Golpe a los afectados por la caída del Banco Popular. La Junta Única de Resolución (JUR) ha decidido que no se requiere compensar a los accionistas y acreedores afectados por la resolución de la entidad.
La institución ha concluido que los inversores "no habrían recibido un mejor trato en un proceso ordinario de insolvencia", una decisión basada en la valoración llevada a cabo por un valorador independiente (Deloitte), así como en el análisis de los comentarios recibidos en el contexto del proceso de ‘derecho de audiencia’ que el organismo mantiene abierto desde hace meses.
La decisión ha sido publicada hoy en la página web de la JUR, cuya presidenta, Elke König, insiste en que el del Popular no es precisamente el caso en el que un proceso de insolvencia habría sido mejor opción que la resolución, algo que los afectados llevaban luchando, también judicialmente, desde la caída del banco en la madrugada del 6 al 7 de junio de 2017.
Decisión "decepcionante"
“Está claro que no es el caso. Comprendo que será decepcionante para aquellos que hayan sufrido pérdidas, pero ello demuestra que el marco de resolución es efectivo y que ha protegido a los contribuyentes de pérdidas y de inestabilidad financiera”, indica König en un comunicado.
La JUR, responsable último de la pérdida de los ahorros de más de 300.000 accionistas y bonistas del Popular, anunció en 2018 su decisión provisional de no compensar a los afectados, basándose en un informe de Deloitte en el la consultora advertía de que la liquidación del banco habría conllevado pérdidas mayores para los afectados.
Tras esta decisión, la institución europea abrió un proceso para recibir las quejas de aquellos que perdieron sus inversiones y la respuesta hecha pública este miércoles supone, para todos ellos, un duro revés en los procesos judiciales abiertos por el caso.
Según las cifras publicadas, la JUR ha recibido en todo este periodo 2.856 entregas de los afectados, explicando con detalle -y en la mayoría de los casos respaldados por potentes equipos jurídicos- sus demandas.
"Como se destaca en la decisión, los comentarios incluidos en dichas entregas abordaron diversos aspectos, incluyendo la independencia del valorador y el contenido del informe de Valoración 3", indican desde el organismo.
La decisión final de la JUR ya se ha transmitido al FROB, como autoridad nacional que implementó la decisión de resolución. "Esta decisión final es el último paso en el proceso formal que se llevó a cabo tras la resolución del Popular", sentencian desde la institución.
Pérdidas mayores con liquidación
Según se desprende del documento de Deloitte, que la JUR adjunta a su comunicado, la consultora valoró tres escenarios con distintos plazos, de 18 meses, 3 y 7 años) para el caso de una liquidación del popular mediante un proceso de insolvencia 'tradicional'.
Para cada escenario, Deloitte analiza el mejor y el peor de los escenarios, con lo que, al final, estudia qué habría pasado en seis casos distintos (el mejor y el peor escenario en los tres plazos analizados). Y en los seis, las pérdidas habrían sido mayores para los accionistas que las asumidas en la resolución del banco, que cifra en 11.400 millones: 9.400 de los accionistas y 2.000 millones de titulares de deuda subordinada (a fecha del 6 de junio de 2017).
El documento indica que si se hubiese sometido a la entidad a un procedimiento de insolvencia siguiendo las normas españolas, "los acreedores subordinados habrían perdido el 100% de su dinero en los tres escenarios". Es decir, 8.800 millones de euros más para esta categoría de bonistas que sumar a los 2.000 millones de pérdidas del procedimiento de resolución.
A esto habría que añadir unas pérdidas de entre 8.000 millones y 14.000 millones en el escenario de 18 meses de plazo, lo que eleva el total en el mejor de los casos a 28.2000 millones y a 34.100 millones en el peor.
En el plazo de tres años, las pérdidas habrían sido de entre 5.800 y 11.500 millones para los acreedores ordinarios, según el documento y, las pérdidas totales habrían ascendido a entre 26.000 y 31.000 millones en el mejor y el peor de los casos, respectivamente.
Finalmente, Deloitte calcula que un escenario de siete años resultaría en unas pérdidas para los acreedores ordinarios de entre 3.300 millones y 8.500 millones, por lo que las pérdidas totales serían de entre 23.400 y 28.700 millones.