Llegó el día D. Tras dos semanas de intensas negociaciones, CaixaBank y Bankia celebran este jueves sus respectivos consejos para aprobar su fusión. Una operación que también ha generado expectativas ante la posibilidad de que el Estado, que participa en un 61,8% en Bankia a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pueda maximizar la recuperación de las ayudas públicas.

La magnitud de la operación y el hecho de que el FROB vaya a contar con al menos una silla de las 15 que conformarán el consejo de la nueva entidad, hace pensar que el Estado estaría interesado en ser parte fiable y a largo plazo del mayor banco de España por activos. Sin embargo, fuentes próximas al fondo público explican que el plan de desinversión en Bankia para recuperar parte de las ayudas públicas sigue su curso para cerrarse, como tarde, a finales de 2021.

“El mandato último del FROB es desinvertir y eso sigue en vigor con o sin fusión”, explican las fuentes consultadas que, no obstante, recuerdan que es al Gobierno al que le corresponde aprobar, mediante Consejo de Ministros, una posible ampliación de los plazos establecidos.

Objetivo: maximizar la recuperación de ayudas

A falta de conocer los detalles oficiales de la ecuación de canje final, el mercado descuenta que, por capitalización de mercado (superior a 4.419 millones tras las subidas de las últimas sesiones), Bankia debería contar con un peso algo superior al 26% en la nueva entidad, frente al 73,5% de CaixaBak. Siempre en términos bursátiles, la participación del FROB en la entidad fusionada rondaría el 16%.

Un paquete del que, si se sigue la hoja de ruta prevista, se tendría que deshacer el próximo año. Desde el inicio de las negociaciones para la fusión, tanto el FROB como la ministra de Economía, Nadia Calviño, han dejado claro que velarían por el interés de los contribuyentes en la operación, conscientes de que el valor de las acciones del Estado en Bankia hoy apenas cubren el 11% de las ayudas públicas recibidas (24.000 millones si se tiene en cuenta la inyección en BMN de unos 1.640 millones).

Los expertos insisten en que es prácticamente imposible una devolución completa. Pero el objetivo es 'rascar' todo lo posible. Algo que también podrán hacer vía dividendos de la nueva CaixaBank. Pese al veto del Banco Central Europeo (BCE) a las retribuciones en el sector bancario europeo, las ratios de solvencia y, sobre todo, de capital que dejarán la fusión situarán a CaixaBank-Bankia como los principales candidatos para recuperar los pagos. Y eso también beneficiará al FROB.

Mucho más después del ‘capote’ que el propio BCE lanzó el martes a Bankia al aprobar los modelos internos de cálculo del riesgo de crédito de su cartera hipotecaria (IRB) minorista, algo que permitirá a la entidad elevar su ratio de capital CET 1 fully loaded (el de máxima calidad) hasta el 14,87%.

Más capital, ¿mejor dividendo?

Rafael Alonso, analista de Bankinter explica que “la medida permite reducir el volumen de activos ponderados por riesgo (APRs) en 8.250 millones de euros (equivalente al 10,8% del total) y aumentar la ratio de capital en unos 160 puntos básicos”.

“Es una buena noticia porque Bankia se convierte en la entidad con mejor ratio de capital CET1 a nivel doméstico y entre las mejores de Europa, además de ser un reconocimiento implícito del BCE a la calidad de la cartera de inversión”, indica el experto, recordando que Bankia solicitó este cambio contable al BCE en 2018 como uno de los instrumentos con los que contaba para repartir entre los accionistas el exceso de capital.

Política de dividendos

Consultoras ligadas a la operación valoran que la política de dividendos de la nueva entidad tendrá muy en cuenta este factor (igual que el carácter social de La Caixa, principal accionista de CaixaBank). Sin embargo, explican que el Gobierno espera que el mercado también ponga en valor el potencial alcista del que será el mayor banco de España por activos, con lo que la idea sería seguir intentando ventas en el mercado para recuperar las ayudas.

Algo que solo se ha llevado a cabo en dos ocasiones. La primera, en una colocación del 7,5% del capital en 2014. Tres años después, se colocó otro 7%. Fondos que fueron a parar al saneamiento de la matriz BFA. En este sentido, las fuentes consultadas apuntan a una posible extensión de los plazos. 

Sobre todo porque las ventas en el mercado seguirán siendo complicadas en un momento en el que el sector sigue navegando en un entorno muy complejo, con tipos en mínimos que perdurarán y con un esperado repunte de la morosidad el próximo año cuando empiecen a vencer las moratorias aprobadas por el Gobierno para los afectados por la crisis. 

Este será uno de los factores que se tendrán en cuenta a la hora de analizar la operación. En concreto, y tras la ‘fumata blanca’ por parte de los respectivos consejos, el FROB reunirá a partir de mañana su mesa de gobierno para analizar la operación con vistas a definir su voto, que solo se conocerá en la junta de accionistas que se celebrará, previsiblemente, a finales de octubre o mediados de noviembre.