Revés judicial para Santander. El juez ha dado la razón a Andrea Orcel, consejero delegado de UniCredit, en su batalla contra la entidad por su fichaje fallido como número dos de Ana Botín en enero de 2019. En consecuencia, la entidad deberá indemnizar al banquero italiano con 68 millones de euros, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia. El banco va a recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid al no estar de acuerdo con la sentencia, según informan a este periódico fuentes de la entidad.

Tras dos años de batalla judicial, el juez ha decidido que el banco debe compensar a Orcel con 17 millones de euros en concepto de bonus de incorporación; 35 millones de euros por asunción de incentivos a largo plazo; 5,8 millones de euros en concepto de dos anualidades del salario, lo que está recogido en la cláusula ‘retribución objetivo anual’ y, por último, 10 millones de euros en concepto de daños morales y reputacionales. A estas cantidades debe sumárseles el interés legal desde la fecha de presentación de la demanda más dos puntos desde la fecha de la sentencia.

Respecto a esto último, el juez titular de Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid apunta que "puede entenderse que la decisión en contra por parte del banco, tomada en fecha de 15 de enero de 2019 [la de la marcha atrás en el fichaje] le produjera una considerable frustración, desasosiego, incertidumbre y un cierto descrédito en el ámbito bancario".

Andrea Orcel, CEO de UniCredit, y Ana Botín, presidenta de Santander, asisten al juicio tras el fichaje fallido del primero.

Lo cierto es que menos de dos años después del fichaje fallido y pese a la batalla judicial que Orcel había abierto contra Santander, UniCredit, uno de los principales bancos de Italia, eligió al banquero como nuevo consejero delegado, un nombramiento que se materializó en abril de este año.

El juez no tiene en cuenta esta circunstancia en relación con la compensación por daños reputacionales, pero sí para concluir que no tiene sentido conceder a Orcel la pretensión de ejecutar el contrato (algo a lo que, en todo caso, había renunciado ya el banquero).

Se rechaza imputar a la cúpula

Por otra parte, y relacionado con el caso, la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado de nuevo la pretensión de Orcel de imputar a todos los miembros del consejo de administración de Santander (Ana Botín -presidenta-, José Antonio Álvarez -consejero delegado-, Bruce Carnegie-Brown -vicepresidente-, Rodrigo Echenique -exvicepresidente-, Homaira Akbari, Ignacio Benjumea, Javier Botín, Álvaro Cardoso de Souza, Sol Daurella, Guillermo de la Dehesa, Carlos Fernández González, Esther Giménez-Salinas i Colomer, Ramiro Mato y Belén Romana -consejeros-) por la supuesta falsedad y manipulación de actas de sesiones del órgano de gestión entre diciembre de 2018 y enero de 2019.

Orcel apuntaba que Roberto di Bernardini y Jaime Pérez Renovales, directivos de Santander (y este último secretario del consejo), le habrían contado "una cosa distinta a lo que aparece reflejado" en relación con su compensación.

La Audiencia ha ratificado la decisión de inadmitir la querella y se niega a reabrir el procedimiento argumentando que "la supuesta discrepancia entre el contenido de las dos actas del consejo de administración y lo realmente acordado no puede calificarse ni siquiera de indicio mínimo por el comentario que un miembro del consejo".

Como se desprende del fallo de la Audiencia, no se señala "dato o indicio alguno que permita deducir que las actas reales fueron manipuladas exclusivamente para aportarlas a aquel juicio declarativo ordinario en el Juzgado de Primera Instancia [el que se cierra con la sentencia conocida hoy] y que esas actas no coincidieran con las reales que obran en los libros de actas del banco".

Fichaje fallido

La incorporación de Orcel como consejero delegado, anunciada en el otoño de 2018 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por Santander, debía producirse en la primavera del año siguiente, si bien el banco decidió dar marcha atrás al fichaje al considerar que el coste era demasiado alto.

No en vano, Orcel era en esos momentos máximo responsable de Inversión de UBS y, al marcharse de la entidad suiza, iba a perder su bonus en diferido generado durante sus años de trabajo. Un bonus millonario que Santander nunca llegó a comprometerse a abonar en su totalidad, según ha defendido el banco a lo largo del juicio.

Andrea Orcel. Reuters Reuters

El proceso giraba en torno a un elemento clave: la carta oferta que Santander remitió a Orcel en el momento de su fichaje. Mientras que el banco siempre ha defendido que en ningún caso se trataba de un contrato, Orcel consideraba lo contrario.

De hecho, en esta misma carta se especificaba que la compensación máxima a Orcel teniendo en cuenta el buyout sería de unos 35 millones de euros, como explicaron los directivos de Santander en el juicio. Es decir, un importe que en todo caso no alcanzaba el bonus total del italiano.

Pedía 76 millones

El banquero demandó a Santander en 2019 y llegó a pedirle una indemnización de 100 millones, una cifra que rebajó hace algunos meses hasta 76 millones tras su fichaje por UniCredit como consejero delegado.

Más concretamente, pedía 17 millones de euros por el bonus de incorporación; 35 millones por la asunción de incentivos a largo plazo (o 30 millones "para evitar un enriquecimiento injusto", matiza); dos anualidades del salario que habría cobrado como consejero delegado, que son "los dos años en que ha estado en el paro" (la demanda inicial solicitaba cinco o tres anualidades)  y, finalmente, 10 millones "por daños morales y reputacionales".