Si una expresión se ha repetido hasta la saciedad en el sector financiero desde que comenzó la pandemia es que la banca, esta vez, no ha sido el problema, sino la solución. Y es que la situación vivida durante los últimos dos años, aunque ha atraído a fantasmas del pasado, dista mucho de la que sufrió el sector hace ahora una década.

El 9 de junio de 2012 está grabado a fuego en la memoria del sistema financiero y de la historia de España. Aquel día el Gobierno, con una prima de riesgo disparada y entre alertas del Fondo Monetario Internacional (FMI), solicitó a sus socios europeos el que sería el rescate bancario, una línea de liquidez por unos 100.000 millones de euros que iría destinada únicamente a recapitalizar el sistema financiero.

Una década después, el balance es positivo para la banca, que ha podido enfrentarse a la llegada de la pandemia, primero, y a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, después, desde una posición de mayor fortaleza. No obstante, el camino no ha sido fácil y ha dejado un reguero de despidos, cierre de oficinas y desapariciones de entidades.

Mayor solvencia

Algo que es indiscutible es la mejora en la solvencia que han experimentado los bancos españoles. Así lo acreditan los diferentes exámenes elaborados por los supervisores, como la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Banco Central Europeo (BCE). Del último de ellos se desprende que la banca española, aunque no lidera las ratios de solvencia, aguantaría en el peor escenario, el de una recesión severa.

El camino hasta llegar a estos resultados no ha sido sencillo. Una de las tareas pendientes que salió a relucir tras la crisis financiera fue la necesidad de idear un mecanismo que limitara las pérdidas públicas en caso de quiebra de los bancos. Y así se hizo.

Algunos supervisores y autoridades nacieron en aquellos años, como el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), integrado en el BCE, que se creó en el otoño de 2012, o la Junta Única de Resolución (JUR), que vio la luz en 2015. Con ella lo hizo el sistema de resolución bancaria, por el que hasta el momento solo ha sido sometido al completo un banco español, Popular, que fue intervenido hace ahora cinco años.

Este sistema ha ido acompañado del mecanismo de bail in, diseñado para que, en caso de quiebra de un banco, sean sus inversores los que pierdan dinero y no los contribuyentes (lo que sería un bail out). Fruto del mismo, las entidades son sometidas regularmente a requerimientos de capital que deben cumplir, que les obligan a capitalizarse constantemente. Es por eso por lo que la solvencia de las entidades no ha hecho más que agrandarse durante la última década.

Rentabilidad

Durante estos diez años, los bancos han logrado apuntalar su rentabilidad, aunque el camino no ha sido nada sencillo. Santander, por ejemplo, tiene ahora una rentabilidad (medida en ROE) del 11,49% a nivel de grupo, mientras que hace diez años era del 8,13%. BBVA, por su parte, ha pasado del 9,9% de entonces al 15,1% consolidado actual.

El transcurso hasta este momento ha estado plagado de dificultades. La principal ha sido el escenario de tipos de interés bajos o, directamente, negativos que ha reinado en la zona euro durante los últimos años y que está a punto de terminar. El precio del dinero subirá, si todo sale como se espera, el próximo 21 de julio por primera vez en once años. Un tiempo durante el que los bancos se han tenido que adaptar a una situación que nunca antes habían vivido.

Y por ello han ido cambiando sus dinámicas comerciales. Si antes de la crisis financiera los depósitos eran un producto estrella para ahorrar con rentabilidad y sin riesgos, ahora están prácticamente desaparecidos de los catálogos (y los que existen lo hacen al calor de la próxima subida de los tipos de interés).

Las hipotecas variables, por su parte, eran las favoritas de los bancos... hasta que el Euríbor empezó a descender y, finalmente, entró en terreno negativo en febrero de 2016. También como avanzadilla de la subida de los tipos, el Euríbor ya está de nuevo en positivo y da tranquilidad a los bancos, que vuelven a dejar de lado a la hipoteca fija, hasta ahora la favorita de entidades y clientes. Así lo demuestran los datos. En marzo de 2012, las hipotecas variables eran el 96,1% del total, mientras que ahora solo son el 27,3%, según datos del INE.

Más grandes

Esta situación de tipos de interés negativos ha obligado a las entidades a buscar nuevas fórmulas para alcanzar rentabilidad más allá de prestar dinero y tomarlo prestado, que es la función básica de la banca.

Y una vía ha sido la consolidación. Bien es cierto que la mayoría de las integraciones que ha vivido el sector durante los últimos años fueron consecuencia casi directa de la crisis financiera, que se llevó por delante prácticamente todo el sistema de las antiguas cajas de ahorro.

Muchas fueron desapareciendo integrándose en otra entidad y esta en otra tras ser intervenidas y requerir de una inyección de dinero público. Las que quedaron se transformaron en bancos de mucho mayor tamaño, aunque sin perder de vista su función social.

El Estado, de hecho, aún es propietario de una porción de una entidad que es, precisamente, una antigua caja de ahorros, CaixaBank. Pero no porque la interviniera hace diez años, sino porque el banco en su forma actual es fruto de la integración de decenas de antiguas cajas. El último banco que ha entrado a formar parte de su balance ha sido Bankia, desaparecida en marzo del pasado año. La crisis financiera dejó un sistema bancario que a día de hoy tiene menos actores (al menos tradicionales), pero mucho más grandes.

Reestructuración de plantilla y oficinas

En esta búsqueda de mayor rentabilidad surgió la necesidad de ser más eficientes. Y, a falta de ingresos por los tipos bajos, la principal consecuencia fue una reestructuración de plantillas y de oficinas, que no solo ha estado marcada por la crisis, sino también por el proceso de digitalización de la banca y la clientela. 

La imagen más que habitual hace diez años de que había prácticamente una sucursal bancaria en cada esquina o varias en una misma calle ha quedado atrás. Las entidades han recortado aproximadamente a la mitad su número de oficinas en la última década, desde las 39.521 que había en marzo de 2012 hasta las poco más de 19.000 actuales. Las sucursales, de hecho, han dejado de ser un canal puramente comercial a convertirse en un centro de asesoramiento.

El número de trabajadores, por su parte, ha caído un 40%. Y una parte muy importante ha abandonado los bancos entre el pasado año y este fruto de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) masivos que han llevado a cabo las entidades tras la llegada de la pandemia.

Estos procesos han tenido mucho que ver con la transformación digital que la banca ha vivido con mayor intensidad durante los últimos años.

Y algo que ha cambiado drásticamente en la última década, aunque desligado de la crisis financiera, ha sido la forma en que los clientes, sobre todo los jóvenes, se relacionan con las entidades: por el móvil y sin pisar la oficina.

Todo lo contrario que el colectivo de los mayores y muchos otros clientes, que siguen prefiriendo la atención presencial. Precisamente en los últimos meses los bancos han tenido que enfrentar críticas por dejar de lado a este colectivo, tras lo que se han puesto manos a la obra para ampliar y mejorar la atención presencial.

Los números del rescate

Pese a todas estas transformaciones, la visión que el sector tiene del rescate es positiva. Sin él, se dice siempre en los foros financieros, la catástrofe habría sido mayor. Solo con estas ayudas públicas se consiguió relajar la prima de riesgo española, recuperar la confianza del país y comenzar a salir del agujero. Y solo con el rescate se pudo proteger a los depositantes de las cajas quebradas, se suele decir en el sector.

Yendo a los números, España recibió 41.333 millones procedentes del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y aún los está devolviendo.

Con datos del Banco de España, desde 2009 las ayudas en forma de apoyo de capital ascendieron a 54.353 millones de euros en fondos públicos aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y 9.745 procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos -dotado por las entidades de crédito-.

De la parte pública, la aportada por el FROB, el supervisor espera que se pueda recuperar menos de un 30% del total. Esto quiere decir que da por perdidos 42.561 millones de euros.