Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, rodeado de logos de empresas.
El "triángulo virtuoso" de Sánchez sólo avanza por un "ángulo": la intervención del Gobierno en las empresas
El Gobierno ha reforzado su intervencionismo en el sector privado en esta legislatura.
Más información: General Dynamics rechaza la venta de Santa Bárbara y frena los planes de Indra para ser 'campeón nacional'
La legislatura acababa de empezar y Pedro Sánchez era una de las estrellas en el Foro de Davos de 2024. Allí defendió que su Gobierno planeaba gestar un "triángulo virtuoso formado por el sector privado, el Estado y la sociedad civil que nos permita garantizar la prosperidad económica".
En el año y dos meses que han pasado desde entonces, sólo ha avanzado uno de los lados del triángulo: el del Estado, y lo ha hecho sobre el de las empresas.
Por entonces, el presidente del Gobierno defendía un papel más activo del Estado en la economía, aludiendo a una mayor colaboración público-privada. Sin embargo, esta intención se ha traducido en un mayor intervencionismo en el sector privado español.
En particular, en grandes empresas. A lo largo de este año, Moncloa ha gestionado varias intervenciones en algunas de las principales instituciones privadas del país, tanto en aquellas en las que tiene presencia como aquellas en las que no.
Son varias las empresas que han protagonizado las crónicas económicas del intervencionismo del Ejecutivo desde que Sánchez usara la metáfora del triángulo virtuoso para referirse a sus políticas: Indra, Talgo, Prisa, Criteria, Naturgy... Pero si un nombre resalta por encima de todos los demás es Telefónica.
Con el argumento de asegurar la españolidad de la compañía (y hacer contrapeso a la saudí Stc), el Ejecutivo culminó el año pasado su desembarco en el accionariado de Telefónica a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).
Esta operación ha llevado al Gobierno a convertirse en el principal accionista de la teleco y a remover los cimientos de su equipo directivo. Entre un viernes y un sábado del pasado mes de enero, Moncloa precipitó el cese de José María Álvarez-Pallete, por entonces presidente ejecutivo de la compañía desde 2016.
La nueva cara visible de Telefónica es Marc Murtra, hombre de confianza del Gobierno con fuertes vínculos con el Partido Socialista Catalán. Una figura que velará por los intereses de la Administración Pública en Telefónica, compañía que está reconfigurando de arriba abajo.
Unos intereses por los que Murtra ya velaba cuando estaba al frente de Indra. Otra compañía en la que el Ejecutivo es el máximo accionista y cuyas fichas está moviendo para dar forma a un gran campeón nacional en el sector de la Defensa.
De hecho, Moncloa ha presionado para que, ya bajo la presidencia de Ángel Escribano, la compañía tecnológica adquiera activos para gestar ese rol. El primer paso es adquirir Santa Bárbara, o parte de esta compañía. Sin embargo, General Dynamics, el grupo estadounidense a la que pertenece, no cede a la venta.
El intervencionismo del Gobierno no se ha ejecutado únicamente entrando en el accionariado de las compañías. También se han bloqueado y redirigido importantes operaciones corporativas, como ha ocurrido en el caso de Talgo.
Usando el escudo anti-opas, Moncloa bloqueó la oferta pública de adquisición (opa) de Magyar Wagon por el fabricante ferroviario. ¿Las razones? El Ejecutivo considera Talgo una empresa estratégica y aludió a motivos de Seguridad Nacional, especialmente por los lazos que Magyar Wagon tiene con el Gobierno de Hungría, simpatizante a su vez de la Rusia de Vladimir Putin.
A partir de ahí, se ha dirigido la venta del capital mayoritario de Talgo a un comprador que, como en Telefónica, pueda conservar la propiedad española de la compañía.
En una operación pactada con el Gobierno de País Vasco, la elegida ha sido la siderúrgica Sidenor, aunque la operación todavía no está cerrada del todo y quedan importantes flecos por culminar, como la financiación. No se descarta que el Ejecutivo pueda, todavía, mover ficha a través de la SEPI.
Tampoco que Criteria Caixa tenga que entrar en esta jugada. El brazo inversor de CaixaBank sufre frecuentes presiones por parte del Ejecutivo para que, con su financiación, apoye estos movimientos estratégicos.
De hecho, Ángel Simón, consejero delegado de Criteria, estuvo presente en la reunión en la que, en el complejo de La Moncloa, se comunicó a Álvarez-Pallete su cese como presidente de Telefónica, compañía en la que Criteria es segundo máximo accionista.
El último favor de Criteria al Ejecutivo ha sido devolver su sede social y la de la Fundación La Caixa a su emblemática sede en Barcelona, siete años y medio después del estallido del procés. Un movimiento con el que se quiere respaldar al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat y sus planes para reindustrializar Cataluña.
En el horizonte está Naturgy. Pedro Sánchez quiere tener mano en el sector energético, y la manera de hacerlo es estar dentro de uno de sus gigantes españoles. Naturgy y las batallas por el control de su consejo de administración representan una oportunidad para el Ejecutivo. Sobre todo teniendo en cuenta que el accionista mayoritario es Criteria Caixa.
El intervencionismo de Moncloa también está llegando al ámbito mediático. No hablamos del registro de medios de comunicación o de los cambios que prepara el Ejecutivo en el reparto de la publicidad institucional. El objeto de deseo es el Grupo Prisa.
El Gobierno ha puesto en marcha los movimientos para lanzar un nuevo espacio en la televisión digital terrestre (TDT) con el plan de que fuera a parar a los dominios de Prisa. Una televisión de izquierdas que representara, desde el ámbito privado, los intereses del Gobierno.
Empresarios aliados del PSOE han estado preparando el terreno para ello, de manera que ellos financiaran el mantenimiento de la nueva televisión y Prisa generar los contenidos.
Sin embargo, los riesgos económicos que podría entrañar la operación han llevado a que Joseph Oughourlian, el presidente y principal accionista de Prisa, rechace y anule la operación, enfrentándose al Gobierno de Sánchez por el camino.
Ello está llevando a una batalla con escasos precedentes en el seno del grupo mediático. Tanto es así, que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, y el presidente de Telefónica, Marc Murtra, se han reunido con Vivendi para forzar a su consejero delegado a vender sus acciones en Prisa a los accionistas favorables al Gobierno.
Por otro lado, y en el futuro, el Gobierno también puede llegar a tener un papel clave en la gran operación corporativa que se está disputando en el sector financiero: la opa de BBVA sobre Banco Sabadell.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha indicado en innumerables ocasiones que el Gobierno se opone a esta operación, que, bajo su punto de vista, perjudica a la oferta financiera.
En este sentido, Sabadell se está asegurando el apoyo del Gobierno con gestos como haber sido la primera gran entidad empresarial que ha vuelto a Cataluña con Salvador Illa al frente de la Generalitat.
Así, el triángulo virtuoso de Sánchez ha experimentado una evolución propia hasta ahora. Curiosamente, el presidente del Gobierno volvió a mencionar esta expresión en enero, pero esta vez no en Davos si no durante el Spain Investor's Day que se celebraba en Madrid.
Se centró los logros económicos: transformación y crecimiento estratégico gracias a la apuesta por el talento, apuesta por el sector exterior y saneamiento financiero, tres patas más concretas que las de Davos, pero que también adolecen de flaquezas.
El crecimiento en sectores de valor añadido, como el tecnológico o los servicios financieros, del que presume el presidente y que sitúa en el 18% de PIB español, tiene un claro hándicap en la parte del talento y la innovación. Las empresas más avanzadas sufren con dureza el problema de las vacantes y la falta de mano de obra cualificada.
Por otro lado, es cierto que las cifras de empleo son positivas y se han creado más de 2,5 millones de puestos en seis años, pero eso no obsta para que una buena parte sean a tiempo parcial y con salarios que no compensan los precios y la inflación de los últimos años.
Presumir en ese contexto de acabar con pleno empleo sólo se explica porque en Moncloa se han subido ese listón a tener un 8% de paro estructural (inevitable por la rotación laboral), un nivel que expertos e instituciones marcan en el 4%.
En lo que respecta al sector exterior, la gran baza que cuadra las cifras es la bajada de los precios de la energía a nivel mundial, que siempre ha sido la mayor parte del déficit español por cuenta corriente.
Los ingresos por turismo sostienen la economía con más de un 12% del PIB y aguantan el empleo estacional, mientras que el número de exportadores regulares tiene un techo en los 60.000 al año difícil de superar.
En el tercero de los lados del triángulo de Sánchez era el del saneamiento de la posición financiera del país, con la deuda pública atascada en el 100% del PIB sin dejar de subir en términos absolutos y con escaso margen para emitir mucho más, a riesgo de huida de los inversores internacionales.
Ahora, el presupuesto europeo en defensa ha venido a recalcar esa ecuación, a pesar de que Europa va a relajar las reglas fiscales.
Ahorro
Aún así, el presidente se jactaba de unos hogares y empresas que "gastan e invierten pero ahorran más que en anteriores fases expansivas" y una "extraordinaria salud" del sistema bancario y las finanzas públicas.
El hecho de que empresas y hogares ahorren no es otro que el temor a una incertidumbre económica que agobia, con la vivienda en máximos y una amenaza de freno a la bajada de tipos que va a mantener elevados los gastos financieros de cualquier ciudadano.
