La industria fintech fía su sandbox al consenso de los partidos tras las elecciones

La entrada en vigor del esperado sandbox regulatorio para las fintech vuelve a pender de un hilo. La convocatoria anticipada de elecciones confirmada este viernes, tras el rechazo a los Presupuestos del Gobierno, amenaza con dejar en dique seco una vez más el proyecto que busca situar a España en la vanguardia mundial de esta industria.

Desde el sector lo tienen claro: solo el consenso que han venido manteniendo los partidos políticos sobre la urgencia de esta herramienta podría salvar el trabajo avanzado hasta ahora. Es el clavo ardiendo al que se agarra toda la industria, como quedó patente en el encuentro ‘Sandbox: realidad y utilidad para el mercado español’, organizado este jueves en Madrid por las patronales fintech e insurtech (AEFI), banca (AEB), cajas de ahorros (CECA), cooperativas de crédito (Unacc) y seguros (Unespa).

Hasta en el Tesoro Público, organismo responsable del proyecto normativo que aún debe pasar por el Consejo de Ministros antes de iniciar su trámite parlamentario, se aferra a la buena voluntad de los políticos para sacar adelante el proyecto si esta legislatura termina antes de tiempo. Así lo explicó Carlos San Basilio, secretario general de la institución, que reconoció que, aunque “ha habido mucho apoyo, se prevé que los partidos soliciten ciertas modificaciones”. Un debate que alargaría los plazos hasta en el mejor de los casos y que siempre “dependerá de lo que anuncie el Gobierno este viernes”, puntualizó. Y lo que ha anunciado es que el 28 de abril habrá elecciones.

Con las elecciones convocadas para el 28 de abril, el último día de trabajo en el Congreso será el 5 de marzo, un espacio de tiempo demasiado corto

En este sentido, la clave está en el calendario. Aunque los trabajos para el envío del ‘sandbox’ al Congreso están muy avanzados, y se espera que pudiera producirse “en las próximas semanas”, esos plazos coinciden con los trámites previos a la celebración de elecciones, con lo que podría no haber tiempo suficiente para su aprobación. Y San Basilio descarta un real decreto para asegurar su entrada en vigor, pues no considera justificado recurrir a esta figura. De este modo, una vez que el Gobierno ha fijado la próxima cita con las urnas para el 28 de abril, la tercera posible de las fechas con las que se había especulado para ello, el último día de trabajo en el Congreso será el próximo 5 de marzo. Un espacio de tiempo probablemente demasiado corto para la aprobación del sandbox.

A pesar de este escenario, las partes implicadas recuerdan que el proyecto partió del Gobierno de Rajoy, de la mano del ministro Román Escolano, y que la socialista Nadia Calviño tomó el testigo asumiendo todo el trabajo realizado hasta entonces. Un argumento para la esperanza de que el sandbox podrá repetir la hazaña y seguir su tramitación más adelante a pesar del parón que podría acarrear la convocatoria electoral y la formación de un nuevo Gobierno. Eso sí, con una demora cada vez mayor a causa de los sobresaltos políticos.

“LA CARRERA POR EL SANDBOX NO ES EUROVISIÓN”

En este sentido, Raúl Saugar, asesor de la Secretaría General del Tesoro señaló que aún con la consulta pública cerrada cuando Calviño tomó posesión de su cartera, esto no afectó “ni a los tiempos ni al desarrollo del proyecto” y no ve impedimento para que “así lo siga siendo”. Así, destacó los “enormes esfuerzos” que se han hecho para lograr un amplio consenso tanto dentro de la industria fintech como con los reguladores y con las fuerzas políticas parlamentarias.

"No se trata de ser el sexto o el décimo país en estrenarlo, sino de tener un sandbox que sea lo mejor y más claro posible"

Los posibles retrasos que podrían avecinarse tampoco son un gran motivo de preocupación para Saugar. “La carrera por el sandbox no es Eurovisión, hay que tenerlo y que sea lo mejor y más claro posible, pero no se trata de ser el sexto o el décimo”, enfatizó. Un discurso que desde la industria no se comparte enteramente, pues inicialmente se había pedido al Gobierno que tuviese listo el marco regulatorio blando antes de que acabase el año y Rodrigo García de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), está convencido de que cuanto más se retrase su puesta en marcha, más posibilidades hay de que las iniciativas pioneras que ahora se están gestando en España “se vayan a otro sitio”.

Mientras tanto, en Europa ya hay seis modelos de sanbox fintech en marcha (Dinamarca, Holanda, Polonia, Reino Unido, Lituania y Suiza), mientras que uno más se está ultimando para su lanzamiento en Hungría. Además, Víctor Rodríguez Quejido, director general de política estratégica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) explicó que también existen 25 ‘innovation hubs’, si bien el español está abierto desde diciembre de 2016.

LA DEMORA NO TERMINA EN EL CONGRESO

El experto de la CNMV ha subrayado que la necesidad del sandbox se intuye también en la propia dinámica del ‘hub’ español, pues “un 70% de las consultas que resuelve están vinculadas con plataformas de financiación participativa, blockchain y roboadvisors”, tres piezas clave de la industria fintech.

Desde la industria se apunta a que una vez superados los trámites burocráticos, la puesta en marcha definitiva aún se demoraría un tiempo más allá. Esto se debe a que se ha apostado por un modelo como el de Reino Unido en cuanto al reclutamiento de participantes: diferentes convocatorias de selección de proyectos con varias cribas. Además, los seleccionados tendrían luego que terminar de conformar su universo de clientes voluntarios de prueba, que deben ser convenientemente informados de los riesgos que asumen y asumir la confidencialidad que cada proyecto necesite.

Por su parte, José Manuel Marqués, jefe de innovación financiera del Banco de España, descartó que como ocurre en algunos marcos regulatorios blandos más avanzados como el de Singapur se den excepciones a la normativa general a aplicar a cada empresa. Así, incidió en la necesidad de que “no haya diferencias de trato” y de que se asegure “una alta protección al usuario, lo que incluye la determinación de las compensaciones exigibles en cada caso”.