Covid-19.
En total, hablamos de 240 millones de los que lleva pagados 75 millones de euros en concepto de intereses y de amortización de la deuda.
"En ningún caso se ha pedido una quita ni de los intereses ni de la deuda", señalan fuentes de la compañía a EL ESPAÑOL-Invertia, que reiteran que lo único que quieren es "retrasar los pagos al vencimiento de la deuda en 2028".
Air Nostrum fue la tercera aerolínea en solicitar un rescate a la SEPI por 111 millones (cifra superior a los 103 millones que inicialmente iba a pedir). Tras seis años registrando beneficios, en 2019 obtuvo unas pérdidas de 129 millones de euros fruto de la pandemia.
El Consejo de Ministros avaló esta ayuda por ser una aerolínea que contaba por entonces con 1.400 trabajadores, generaba más de 2.000 empleos indirectos y trabajaba con más de 900 proveedores. Además, compartía y comparte actualmente una alianza con Iberia para realizar vuelos regionales.
Una defensa de su carácter estratégico (requisito necesario para recibir ayudas del fondo) que no sirvió con Plus Ultra. Desde un inicio su rescate, por valor de 53 millones, fue muy cuestionado por varias razones. Una de ellas fue su escaso peso en el sector turístico.
En esos años contaba con una plantilla directa de 345 personas y generaba 2.500 empleos indirectos. Con entre dos y cuatro aviones, su negocio estaba basado en vuelos chárter a destinos latinoamericanos y su tráfico por entonces era muy bajo (156.139 pasajeros en 2019).
Además, Plus Ultra se salvó de la quiebra justo dos años antes de que el propio Gobierno saliera en su rescate. Y entre 2014 y 2019 acumuló 10,8 millones de euros de pérdidas. Es decir, no tuvo ni un solo año de beneficios desde que iniciara sus vuelos en 2015. Y, por último, se la relaciona con el régimen venezonalo.
Su caso fue tan polémico que acabó en los tribunales. Pero en enero de 2023, el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid dictó un auto de sobreseimiento y archivo de la causa contra la aerolínea Plus Ultra.
La sentencia determinó que no existían indicios delictivos de ningún tipo contra los consejeros de SEPI ni contra Plus Ultra y manifiesta, asimismo, que la aerolínea no ocultó información ni tuvo intención alguna de defraudar al solicitar la financiación concedida. De hecho, a pesar de todo el revuelo, la aerolínea sí está cumpliendo con los plazos de pago.
Celsa y Tubos Reunidos
Otro caso sonado es el de Celsa, que recibió el mayor de los rescates de la SEPI: en total fueron 550 millones de euros. Pese a ser uno de los mayores fabricantes de acero del país, la compañía acumulaba desde antes de la pandemia una deuda cercana a los 2.000 millones de euros que, además, generaba ciertas tensiones con sus acreedores.
La deuda no era sino fruto de su estrategia de crecimiento a través de adquisiciones y su expansión en otros mercados. No ayudó el golpe de la pandemia, con la caída de la demanda en el sector de la construcción, que agravó su delicada situación financiera.
El rescate de la SEPI generó tensiones entre los acreedores internacionales de Celsa y los Rubiralta, familia propietaria de la compañía. Los primeros querían tomar el control de la empresa como condición para reestructurar la deuda, al tiempo que los segundos trataron de mantener el control gracias al apoyo público.
Eso mismo fue objeto de crítica y llevó al debate de la pertinencia de rescatar a un empresa que tenía la posibilidad de acceder a capital privado, con la contraparte de que ello implicara que los Rubiralta perdieran el control de Celsa. Con el rescate, la empresa pudo seguir operando, si bien siguen vivas las disputas con sus acreedores.
Por su parte, Tubos Reunidos recibió un rescate por valor de casi 113 millones, si bien ya enfrentaba dificultades antes de la pandemia debido a una caída de la demanda en la industria energética, especialmente en el sector del petróleo y gas. En 2019, registró pérdidas de 31 millones y un nivel de deuda elevado.
Aunque la crisis sanitaria acrecentó sus problemas, se criticó que los problemas financieros que presentaba en 2020 eran estructurales. Al tiempo, se cuestionó el impacto estratégico de la compañía como para merecer el rescate de la SEPI. A día de hoy, y aunque logró reestructurar parte de su deuda, Tubos Reunidos no presenta la mejor situación.
Informe del Tribunal de Cuentas
A pesar de ello, el Tribunal de Cuentas avaló a la SEPI en la gestión de fondo de ayuda a empresas afectadas por la pandemia de la Covid.
Lo hizo en un informe publicado en septiembre de este año. En el documento aseguró que estas ayudas se concedieron en función de 13 criterios de elegibilidad prefijados por la Comisión Europea y la SEPI "aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación".
Pero afeó el tiempo excesivo en otorgar estas ayudas, siendo de media 355 días (por encima de los seis meses de plazo establecido). No obstante, los rescates que más rápido se dieron son los que ponen ahora en entredicho la labor de esta sociedad pública dependiente del Ministerio de Hacienda.
Nos referimos a los préstamos otorgados a Air Europa (475 millones), Duro Felguera (120 millones) y Plus Ultra (53 millones). Para el primero se precisaron 70 días desde que se solicitó el 20 de agosto de 2020 y fue aprobado por el Consejo Gestor el 29 de octubre. Para el segundo fueron 187 días y para el tercero 182.
Cabe recordar que el fondo recibió 74 solicitudes de apoyo financiero temporal por importe de 5.393 millones de euros, el 53% del importe total de 10.000 millones de euros del que se había dotado al fondo.
El total de operaciones aprobadas ascendió finalmente a 30 por un importe de 3.256 millones de euros, el 32,5% de la dotación inicial. Entre las empresas a las que se le denegó el rescate destaca sobre todas el caso de Abengoa, que solicitó 249 millones de euros.
De las 30 beneficiarias, doce son empresas turísticas, siete industriales, cinco del sector de ingeniería, cinco aerolíneas y una del sector servicios.