La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a Sabadell, Santander, CaixaBank y Bankia (ahora propiedad de CaixaBank) por realizar prácticas anticompetitivas en la concesión de los llamados créditos ICO.

Concretamente, el supervisor investiga si estos cuatro bancos realizaron ventas cruzadas con la concesión de estos préstamos (es decir, si vincularon su concesión a la contratación de otro producto), así como si los utilizaron para reestructurar deudas de los clientes anteriores a la pandemia.

La CNMC inició la investigación de estas prácticas ya a principios de la pandemia, en abril del año pasado, y activó un buzón durante el estado de alarma para que tanto empresas como ciudadanos comunicaran posibles prácticas anticompetitivas en los mercados (a través del mail covid.competencia@cnmc.es).

Contra la "buena fe"

Tras meses de análisis, la institución que preside Cani Fernández considera que la actuación de estos bancos "se alejaría de la buena fe exigida a las empresas en sus relaciones con los clientes".

"En consecuencia, sus prácticas podrían haber alterado el comportamiento económico de los consumidores que acudieron a estas entidades para suscribir los créditos ICO. Todo ello podría suponer un falseamiento de la libre competencia y habría afectado al interés público", apunta la CNMC.

Tras poner a disposición de entidades y empresas la primera fase de los avales del Estado, la sospecha en la realización de estas prácticas llevó al Ministerio de Asuntos Económicos a detallar en las siguientes resoluciones que no se podían realizar ventas cruzadas con la concesión de estos créditos ICO.

También en el Código de Buenas Prácticas que recoge los criterios que han de seguir los bancos a la hora de renegociar las deudas contraídas por los clientes con los créditos ICO, que fue aprobado por el Consejo de Ministros recientemente. En él, como contó Invertia, se indicaba expresamente que no se podía vincular la contratación de productos a la concesión de una renegociación de deuda (extensión de los créditos, conversión de los mismos a créditos participativo o quita).

De hecho, las patronales del sector enviaron un comunicado conjunto comprometiéndose a no realizar este tipo de prácticas. "Las entidades asociadas a AEB, CECA y UNACC dan instrucciones a su red de oficinas para asegurar una aplicación rigurosa del contenido de dicho acuerdo", informaron ya a principios de abril.

Tras la apertura de este expediente, se inicia un periodo máximo de año y medio para su instrucción y resolución por parte de la CNMC, que aclara que el hecho de incoar este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.

La banca se defiende

Uno de los bancos implicados, Santander, defiende que ha cumplido con la normativa en la concesión de créditos ICO. "Santander no ha condicionado financiación con garantía ICO a la contratación de ningún otro producto o servicio y tampoco ha impuesto la utilización de dicha financiación para reestructurar deudas preexistentes", explican fuentes de la entidad a Invertia.

De hecho, el banco considera que su actuación "ha sido totalmente respetuosa con la competencia entre entidades financieras en España en la contratación de líneas de avales ICO COVID y ha atendido con diligencia todos los requerimientos remitidos por la CNMC, sin tener todavía conocimiento específico de los hechos concretos que se pudieran imputar, a falta de conocer el expediente".

Por su parte, desde CaixaBank explican que tanto en la entidad como en Bankia, cuyo negocio integró a finales de marzo, "han ido facilitando a la CNMC toda la información que les ha ido solicitando sobre la comercialización de los productos ICO COVID19".

"Esperamos poder explicar mucho más en detalle este proceso de gestión para dar plena visibilidad sobre sus características. Confiamos en que el detalle y la prueba adicional que proporcionemos lleve al regulador a concluir que en ningún momento se produjeron conductas sancionables", añaden fuentes del banco.

En cuanto a Sabadell, fuentes de la entidad entienden que, dada la importancia de las líneas de financiación con aval, se realicen comprobaciones y apuntan que el banco "podrá aportar todas las evidencias necesarias para acreditar su adecuado comportamiento y la idoneidad de los procedimientos y controles establecidos".