No será un año fácil para la banca española, como tampoco lo fue 2019. El escenario de tipos negativos sigue siendo el principal reto para un sector que lleva años ajustando su modelo de negocio a la caída de ingresos, de momento, sin demasiados resultados visibles. Los expertos tienen claro que los tipos bajos seguirán presionando el negocio, pero destacan que la banca ya ha asumido la situación y ahora debe poner en marcha las medidas necesarias para paliar su impacto en la cuenta de resultados.
Las políticas monetarias de los bancos centrales han provocado una situación en la que al sector no le queda otra que mejorar en eficiencia.Y eso pasa por la reducción de la capacidad instalada. Es decir, nuevas fusiones y menos oficinas que se sumarán al severo ajuste que los bancos ya han realizado en los últimos años. La inversión en tecnología será clave en este proceso en el que la digitalización juega un papel fundamental. “Quien se quede atrás, no sobrevivirá”, reconocía un directivo bancario en la última ronda de cuentas del sector.
La banca lleva tiempo asumiendo todos estos retos. Pero 2020 se presenta especialmente complejo en términos judiciales. Y así queda patente en los últimos informes de las grandes casas de inversión internacionales, en las que nunca falta una mención al riesgo de litigios en las valoraciones del sector.
FRENTES JUDICIALES
Son muchos los frentes que previsiblemente se cerrarán este año. El primero, la resolución europea sobre el IRPH que debería conocerse en el primer trimestre. Desde firmas como Citi, Bank of America, JP Morgan o Goldman Sachs llevan tiempo advirtiendo de que una sentencia a favor del cliente supondría una seria amenaza para los resultados y los dividendos del sector. Salvo Bankinter, que no tiene exposición al índice hipotecario, todos los bancos del Ibex (CaixaBank, Banco Santander, Bankia, Sabadell y BBVA) cuentan con unos 16.500 millones de euros ligados al IRPH. CaixaBank es la entidad más expuesta con 6.700 millones de euros, seguida de Banco Santander (4.300 millones de euros), BBVA (3.100 millones), Bankia (1.600 millones) y Sabadell (830 millones de euros).
La agencia de calificación Scope Rating calcula que en España existen medio millón de hipotecas referenciadas a este indicador (un 9% del total de los contratos hipotecarios). Y las cifras públicas de los bancos solo tienen en cuenta el peso actual en cartera de las hipotecas ligadas al IRPH. Es decir, los préstamos vivos de cada entidad. El gran temor es que el TJUE decida aplicar retroactividad a su sentencia, si finalmente considera al IRPH como una cláusula abusiva, lo que afectaría a toda la cartera a lo largo del tiempo que la justicia determine. En el peor de los escenarios, Goldman Sachs estima que la banca se enfrenta a un coste de hasta 44.000 millones de euros.
Además del IRPH y otros juicios por abusividad como las cláusulas suelo, el sector seguirá pasando por la Audiencia Nacional para conocer la sentencia sobre la salida a bolsa de Bankia, que se espera para este año, así como el largo proceso de litigios abierto por la resolución del Banco Popular. Sin olvidar el conflicto abierto entre Banco Santander y Andrea Orcel tras la decisión del banco de dar marcha atrás en su contratación como número dos de Ana Botín el pasado año.
TOQUE DE ATENCIÓN
Estos ‘conflictos judiciales’ provocaron el pasado año que el propio Banco de España advirtiese del riesgo de litigios para los resultados del sector. Incluso en primavera incluyó este ‘aviso’ en su 'Informe de Estabilidad Financiera', junto a la ralentización económica, la pérdida de valor de los activos y la caída de la rentabilidad en el sector. Era la primera vez que aludía a este factor en su cuadro de riesgos para el sector.
“Con distinta intensidad, las entidades de depósito españolas afrontan un riesgo legal derivado del potencial incremento de las demandas judiciales contra ellas”, indicaba entonces el organismo comandado por Hernández de Cos, desde donde cifran en unos 8.400 millones de euros las dotaciones a provisiones por gastos legales y litigios fiscales llevadas a cabo por los bancos entre 2014 y 2017.
En concreto, el organismo recuerda que la banca ha estado involucrada en un número elevado de procesos judiciales “en los que se cuestionaban ciertas condiciones contractuales en sus operaciones hipotecarias”. El coste de estos procesos para las entidades ya se ha hecho efectivo en un número de casos (por ejemplo, en las cláusulas suelo, con más de 2.254 millones de euros devueltos a los clientes hasta septiembre de 2019, según los últimos datos de la comisión de seguimiento de estos casos), pero existen todavía procedimientos judiciales muy relevantes pendientes de resolución. Y el problema no se centra solo en el coste de los litigios.
El riesgo legal se ha traducido en los últimos años en una clara pérdida de reputación para la banca. En este sentido, desde el Banco de España llevan meses llamando a las entidades para esforzarse en revertir esta situación “proporcionando a sus clientes los productos financieros adecuados a sus necesidades y capacidades, así como suministrando la información relevante de manera clara y transparente”. “La reputación y la confianza de los clientes es un elemento esencial para desarrollar el negocio bancario”, sentencian desde el organismo.