Las empresas no terminan de confiar en la recuperación económica y temen endeudarse más ante el incierto panorama que se dibuja para un 2021 en el que será determinante el avance de la vacuna contra la Covid-19.
Esta realidad de la que los economistas vienen advirtiendo desde hace tiempo ha hecho pinchar la nueva línea del ICO por importe de 40.000 millones de euros que el Gobierno presentó el pasado verano y habilitó hace unas semanas, según confirman a Invertia varios bancos consultados.
Las entidades que en los últimos días han suscrito los contratos para poner en marcha estos préstamos con garantía pública, coinciden en que la demanda está siendo muy ajustada, en un momento en el que, salvo en determinados sectores, "invertir es en lo último que piensan".
Esta línea de avales se anunció en julio después de que las empresas prácticamente agotaran la financiación de hasta 100.000 millones de euros que se movilizó en los meses del confinamiento para dotar de liquidez a las compañías y autónomos con dificultades por el cierre de sus negocios o la caída de actividad.
Más inversión para la economía
La idea del Ministerio de Economía con la llamada Línea ICO avales inversión Covid-19 era seguir ayudando a pymes, autónomos y grandes compañías, pero a cambio de que invirtieran para acelerar la necesaria recuperación económica en España.
En concreto, el Departamento de Nadia Calviño buscaba "promover y apoyar la concesión de nueva financiación a autónomos y empresas, para que puedan llevar a cabo nuevas inversiones en España como finalidad principal, destinadas a adaptar, ampliar o renovar sus capacidades productivas y de servicios o para el reinicio o reapertura de su actividad". Al menos, así figura en el contrato que el ICO ha firmado con las entidades españolas al que ha tenido acceso este periódico.
Una de las puertas de acceso de la sede del ICO (Instituto del Crédito Oficial), en el Paseo del Prado de Madrid (España).
Sin embargo, el efecto negativo en el consumo interno y en la llegada de visitantes del exterior que han tenido los rebrotes del verano han frenado en seco el interés de las empresas y los autónomos por endeudarse. Descartan abordar ese tipo de proyectos de inversión pese a las condiciones ventajosas que ofrecen estos créditos avalados por el Estado.
Las últimas previsiones macroeconómicas del Banco de España tampoco invitan al optimismo empresarial, ya que prevé que la caída del PIB alcance este año entre el 10,5% y el 12,6% después del parón del consumo interno del mes de agosto.
Ya hace unas semanas, en el entorno de algunas patronales sectoriales consultadas por este diario se ponía en duda que estas líneas de créditos avalados fueran a tener éxito en un momento en el que hay empresas que temen ya por su viabilidad futura. Mientras, otras que sí esperan sobrevivir a esta crisis no quieren afrontar el incierto futuro que les aguarda con más deuda.
Atentos a la morosidad
Desde el Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha venido defendiendo la necesidad de que la banca sea selectiva en la concesión de créditos avalados por el ICO a empresas que sean viables. El motivo es que los préstamos que acaben siendo fallidos tendrán un impacto en la deuda pública y tendrán que ser pagados por los contribuyentes y por los bancos que hayan concedido el crédito.
Sin embargo, en una reciente comparecencia en la CEOE, Hernández de Cos advirtió al Ejecutivo de que es muy posible que sea necesario habilitar más líneas del ICO, entre otro tipo de ayudas a empresas y autónomos, para sostener al tejido productivo.
Sus palabras se produjeron con esta línea recién estrenada, pero con pocas empresas preguntando por las condiciones para acceder a ella en las ventanillas de los bancos.
Todas las entidades consultadas coinciden en que, aunque es pronto para evaluar la incidencia de los nuevos préstamos al haber pasado apenas una semana y media desde que se pusieron en marcha, será difícil cubrir los 40.000 millones de euros de aquí a final de año.
Los bancos reconocen escaso interés por parte de las empresas a la hora de invertir.
Confirman además que son pocos los sectores que en estos primeros días se han acercado a solicitar estos créditos destinados a la inversión. "Las empresas ligadas a los sectores más afectados por la pandemia, como el turismo o la hostelería, no están precisamente para pensar en invertir", indican desde una entidad nacional que lleva desde la pasada semana ejecutando los avales.
Otras con mayor presencia en el segmento empresarial sí han comenzado a atender solicitudes de determinados clientes, especialmente entre compañías con un perfil más tecnológico o en sectores relacionados con la distribución, grandes superficies, venta online o entrega a domicilio "que sí están funcionando en plena crisis". Sin embargo, reconocen que incluso este tipo de peticiones se antoja insuficiente para cubrir la oferta de avales.
Esta falta de demanda ha hecho que algunos grandes bancos estén tardando en firmar el acuerdo con el ICO para habilitar estas líneas. No obstante, 90 entidades financieras ya han suscrito esos acuerdos para ofrecer ese crédito a sus clientes, según los datos que ha podido recopilar este diario de fuentes conocedoras de las líneas.
Condiciones
De momento, el Gobierno ha liberado un primer tramo de 8.000 millones de euros de ese total de 40.000 millones, con la idea de ir 'soltando' el resto en función de las necesidades de los afectados por la crisis. Desde el sector financiero insisten en que "para agotar toda la línea habrá que irse más allá del primer trimestre de 2021... todo dependerá del ritmo de la recuperación económica".
Mientras, en el entorno del Ministerio de Economía señalan que la intención del Gobierno con esta línea de avales era poner a disposición de las empresas una fuente de financiación, pero se resta importancia a que las empresas no soliciten este crédito, después de que la línea de hasta 100.000 millones tuviera una gran demanda.
En esta primera fase, el ICO ha asignado a los bancos 5.000 millones de euros para financiar proyectos de inversión de pymes y autónomos y, los 3.000 millones restantes, para grandes empresas. Como ya ocurrió con la anterior línea de 100.000 millones, las garantías públicas cubren al 80% los préstamos a pymes y autónomos, y al 70% los créditos que se concedan a las grandes compañías, con un plazo de amortización máximo de hasta ocho años (sujetas al Marco Temporal de Ayudas del Estado).
Las empresas deben hacer efectiva la inversión durante los 24 meses siguientes a la firma de la operación, quedando excluidas de los préstamos aquellas que no tengan domicilio social en España o que figuren en situación de morosidad.
En los contratos que los bancos han firmado con el ICO, queda claro que la prioridad es destinar ese capital a inversiones, compras, alquiler leasing o renting de equipos, maquinarias, etc. Es decir, a todo lo que ayude a mejorar la productividad de la empresa y, por tanto, de la economía española.
Es cierto que pymes y autónomos también pueden destinar en última instancia estos créditos para cubrir necesidades de financiación derivadas de, por ejemplo, el pago de salarios. Pero desde el sector financiero recuerdan que la anterior línea de 100.000 millones ya ha dotado de liquidez suficiente a las compañías para este fin.