El juez sospecha que la cúpula del BBVA consintió contratar a Villarejo
- El auto de imputación al BBVA señala la posible "tolerancia" de prácticas contrarias a la buena fe empresarial
- La entidad será investigada por posibles delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios
El juez del caso Tándem, Manuel García Castellón, sospecha que la "cúpula" del BBVA consintió la contratación del excomisario José Villarejo para tareas de información y espionaje, en vista del "beneficio personal y empresarial" que le reportaban.
Según un fragmento del auto de imputación al BBVA al que ha tenido acceso Efe, el magistrado ve necesario determinar si el banco puso en marcha medidas para evitar el delito, o si, por el contrario, "la ausencia de mecanismos de control" y "la tolerancia con prácticas contrarias a la buena fe empresarial" fueron "medios de los que el banco pudo haberse valido para facilitar la contratación" de Villarejo.
Todo ello, dice el juez, presuntamente "consentido por la cúpula del propio banco" por "el beneficio personal y empresarial" que le reportaban esos servicios del excomisario.
García Castellón decidió el lunes imputar al BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos que hizo durante años al excomisario a cambio de trabajos de espionaje.
La decisión del juez se conoce justo antes de que el banco presente sus cuentas trimestrales el próximo miércoles. Y tres días después de que el actual presidente de la entidad, Carlos Torres, mandase un mensaje al mercado al asegurar el "firme compromiso" del banco "con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de la ley, para lo que continuaremos colaborando activamente con la justicia”.
En un comunicado, BBVA aseguraba que ha aportado información a la causa desde su inicio, “incluso con anterioridad a la apertura de la pieza nº 9”. Torres también explicaba que la entidad ha compartido también los hallazgos relevantes de la investigación ‘forensic’ encargada hace seis meses a Garrigues, Uría Menéndez y PwC, “información que no estamos autorizados a difundir públicamente dada la exigencia de no interferir en la investigación judicial”. Aun así, el futuro del presidente del banco está en juego. Sobre todo por el daño reputacional que causaría una imputación que abarca el periodo en el que el propio Torres era número dos de la entidad.