Mensaje alto y claro de Ana Botín para los accionistas del Banco Santander. En la carta incluida en su informe anual, la presidenta del banco abre la puerta a una retribución extra para los accionistas a lo largo de 2020. 

La directiva explica que "partiendo de un CET1 fully loaded en 2019 del 11,65% y teniendo en cuenta nuestra trayectoria durante los últimos 5 años en los que hemos generado de media 40 puntos básicos de capital por año, esperamos estar cerca del 12% a final de 2020".

Esto situaría a la entidad en la parte alta de su objetivo a medio plazo, establecido entrr el 11% y el 12% de capital de máxima calidad. "Alcanzar el límite superior de nuestro objetivo significaría que ya no necesitaríamos acumular más capital, lo que nos ofrecería flexibilidad estratégica para asignar capital a crecimiento orgánico rentable en nuestros mercados, o devolverlo a nuestros accionistas", asegura.

"Santander ha generado beneficios y repartido dividendos a sus accionistas durante más de 50 años consecutivos. Somos una compañía con una combinación prácticamente única de fortaleza, rentabilidad y un crecimiento más predecible y sostenible que el de nuestros comparables", recuerda Botín en la misiva.

IRPH y litigio con Orcel

En su memoria anual de 2019 Banco Santander también hace mención al proceso judicial por la marcha atrás en su decisión de contratar a Andrea Orcel como consejero delegado.

"En la demanda se solicita que se declare la validez y perfección del alegado contrato y se reclama, con carácter principal, su cumplimiento junto con el pago de determinadas cantidades. Subsidiariamente, se ejercitan pretensiones indemnizatorias por un importe total aproximado de 112 millones de euros y, en su defecto, por otros importes menores", indica la entidad en su memoria anual. 

Del mismo modo, define que el importe pendiente de pago de los préstamos hipotecarios a personas físicas, referenciados a IRPH y recogidos en el balance del Grupo, asciende aproximadamente a 4.300 millones de euros. "Si bien se considera que la decisión del Tribunal Supremo de España está bien fundada, una decisión desfavorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría derivar en el registro de una provisión material", indica la entidad.