El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado este viernes medidas adicionales para relajar los requisitos de capital exigidos a los grandes bancos de la eurozona sujetos a su supervisión directa con el fin de que puedan responder de manera eficaz a la crisis del coronavirus. En concreto, introducirá máxima flexibilidad en el tratamiento de todos los créditos que cuenten con avales públicos.

Las nuevas medidas permitirán liberar capital por valor de 120.000 millones de euros, que puede ser utilizado por las entidades para absorber pérdidas o  bien para conceder créditos adicionales por valor de hasta 1,8 billones de euros, según los cálculos de Fráncfort.

El BCE asegura que quiera garantizar que los bancos puedan seguir cumpliendo su papel de financiar a los hogares y las empresas durante el periodo de shock económico que está provocando la expansión global de la pandemia.

En este sentido, la institución presidida por Christine Lagarde apoya todas las iniciativas que están adoptando los Estados miembros para dar soluciones temporales a los deudores con problemas para devolver sus créditos debido al covid-19. Y permitirá que los bancos puedan beneficiarse plenamente de las garantías públicas que han puesto en marcha los Gobiernos para hacer frente a la crisis.

En primer lugar, el BCE será flexible a la hora de clasificar a los deudores como "en riesgo de impago" cuando los bancos tengan que recurrir a los avales públicos concedidos por el coronavirus. También relajará las exigencias de capital para los créditos que estén sujetos a una moratoria impuesta por las autoridades públicas.

En segundo lugar, el supervisor europeo disminuye las exigencias de provisiones para los créditos que se conviertan en morosos pero que estén cubiertos por garantías públicas. Finalmente, el BCE suavizará los planes impuestos a los bancos para reducir la tasa de morosidad teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado.

Además, el BCE pide flexibilizar también el estándar contable internacional IFRS 9 con el fin de reducir las provisiones exigidas a los bancos durante la crisis del coronavirus y evitar así un exceso de efecto procíclico en el capital regulatario.