La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado este lunes ante la Audiencia Nacional que "todo lo que rodeó" la constitución de BFA-Bankia, su salida a bolsa y la posterior nacionalización de la entidad, fue "una especie de pesadilla que los distintos operadores financieros han querido hacer desaparecer" a fin de "minimizar" posibles responsabilidades.

Sin embargo, se "minó la credibilidad exterior de nuestra economía" abocando al país al "mayor rescate bancario de la historia", ha criticado la fiscal Carmen Launa. En la recta final del juicio por la salida a bolsa de la entidad, se ha referido a estos hechos como "un mal despertar para miles de españoles que tienen derecho a saber lo que pasó" y evitar así que vuelvan a repetirse.

Con un tono duro, la representante del Ministerio Público ha calificado de "inusual" que tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aportaran contrainformes "para desvirtualizar" los trabajos de los dos inspectores designados a la causa como peritos judiciales, Antonio Busquets y Víctor Sánchez.

A ambos ha avalado Launa durante la exposición de su informe final, en el que pide ocho años y medio de cárcel para el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, por supuesta estafa a inversores y falsedad contable.

Tal como anunció en el trámite de conclusiones definitivas, la acusación de la Fiscalía se hace extensible a otras catorce personas, entre ellas los otros tres antiguos gestores de la entidad, contra los que ya se dirigía el escrito inicial, así como los exconsejeros con presencia en los comités de auditoría del grupo, el actual interventor y el socio auditor.

Para ellos pide penas de entre seis años de prisión y un año de cárcel conmutable por multa; sólo el exvicepresidente de Bankia Francisco Verdú se enfrenta a una condena menor, entre seis o nueve meses de prisión pues, a pesar de su "destacada situación", no se ha probado que "hubiera obtenido información suficiente para calibrar los deterioros".