Las prejubilaciones de los bancos españoles se alejan cada vez más de la atractiva imagen que tenían hace tan solo unos años. Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que las entidades ponen en marcha afectan cada vez a más trabajadores y ofrecen peores condiciones, al tiempo que abren la puerta a empleados cada vez más jóvenes.

Hace una década era fácil ver a una entidad bancaria o caja de ahorros ofreciendo más del 80% del sueldo pensionable a los empleados que quisieran prejubilarse a través de un procedimiento de despido colectivo, que solía tener un límite de edad del entorno de los 55 años.

Un ejemplo es el ERE que CajAstur, ahora Liberbank, puso en marcha en 2010, en el que ofreció entre un 90% y un 95% del salario como indemnización a los prejubilados, que fueron unos 2.200.

Ese mismo año, Caixa Galicia y Caixanova, ahora Abanca y Evo Banco, acordaron la salida de unos 1.200 trabajadores mayores de 55 años con el 85% de la retribución fija. Banco Mare Nostrum (BMN), que ha terminado integrada en CaixaBank, por su parte, acordó unas 150 bajas en 2012 con compensaciones de hasta 45 días por año trabajado.

En la actualidad, sin embargo, las indemnizaciones y compensaciones empeoran cada vez y se sitúan más en el entorno del 60% del sueldo. Los ERE de los últimos años se caracterizan, además, por abrir la puerta de las prejubilaciones a empleados mucho más jóvenes que antes, que llegan hasta los 50 años, al margen de las bajas incentivadas para el resto de la plantilla.

20 días por año trabajado

Estos patrones vuelven a repetirse en los numerosos procedimientos de despidos colectivos que varios bancos se encuentran negociando en estos momentos o acaban de cerrar como consecuencia de la pandemia y la digitalización. En el primer grupo se encuentra CaixaBank, el último en dar a conocer las condiciones económicas que pretende aplicar, que han indignado a los sindicatos.

La propuesta inicial del banco pasa por cerrar 1.534 oficinas (-27%) y reducir la plantilla en 8.291 trabajadores (-18%) con unas condiciones que distan mucho de ser del agrado de los representantes de los trabajadores. Concretamente, para los empleados de 63 años o más (a fecha del 31 de diciembre de este año) se plantea una indemnización de veinte días de salario por año trabajado con un tope de doce mensualidades.

Para los de entre 58 y 63 años con una antigüedad superior a quince se propone el pago del 50% del salario regulador (el que percibe el trabajador en el momento de la extinción) hasta los 63 años y abono del convenio especial de la Seguridad Social (sin revalorización) hasta esa fecha, con el descuento del desempleo.

Para los trabajadores del siguiente rango de edad, entre 55 y 58 años con más de quince años de servicio a la entidad se ofrece el 50% del salario regulador multiplicado por cuatro. Por último, el resto de trabajadores podrán optar a una indemnización de 25 días de salario regulador por año con un tope de 18 mensualidades.

"Ha sido demoledor todo lo que se ha planteado. Las condiciones son de vergüenza", explica a Invertia una fuente sindical que forma parte de la mesa de negociación.

Desde CCOO critican que se trata de "condiciones de derribo" y que las compensaciones para las salidas voluntarias son inferiores a las del ERE que la propia entidad puso en marcha en 2019. No en vano, hace menos de dos años CaixaBank alcanzó un acuerdo con los sindicatos para la salida de hasta 2.023 empleados de forma voluntaria y con indemnizaciones del 57% más primas y sin descuento del desempleo.

8.000 empleos en cuatro años

En el caso de otros bancos, la evolución ha sido similar. Santander también ha pasado por varios procedimientos de despido colectivo durante los últimos años, especialmente tras la integración de Popular. En 2017 acordó un ERE para unos 1.000 empleados con indemnizaciones por hasta el 80% del salario pensionable.

Dos años después, prescindió de otros 3.223 trabajadores con indemnizaciones de entre el 60% y el 80% y el pasado diciembre acordó otro recorte de 3.572 empleos con indemnizaciones entre el 65% y el 73%.

Mucho antes de plantearse la fusión con CaixaBank, en 2018, Bankia llevó a cabo un proceso de despido colectivo para redimensionar su plantilla tras la integración de BMN, que afectó a 2.000 empleados, a los que indemnizó con hasta el 63% del sueldo.

A las menores compensaciones y mayor número de afectados se incluye ahora la obligatoriedad de adscribirse al ERE. En el caso de CaixaBank, la dirección ha trasladado a los sindicatos que se priorizará la voluntariedad, pero el banco se reserva la opción de recurrir a despidos forzosos si se dan varias situaciones.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de que se haya alcanzado el excedente para cada ámbito funcional y territorial, al tiempo que el banco requiere que la mitad de los adscritos al ERE tenga menos de 50 años para "evitar un desequilibrio generacional". La entidad, según su propuesta inicial, también podrá rechazar una solicitud de adscripción al ERE cuando "sea necesario el mantenimiento de la persona en la entidad".

Las fusiones son la principal fuente de destrucción de empleo bancario, pero no la única. Cada vez más los bancos buscan mejorar su eficiencia en un contexto en el que su rentabilidad está minada por los tipos bajos y la digitalización está cambiando la manera en la que se relacionan con sus clientes y, sobre todo, está poniendo en duda el papel de las sucursales, que reciben cada vez menos visitas.

En consecuencia, al cierre de 2021 los bancos habrán recortado unos 110.000 puestos de trabajo respecto a la plantilla que tenían en 2008, cuando el número de empleados de los bancos alcanzó el máximo histórico. Solo en los últimos diez años el recorte se acerca al 40%, un proceso que no parece que vaya a frenar pronto.