El banco italiano Carige, intervenido desde enero por el Banco Central Europeo (BCE), ha alcanzado un acuerdo con inversores privados para aprobar una ampliación de capital de 700 millones de euros (unos 788,8 millones de dólares) y evitar su quiebra.

La entidad informó anoche del acuerdo en un comunicado y detalló que los sujetos participantes son el Fondo Interbancario de Garantía de Depósitos (FITD), la Cassa Centrale Banca-Crédito Cooperativo Italiano (CCB), la Sociedad de Gestión de actividades (SGA) y otras instituciones financieras líderes.

Además de la ampliación de capital, se emitirán "warrants" (opciones sobre acciones) y un nuevo préstamo subordinado clasificable como instrumento de capital Tier2 por valor de 200 millones de euros.

Se reconocerá una serie de acciones libres con un valor de 10 millones de euros a favor de los accionistas actuales contra las acciones por debajo de un cierto umbral y el Fondo de Garantía otorgará a CCB una opción de compra de todas sus acciones ordinarias tras el aumento de capital.

Banco Carige ha definido este acuerdo vinculante como "un paso fundamental en el proyecto de reorganización del banco y la combinación de negocios iniciada, con una fuerte connotación industrial". La solución debe ser aprobada por los accionistas del banco en una junta que se convocará próximamente y también por los órganos de supervisión correspondientes.

La entidad fue intervenida el pasado enero por el BCE, después de que en diciembre la junta de accionistas no consiguiera aprobar una emisión de bonos y una ampliación de capital por valor de 400 millones de euros, lo que derivó en la posterior dimisión de la mayoría de los directivos.

El BCE nombró a tres administradores temporales que dirigen esta antigua caja de ahorros genovesa y ya han elaborado un plan estratégico para 2019-2023, que tiene como objetivos relanzar el negocio y devolver al banco a los niveles de rentabilidad y sostenibilidad necesarios para que continúe su actividad a largo plazo.

Tras la intervención de Carige por parte del BCE, el Gobierno italiano aprobó un decreto ley que abría a una posible recapitalización cautelar con dinero público si fuera necesario, opción que la entidad ha rechazado por el momento.