El shock que ha supuesto la pandemia para la economía llevó a los bancos españoles a realizar durante el ejercicio 2020 ingentes provisiones para protegerse frente a una hipotética ola de impagos. Detrás de este empeño, incentivado por los supervisores, se encontraba el objetivo de preservar la estabilidad financiera en un entorno marcado por la incertidumbre, que todavía persiste e impide conocer con claridad cuál será el desenlace de los miles de créditos concedidos a empresas en problemas durante la pandemia.

Los NPL (non performing loans o, lo que es lo mismo, créditos morosos) resultado del naufragio del crédito promotor tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria hace una década han representado siempre una preocupación de los supervisores en relación con la banca española. Aunque es verdad que esta se ha ido liberando de esta pesada losa a través de ventas masivas de créditos a diversos fondos. Una situación que podría tener una réplica, aunque quizás de otro volumen, en el crédito moroso que deje el paso de esta peculiar crisis económica.

Durante los últimos días, desde la patronal bancaria se ha subrayado en varias ocasiones que "no va a haber un tsunami de impagos" y, de hecho, los bancos han relajado considerablemente la dotación de provisiones en los últimos dos trimestres al considerar que ya están suficientemente protegidos. No obstante, sigue presente la incertidumbre en el sector y los supervisores exigen un esfuerzo mayor.

"Riesgo latente"

Como explica a Invertia Carlos Marcos, socio responsable del Sector Bancario en Mazars, existe un "riesgo latente" para el sistema. Se trata de la posible materialización como morosos de una parte de los créditos que han sido concedidos durante la pandemia a empresas en problemas y que a día de hoy están calificados como sanos, pero realmente están anestesiados por las medidas de apoyo gubernamentales y sectoriales, como las moratorias o las carencias, y "cuando vuelvan a la normalidad pueden tener altas tasas de impago".

Una suerte de "bolsa" latente de morosidad que puede "aparecer muy rápidamente", aunque no se liberaría hasta que las medidas de apoyo público finalicen, añade Marcos. No solo se trata del crédito concedido a pymes en problemas, sino también de los préstamos al consumo, que siempre registran ratios de morosidad mayores que el resto de segmentos.

"Contablemente eso no se ve todavía, porque la normativa ha permitido que estén clasificados como sanos", advierte este experto, recordando que tanto el Banco Central Europeo (BCE) como el Banco de España permitieron a la banca que la financiación respaldada con garantías públicas se clasificara como dudosa no morosa.

En el caso de que estos créditos caigan en morosidad, "el incremento de provisiones será mayor. Es un riesgo que ahora mismo en los balances como tal no se ve", añade Marcos.

De materializarse un gran volumen de créditos morosos, esta situación dará probablemente lugar a "una venta masiva de NPL, pero de pymes y crédito al consumo", similar al desagüe a través de grandes ventas de carteras que los bancos han ido realizando en los últimos años para liberarse del crédito promotor moroso que quedó tras la pasada crisis financiera.

"Está previsto, está ideado, cuando se materialice [la morosidad] empezar a vender (...).  No se tiene la bola de cristal, pero lo que puede ocurrir perfectamente es que igual que hace años vendían NPL de préstamos promotores con un colateral de real estate, lo que puede pasar es que empiecen a vender, que se incentive y se incremente el número de ventas, pero [de créditos] de pymes", añade Marcos.

Aumenta la carga de pérdida esperada

De acuerdo con el informe Covid-19: disclosed financial performance of European banks, elaborado por el equipo global de Mazars, en 2020 se multiplicó por 3,5 la carga media de la pérdida esperada (expected credit losses, ECL), es decir, el valor esperado de pérdida por riesgo crediticio, que se calcula a partir de la probabilidad de incumplimiento, el nivel de exposición y la severidad de la pérdida. De hecho, lo hizo por seis tomando como referencia únicamente el primer semestre.

Esta carga aumentó durante 2020 en todos los bancos analizados (26 europeos en total de países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o España, entre los que se encuentran Santander, Caixabank, BBVA y Sabadell), si bien varía entre entidades, como explican desde Mazars. Eso sí, el análisis revela que los bancos con mayor incremento de esta carga no son siempre los que tienen mayor ratio de cobertura.

Desde 2018, la normativa contable internacional exige a las entidades anticiparse a los impagos a los que prevén que tendrán que hacer frente y poner una etiqueta diferente, la de vigilancia especial, a aquellos créditos cuyo riesgo se ha incrementado respecto al momento de la concesión, pero que no han llegado a incurrir en impago.

De esta forma, no solamente prestan atención a la pérdida incurrida (los créditos ya morosos), sino también a la pérdida esperada (los que podrían ser morosos), lo que se traduce en un trabajo de clasificación más exigente que el que existía antes y en una mayor dotación de provisiones. Al cierre del primer trimestre, como contó Invertia, los bancos españoles acumulaban 155.000 millones en créditos clasificados como en vigilancia especial.

El análisis de Mazars refleja que la financiación calificada bajo esa etiqueta creció un 30% el año pasado, al tiempo que se redujo el importe de créditos normales y los morosos se mantuvieron estables. Mientras tanto, desde los supervisores piden a la banca que sea "prudente" a la hora de clasificar los créditos en función a su riesgo.

Renegociaciones de deuda

Con todo, sobre la evolución de la morosidad existe a día de hoy aún mucha incertidumbre, razón por la cual la banca prefirió cerrar las cuentas en el ejercicio 2020 "con prudencia" aunque las provisiones se comieran su beneficio. "Realmente los bancos españoles han sido bastante prudentes", valora el experto de Mazars.

Como medida para dar una solución a los titulares de los conocidos como créditos ICO que ya saben que no van a poder devolverlos al no haber recuperado aún su nivel de ingresos, el Gobierno ideó un mecanismo de renegociaciones de deuda que incluye alargamiento del vencimiento, conversión a préstamos participativos y también quitas. Este instrumento, según Marcos, no se debe utilizar "de forma generalizada", sino que "tiene que analizarse caso a caso" qué solución es mejor.

Este mecanismo servirá para reducir la carga financiera de las empresas más golpeadas por la crisis, pero, a la postre, implicará pérdidas para los bancos y para el Estado. Teniendo en cuenta las previsiones de Hacienda, los bancos españoles podrían afrontar pérdidas de entre 2.500 y 4.300 millones por impagos de los créditos ICO, como contó Invertia.