El Gobierno ha aprobado este martes un cambio legal que le permite aumentar su participación en la Sareb por encima del 50%, es decir, tener su control, algo que hasta el momento no era posible, como se fijó en el momento de la creación del banco malo.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al primer paso para la nacionalización de la compañía semipública por el que el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pueda subir su participación en la Sareb, que actualmente es del 45,9%. El resto está en manos de accionistas privados, siendo Santander (22,23%), CaixaBank (12,24%) y Sabadell (6,61%) los principales.

Se trata únicamente de un cambio en la legislación actual que permite al Ejecutivo establecer un cambio en el accionariado y en la gobernanza de la empresa que preside Javier García del Río.

Reclasificación

Esta nacionalización está sobre la mesa desde que el pasado mes de marzo Eurostat, la oficina de estadística europea, obligó al Gobierno español a sumar a la deuda pública 35.000 millones de euros correspondientes al volumen de deuda que aún no se ha amortizado de Sareb. El Ejecutivo no descartaba en el momento extender su plazo de vida, inicialmente fijado en 2027.

Entonces, debido a esta circunstancia, se puso sobre la mesa la posibilidad de que la mayoría del capital fuera propiedad del propio Estado y que salieran del mismo los bancos y las aseguradoras.

"La reclasificación de Sareb como unidad perteneciente al sector de las Administraciones Públicas, así como su situación patrimonial, hacen imprescindible modificar su régimen jurídico para adaptarla a la situación actual. Esta modificación tiene como objetivos adecuar de forma ágil la gobernanza a la nueva realidad contable e institucional", apunta el Ministerio de Asuntos Económicos en un comunicado.

Según el mismo, la Sareb dispondrá de un régimen societario específico con el fin de que pueda mantener "la agilidad necesaria para llevar a cabo su función desinversora, si bien le será de aplicación el régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección". Será supervisada por el Banco de España.

Toda la banca tiene la intención de abandonar el capital cuando sea posible, de acuerdo con fuentes financieras. Para ello será preciso en primer lugar alcanzar un acuerdo entre el Gobierno y los accionistas privados de la Sareb sobre la vía de salida del accionariado. Por el momento, ambas partes han pactado que la banca pueda computarse los créditos fiscales (DTA) correspondientes a las pérdidas que les ha generado su participación en la compañía.