La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) ha ordenado a Royal Bank of Scotland (RBS) y Santander que nombren auditores independientes para evaluar sus procesos sobre seguros de protección de pagos (PPI por sus siglas en inglés), después de que las entidades no enviaran recordatorios anuales al respecto o los enviaran con información incorrecta.

El supervisor denuncia que RBS no envió recordatorios anuales a casi 11.000 de sus clientes de seguros PPI por un tiempo de hasta 6 años, impidiendo así a los afectados evaluar si querían continuar pagando el seguro, mientras que el Santander sí envió las notificaciones, pero, en el caso de más de 3.400 clientes entre 2012 y 2017, estas contenían información incorrecta.

No es la primera vez que la CMA llama la atención a estas dos entidades por esta circunstancia, después de que el supervisor advirtiera a RBS y Santander en 2016 por sus prácticas en relación con los seguros PPI.

"Es inaceptable que algunos bancos no proporcionen recordatorios de PPI, o envíen recordatorios inexactos, 8 años después de que nuestra orden entró en vigencia", ha declarado Adam Land, director de análisis financiero y de negocio de CMA, quien confía en que las instrucciones legalmente vinculantes que emitidas hoy asegurarán que tanto RBS como Santander cumplan con las reglas.

"Estos son problemas serios que, en el futuro, pueden resultar en multas si el Gobierno nos otorga los poderes que hemos solicitado", ha advertido.

MALA PRAXIS

El escándalo por la mala comercialización de seguros PPI durante la crisis financiera para cubrir el riesgo de impago en caso de enfermedad, muerte o pérdida del empleo ha pesado en los resultados de los bancos británicos, que se han visto obligados a provisionar casi 50.000 millones de libras (alrededor de 55.200 millones de euros) en los últimos años para hacer frente a reclamaciones, según los datos recopilados por New City Agenda.

Según este 'think tank', Santander habría provisionado unos 1.600 millones de libras (1.765 millones de euros) por esta cuestión, mientras que RBS habría destinado 5.300 millones de libras (5.846 millones de euros).

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el supervisor de los mercados financieros británicos, ha fijado el próximo 29 de agosto como fecha límite para que los consumidores británicos que así lo deseen presenten sus reclamaciones en relación con los seguros PPI.