La Comisión de Ursula von der Leyen ha propuesto este miércoles una revisión de las normas bancarias de la UE cuyo objetivo es reforzar la resistencia de las entidades ante futuras crisis sin asfixiar la recuperación tras la Covid-19. La reforma, cuyo objetivo es completar la aplicación en Europa del acuerdo internacional Basilea III, elevará en 27.000 millones de euros (el 9% de media) los requisitos mínimos de capital para los bancos europeos, según los cálculos de Bruselas. 

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha decidido no aplicar al pie de la letra Basilea III (suscrito por 28 jurisdicciones, entre ellas Reino Unido, Estados Unidos y China), sino adaptarlo a "las características específicas del sector bancario europeo". Entre ellas, el enorme peso de las pymes, el predominio de hipotecas de bajo riesgo o el escaso uso de ratings externos por parte de las compañías. Tres factores diferenciales respecto a la economía norteamericana.

Esta adaptación se traduce en particular en que la UE dará a los bancos dos años extra y largos periodos de transición para cumplir las nuevas normas. En respuesta a la pandemia, el comité de Basilea ya decidió aplazar la entrada en vigor del acuerdo al 1 de enero de 2023. Bruselas propone ahora que las reglas no empiecen a aplicarse hasta el 1 de enero de 2025, con un periodo adicional de introducción progresiva de 5 años.

El Ejecutivo comunitario sostiene que, de no haberse adaptado a las especificidades europeas, el acuerdo de Basilea habría forzado un aumento muy superior (del 18,5% de media en lugar del 9%) en los requisitos de capital de las entidades. Además, destaca que el incremento de capital estará por debajo del 3% al inicio del periodo de transición en 2025.

Pese a ello, las garantías adicionales de Bruselas no han convencido a la patronal europea. La Federación Bancaria Europea, cuya presidenta es Ana Botín, ha pedido a los legisladores "más diálogo para garantizar el crecimiento económico en Europa". "Deben adoptarse soluciones permanentes para mantener los actuales ratios de capital de la banca sin reducir su capacidad de financiar la recuperación económica y la transición digital y sostenible", asegura la patronal en un comunicado.

"Hemos procedido teniendo en cuenta las características específicas del sector bancario de la UE y evitando un aumento significativo de los requisitos de capital. Este paquete hará que los bancos de la UE sean más fuertes y capaces de apoyar la recuperación económica y las transiciones ecológica y digital", sostiene el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis. 

El contenido de la reforma

La principal novedad de las nuevas reglas es que limitarán el uso por parte de los bancos europeos de modelos internos propios a la hora de calcular sus requisitos de capital. Se trata de introducir un "suelo mínimo" de capital, uno de los pilares centrales de la reforma de Basilea III.

Los requisitos de capital calculados con modelos internos no podrán caer por debajo del 72,5% de lo que serían si el banco usara modelos estandarizados. Esta norma está diseñada para evitar cualquier infravaloración de riesgos y reforzar la resistencia de las entidades frente a futuras crisis. "Dado que esto supone una carga para los bancos europeos en particular, planeamos introducir gradualmente este umbral durante un largo período", ha destacado Dombrovskis.

En segundo lugar, la propuesta obligará a los bancos a identificar, divulgar y gestionar sistemáticamente los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Por ejemplo, con test de estrés al cambio climático periódicos tanto por parte de los supervisores como de los bancos.

La reforma da más poderes a los supervisores para que evalúen si el personal directivo de los bancos posee las competencias y los conocimientos necesarios para gestionar un banco. Además, como respuesta al escándalo de Wirecard, los supervisores contarán con mejores instrumentos para supervisar los grupos de tecnología financiera, incluidas las filiales bancarias. 

Finalmente, las nuevas reglas abordan la cuestión del establecimiento de sucursales de bancos de terceros países en la UE. En la actualidad, estas sucursales están sujetas principalmente a la legislación nacional, que está armonizada solo en pequeña medida. La propuesta de Bruselas armoniza las normas de la UE en este ámbito, lo que permitirá a los supervisores gestionar mejor los riesgos relacionados con estas entidades, que han intensificado considerablemente su actividad en Europa en los últimos años.