Las empresas con 'créditos ICO' apenas piden quitas y reestructuraciones tras medio año desde su aprobación

El Gobierno diseñó y aprobó el pasado mes de mayo este código, que introducía los criterios que deben seguir las entidades financieras para dar soluciones alternativas a las empresas en problemas que han recibido créditos con aval del Estado durante los últimos meses. Sin embargo, no han logrado recuperar su nivel de ingresos previo a la pandemia, de forma que tienen dificultades para empezar a devolver los préstamos.

Este documento, al que por el momento se han adherido unas 102 entidades financieras (entre ellas, las más grandes, que han concedido el 98% de la financiación avalada total), fija tres vías de salida para estas empresas: ampliar el vencimiento de su crédito, convertirlo en un préstamo participativo -una medida a caballo entre un préstamo y una inyección de capital- y reducir la deuda tras acordarlo con el banco, es decir, ejecutar una quita.

Pocas peticiones

Pese a la importancia que se dio en este momento a este código, tras seis meses en funcionamiento la banca está recibiendo un nivel mínimo de peticiones, como confirman varias fuentes del sector. Especialmente de quitas, que ya en el Código de Buenas Prácticas se diseñaron como el último recurso.

Con todo, de los tres tipos de alternativas la única que está teniendo algo de interés entre las empresas son los alargamientos del vencimiento del crédito y eso que en algunos bancos las solicitudes de ampliación no llegan ni al 1% del total de préstamos concedidos.

Las otras dos medidas no han tenido ningún éxito, como explican varias fuentes del sector. Al fin y al cabo, pedir una quita no es algo fácil para una empresa, pues al concedérsele una condonación pasaría a ser considerada morosa a ojos del sector financiero, lo que entorpecería su acceso a futura financiación.

José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, en el Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL. Esteban Palazuelos

En cuanto a los préstamos participativos, algunas fuentes interpretan que las pymes, a las que se dirigen estas medidas de apoyo, no estarían muy cómodas accediendo a una alternativa que se tradujera en dar entrada a un banco en su capital que, en última instancia, podría influir en la toma de decisiones empresariales.

Con todo, una parte importante de los receptores de créditos ICO solicitó a su banco la aplicación de carencias, una vía que les permite evitar durante determinado tiempo el pago de las cuotas de devolución del préstamo, pues en ese periodo solamente están obligados a abonar los intereses del crédito. Algo que libera a las empresas de mucha presión, especialmente a aquellas que no han logrado recuperar su nivel de ingresos previo a la pandemia.

En todo caso, este código no hace más que recoger alternativas propias de la operativa diaria de los bancos, que todos los días se ven obligados a renegociar deudas susceptibles de ser impagadas y, en algunas ocasiones, reducirlas o refinanciar créditos, es decir, renegociarlos aunque sea necesario cambiar alguna de sus condiciones.

Por el momento, la banca ha canalizado financiación con aval del Estado por unos 133.345 millones de euros y se han liberado garantías por 101.449 millones (el 72% de los 140.000 millones que puso a disposición el Ejecutivo tanto en el primer momento de la pandemia como meses después. En total, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la banca han gestionado más de un millón de operaciones de empresas en problemas, el 98% a pymes y autónomos.

Plazos ampliados

Con todo, las empresas que recibieron estos créditos ICO tienen aún bastante tiempo para solicitar estas medidas alternativas. Podrán hacerlo, si quieren, una vez venzan sus carencias, cuyo fin pueden pactar con sus bancos.

No en vano, el Gobierno acaba de ampliar los plazos para que las compañías puedan acceder a estas medidas de reestructuración de deuda. Concretamente, podrán solicitar las quitas hasta junio de 2023 (frente al anterior plazo, que expiraba el 1 de diciembre de 2022) y hasta junio de 2022 en el caso de la ampliación del vencimiento y la conversión en préstamos participativos.