La ministra ha convocado a las patronales AEB (Asociación Española de Banca, que representa los intereses de bancos como Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter), CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros, que hace lo propio con CaixaBank y Unicaja, entre otras) y UNACC (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, donde está asociada Caja Rural), así como al Banco de España y a las principales entidades a nivel individual (Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, según Efe), para mantener un encuentro en el que se va a poner sobre la mesa la nueva fiscalidad a la que el Ejecutivo quiere someter a los bancos, una iniciativa que ha provocado un rechazo unánime de todo el sector.

En esta reunión está previsto que también se traten otros temas, como la inclusión financiera en las zonas rurales, según ha podido saber este periódico. Calviño pondrá sobre la mesa este tema tras haber alcanzado hace meses un acuerdo sobre la atención a los clientes mayores y con discapacidad, algo que la ministra considera "muy positivo". Y lo hará después de que las patronales firmen el próximo miércoles un acuerdo con Correos para facilitar el acceso a efectivo en zonas rurales.

[El Gobierno estudia gravar con un 5% los intereses y las comisiones de la banca]

A la misma, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, no está previsto que acudan representantes del Ministerio de Hacienda, que es el encargado de crear el nuevo impuesto. Fuentes de este departamento explican a este periódico que se está trabajando en varias opciones para el diseño del mismo y que por el momento no hay nada decidido.

Una de estas alternativas es gravar con un 5% los ingresos por intereses y comisiones de los bancos, según informaba Bloomberg el lunes, en lugar de incrementar el tipo del Impuesto de Sociedades. El objetivo, en todo caso, es recaudar unos 1.500 millones al año.

Tomando como referencia las cuentas del ejercicio 2021 y, en concreto, el margen de intereses (unos 17.900 millones) y las comisiones netas (unos 10.600 millones) que obtuvieron las grandes entidades el pasado año, ese 5% representaría más de 1.400 millones de euros, una cifra cercana a la que el Gobierno ya ha anunciado que pretende recaudar anualmente a través de esta vía en 2022 y 2023.

Y hay que tener en cuenta que en los próximos dos años, si no existe una catástrofe macroeconómica, los márgenes de los bancos se verán impulsados por la subida de los tipos de interés.

Tira y afloja

Esta reunión servirá de acercamiento para ambas partes, que han vivido durante los últimos años una relación de continuos altibajos. Si bien el Gobierno y los bancos colaboraron activamente durante la pandemia con la puesta en marcha de una de las herramientas que mejor funcionó para apoyar a las empresas, los créditos ICO, lo cierto es que desde entonces la relación ha tenido sus más y sus menos.

En el momento del desarrollo de la financiación avalada, incluso la vicepresidenta Yolanda Díaz, perteneciente al ala morada del Gobierno, que siempre ha sido crítica con el sector, llegó a reconocer que la banca había "arrimado el hombro". Lo hizo después de que Pedro Sánchez criticara al sector por las "quejas" de pymes y autónomos sobre la concesión de los créditos ICO.

[La compleja ecuación que supondría limitar los sueldos de la banca aun con el 'permiso' del BCE]

Poco duró esta paz, que se vio perturbada apenas un año después por las críticas por parte del Gobierno (no solo de Díaz, sino también de Calviño) sobre los sueldos de los banqueros. Unas retribuciones que llegaron a calificar de "altas", "llamativas" e "inaceptables" al producirse en medio de la puesta en marcha de Expendientes de Regulación de Empleo (ERE) masivos.

El Ejecutivo incluso amagó con limitar estos sueldos, una iniciativa a todas luces compleja que quedó difuminada una vez se cerraron los ERE, al apreciar desde el Gobierno que los bancos habían adoptado una "actitud más positiva" en las negociaciones sobre estos despidos colectivos. Los mismos se cerraron con una sobredemanda del 40%, como contó EL ESPAÑOL-Invertia.

Se inició entonces otro año de paz que, de nuevo, se vio interrumpido por otra polémica, en este caso la de la atención que los bancos dan a los clientes mayores. A raíz de una recogida de firmas abierta en Change.org por Carlos San Juan, un jubilado de 78 años, el sector se vio obligado a tomar medidas para mejorar la atención a los mayores, con iniciativas como ampliar los horarios de caja o crear una figura para que dé soporte a este colectivo dentro de las sucursales.

Calviño presionó públicamente a la banca con este tema, que se zanjó con la firma de un protocolo de buenas prácticas. Y de nuevo surge ahora el conflicto entre ambas partes con el tema del impuesto a la banca.

El fantasma del impuesto a la banca

El anuncio del impuesto no ha sentado nada bien en el sector, que considera que un nuevo gravamen sobre sus beneficios tendrá consecuencias sobre las condiciones de concesión del crédito. También advierten de ello algunos analistas, como los de Goldman Sachs.

"Como el crecimiento continúa desacelerándose en Europa, tales medidas de política pueden endurecer las condiciones del crédito, causando un impacto en la economía real", afirmaban en un reciente informe.

Además, el impuesto ha sido justificado por Sánchez por los "beneficios extraordinarios" que obtendrá la banca con la subida de los tipos de interés, unos ingresos que los bancos consideran que forman parte de su actividad ordinaria, que es conceder crédito con tipos positivos.

Este debate, en todo caso, trae a la actualidad el fantasma del impuesto a la banca que Sánchez ya quiso crear nada más aterrizar en el gobierno. El presidente del Gobierno prometió entonces la puesta en marcha de un nuevo gravamen, una iniciativa que dio muchas vueltas y que finalmente nunca vio la luz.