El sector asegurador vuelve a advertir sobre el impacto que los planes del Gobierno en materia de ahorro para la jubilación y sobre el sector seguros tendrá sobre las familias españolas. Para empezar, alertan de que la subida del impuesto a las primas del 6% al 8% afectará al 96% de las familias españolas, todas ellas con al menos un seguro contratado. Y especialmente a las de menores ingresos, algo que desde el Gobierno han descartado en repetidas ocasiones. 

En concreto, la presidenta de la patronal Unespa, Pilar González de Frutos, ha demostrado con cifras que esta decisión que se incluye en el borrador de los Presupuestos para 2021 afectará, de forma especial, a las familias de rentas más bajas.

Según sus cálculos, existen 2,9 millones de familias de ingresos bajos con seguros de automóvil. Dentro de este perfil de baja renta, otros 2,7 millones de familias cuentan con seguros de vivienda, mientras que 2,4 millones cuentan con seguros de decesos dentro de este grupo.

Durante un encuentro sobre el sector asegurador organizado por ABC y Deloitte, González de Frutos ha explicado que no esperan cambios en el plan del Gobierno en este punto, pues tan solo el Partido Popular ha introducido este apartado en su enmienda a los Presupuestos.

Misma perspectiva para los límites a las aportaciones a planes de pensiones que el Gobierno ha planteado. Desde el sector llevan tiempo criticando esta medida, con la que el Ejecutivo pretende desincentivar los planes del sistema individual para favorecer los planes de empresa. 

Planes de pensiones

“El principal problema de nuestra ausencia de ahorro es que nos convierte en alienígenas europeos”, explica González de Frutos, recordando que el esfuerzo histórico en diferimiento de rentas de las familias españolas está, según cnifras de Eurostar, por debajo del 1% de su renta disponible. “En pocas palabras, el español medio consume o invierte 99 euros y ahorra uno. Esta tasa es el doble en Alemania, dos veces y media más en Italia, cuatro veces en Dinamarca, cinco en Francia y 10 en Suecia”, indica.

En este sentido, desde el sector siguen apostando por un sistema de ahorro por defecto, obligatorio para el empresario pero voluntario para el trabajador, acompañado de un mecanismo de subvención condicionada, por el que el gesto de ahorrar del particular, en el caso de las empresas del trabajador, genere un gesto automástico por parte de un tercero completando ese ahorro con una subvención.

Esta subvención se puede arbitrar de forma directa o como una deducción no reembolsable en la cuota del IRPF. “El ciudadano decide ahorrar y recibe por ello una subvención directa, en forma de pago o de no cobro” ,i ndican. Desde Unespa ponen el ejemplo del sistema de subvención condicionada por vía fiscal a la compra de la vivienda, “que corrige de forma muy significativa el sesgo en favor de las rentas por debajo de 40.000 euros y muy especialmente por debajo de los 25.500 euros”.

Pese a todo, desde Unespa son conscientes de que esta iniciativa es prácticamente imposible ante el plan del Gobierno para impulsar las pensiones privadas, limitando las aportaciones a planes del sistema individual y potenciando los planes de empleo.

"Fomentar el ahorro en las empresas para los trabajadores nunca es mala idea, pero todo el hincapié se hace en formar un fondo público y ese no es el tema", explica González de Frutos.

"Hablar de que se va a montar un fondo o diez sin hablar antes de aspectos como si se va a montar o no un sistema de adscripción por defecto, si las condiciones en las que el empresario realizará las aportaciones, supone poner el carro delante de los bueyes", critican desde la patronal.