Ultimátum de Bruselas a España por no garantizar la igualdad de trato en las concesiones de chiringuitos
Ultimátum de Bruselas a España por vulnerar la igualdad de trato en las concesiones de chiringuitos
- La Comisión lleva a nuestro país ante el TJUE por no haber transpuesto correctamente las directivas sobre contratación pública.
- Más información: Bruselas expedienta a España por la adjudicación irregular de locales permanentes en la costa
Ultimátum de Bruselas a España por no garantizar la igualdad de trato en las concesiones de chiringuitos. La Comisión Europea ha decidido este lunes enviar a nuestro país un dictamen motivado -segunda fase de un procedimiento de infracción- por incumplir la directiva de servicios en la adjudicación y prórroga de concesiones costeras, como chiringuitos o piscifactorías.
Las autoridades competentes disponen ahora de un plazo de dos meses para adoptar medidas correctivas que resuelvan las preocupaciones del Ejecutivo comunitario. En caso contrario, Bruselas podría denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
En concreto, la Comisión ve contrario a derecho comunitario adjudicar concesiones para construir locales permanentes en el dominio público marítimo-terrestre simplemente mediante una solicitud previa seguida de una fase de información pública con plazo de veinte días, tal y como prevé la normativa española.
De hecho, la directiva de servicios de la UE establece explícitamente la obligación de llevar a cabo un procedimiento de selección imparcial y transparente, lo que a juicio del Ejecutivo comunitario no está garantizado en España.
La Comisión considera asimismo que prorrogar la duración de estas concesiones con arreglo a la legislación nacional, que en algunos casos permite hacerlo hasta 75 años, infringe la misma disposición en la medida en que supone un derecho preferente en favor de los operadores establecidos.
Finalmente, la normativa española restringe indebidamente la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que obstaculiza el acceso a las concesiones por parte de operadores de otros Estados miembros.
Contratación pública
En paralelo, Bruselas ha decidido este lunes llevar a España ante el TJUE por no haber incorporado correctamente a su legislación nacional la directiva sobre contratación pública, la directiva sobre contratación pública en los sectores de los servicios públicos y la directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión
Estas normas, que los Estados miembros debían transponer a su ordenamiento jurídico nacional a más tardar el 18 de abril de 2016, obligan a los Estados miembros a aplicar procedimientos imparciales y transparentes. El objetivo es abrir los mercados de servicios a una auténtica competencia entre las empresas de toda la UE para garantizar la mejor relación calidad-precio en las contrataciones públicas.
Sin embargo, hasta la fecha, España no ha introducido los cambios necesarios en su legislación para que sea compatible con todas las obligaciones derivadas del derecho de la UE, según la evaluación realizada por la Comisión Europea. La legislación española se aparta considerablemente de las normas de la UE en la definición de los poderes adjudicadores, los tipos de contratos y las modificaciones de contratos cubiertos por la directiva.
