El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado al ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, y a otras ocho personas para que declaren esta semana en calidad de investigados por presuntos delitos de cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González al ex comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

Según informan fuentes jurídicas, además de Corrochano ha sido citada como imputada su sustituta en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

Asimismo, el juez ha llamado como investigados al que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, al miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.

En esta misma 'tanda' de declaraciones se cita al abogado y socio de Villarejo Rafael Redondo, con quien gestionaba, entre otras, la mercantil CENYT a través de la que se gestionaban los contratos con el BBVA, de acuerdo a los investigadores.

Las declaraciones comenzarán este jueves 4 de julio a las 10:45 horas, cuando pasarán ante el juez y los fiscales Anticorrupción Pérez Caballero y Cano. Ya por la tarde (16:15) están citados Malagón, Béjar y Gómez Barrero. El viernes 5 a las 9:30 horas será el turno de Díaz Ochagavia, Campo Campuzano, Redondo y Corrochano.

UNA PIEZA QUE ES YA UNA CAUSA

Se trata de la novena pieza separada del llamado caso Tándem, que investiga las actividades ilícitas de Villarejo y entre las que figuran contratos millonarios para desempeñar supuestas labores de inteligencia para el BBVA, tareas estas en las que de acuerdo a los investigadores se habría servido de su condición de policía y que habrían incluido escuchas y espionaje a miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

De acuerdo a las mismas fuentes consultadas, la relación entre mercantiles del comisario, como el grupo CENYT, y BBVA se habría prolongado durante una década en la que se sucedieron encargos para tareas diversas, lo que ha convertido esta pieza separada en una 'macrocausa' en sí misma con numerosas ramificaciones, incluida la que señala directamente a Corrochano como presunto interlocutor de Villarejo con la dirección del banco.

La parte más conocida de esta pieza que permanece bajo secreto es la relativa a la 'operación Trampa', el despliegue que habría orquestado el comisario para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.

Según publicaron Moncloa.con y El Confidencial, Villarejo facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián; personado como acusación en la causa.

Tras difusión de la existencia de aquellos negocios con Villarejo a principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA Francisco González presentó su renuncia al cargo y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación internas para esclarecer los hechos.