La medida que prometía colocar a España en la vanguardia mundial de la industria fintech amenaza con llegar demasiado tarde. A golpe de gobiernos en funciones y convocatorias electorales, el sandbox regulatorio podría llegar a acumular un retraso de dos años sobre el calendario inicial y no ver la luz hasta bien entrado 2020. Una notable tardanza que el sector llama a evitar por la vía del decreto-ley.
Hasta ahora, el Gobierno había rechazado la aprobación del sandbox fintech por decreto-ley al considerar las dificultades que tendría para justificar el cumplimiento de las exigencias de urgencia que requiere el uso de esta fórmula. Especialmente, si se tiene en cuenta que el actual Ejecutivo ejerce únicamente en funciones. El problema es que lleva así desde abril y el tiempo corre en contra de una herramienta cuya ventaja primordial de puesta en marcha es la de ‘llegar primero’.
Mientras que Reino Unido sigue siendo el principal polo de la industria fintech en Europa, incluso a pesar de la constante amenaza del Brexit, Letonia sigue ganando peso a pasos agigantados y Portugal e Italia ya están manos a la obra para lanzar sus propias propuestas. La oportunidad que España se prometía para ser pionera en la región, allá por mediados de 2018, se vuelve más difusa a medida que se aplaza la entrada en vigor de un mecanismo que ya recibió la aprobación del Consejo de Ministros el pasado febrero.
"Todas las previsiones de corte económico que se habían realizado para el sandbox fintech penden de un hilo a golpe de acumular retrasos"
Ante este panorama, la Asociación Española de Fintech e Insurtech (Aefi) urge a la aprobación del sandbox regulatorio mediante decreto-ley. Su presidente, Rodrigo García de la Cruz, justifica la urgencia de la medida en el hecho de que “todas las previsiones de corte económico que se habían realizado para el proyecto penden de un hilo”. Más si se tiene en cuenta que, previsiblemente, Bruselas desarrollará un marco normativo común para toda la industria fintech europea para el año 2021.
El presidente de Aefi hace alusión a los cálculos de la propia institución que estimaban la creación de unos 5.000 puestos de empleo y la movilización de más de 1.000 millones de euros de inversión en los dos primeros años de vida del sandbox español. Estas son las cifras que, en opinión de la patronal del sector, hacen que el uso del decreto-ley por parte del Gobierno esté “suficientemente justificado”. Más si cabe, apunta su líder, “en un momento en el que la economía no da precisamente síntomas de fortaleza”.
A pesar de que el sandbox, o espacio regulatorio blando, es la herramienta cuyo retraso más se está señalando en los últimos meses, lo cierto es que su ordenación llevaba aparejada toda una serie de medidas y normas adicionales que también siguen en barbecho y, por consiguiente, contribuyen a frenar la expansión de la industria. Entre las iniciativas que siguen en un cajón del Ministerio de Economía está la introducción de facilidades para la inversión en fintech por parte de los fondos de capital riesgo.
DE CONSENSOS Y BLOQUEOS POLÍTICOS
En el caso de que finalmente el Gobierno en funciones adoptara la media del decreto-ley, estas medidas accesorias podrían quedarse rezagadas con respecto al sandbox, pues el procedimiento al uso para la aprobación del proyecto de ley que las integra podría no entrar en vigor, al menos, hasta junio del año que viene. Y eso considerando la máxima celeridad para superar todos los pasos en cinco meses, el tiempo habitual para un procedimiento de este tipo, según fuentes parlamentarias.
La única vía de agilización sería una tramitación exprés como la que se esperaba que se hubiera iniciado en septiembre para tener el marco regulatorio blando listo para final de año. En cualquier caso, desde las partes implicadas en el desarrollo del sandbox español no se espera que pudiera estar completamente listo antes de marzo si no hay aprobación por decreto.
"Vamos a hacer todo lo posible para que el sandbox salga adelante cuanto antes y terminar con el coste que está suponiendo para toda la industria financiera"
A favor del calendario e incluso de la eventual aprobación sin trámite parlamentario, el amplio consenso político y financiero que hay en torno a la necesidad de desatascar la norma lo antes posible. En contra, que desde la entrada en vigor del sandbox pasaría más tiempo hasta su entrada real en funcionamiento, pues entonces se abriría la primera de sus ventanas semestrales para que los proyectos que voluntariamente quisieran desarrollarse en este entorno presentasen sus candidaturas, que después podrían ser aceptadas o no.
Desde Aefi señalan que van a hacer “todo lo posible para que el sandbox salga adelante cuanto antes” y “terminar con el coste de oportunidad que este largo retraso está suponiendo para toda la industria financiera”. Queda por ver si la ministra en funciones Nadia Calviño da un golpe sobre la mesa para poner a funcionar el proyecto que ya heredó del popular Román Escolano o todo vuelve a quedar al arbitrio del mapa de colores políticos que pinte el Congreso de los Diputados después de las elecciones del próximo 10 de noviembre.